El fiscal se reafirma: el 'máximo responsable' de la nota sobre el novio de Ayuso fue García Ortiz

El juez instructor de la querella, Francisco José Goyena, asumió esa pretensión. Y hoy la Fiscalía le ha dado la respuesta: "el fiscal general del Estado ha asumido públicamente esa responsabilidad, pues sin su refrendo ese comunicado no habría sido divulgado a los medios de comunicación".

Así lo afirma el Ministerio Público en un escrito en el que insta el archivo del proceso porque -insiste- ni en esa nota hay delito de revelación de secretos ni hay indicios de criminalidad en la conducta de los dos fiscales querellados: la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que redactó la denuncia contra González Amador, Julián Santo.

[Las primeras diligencias del juez de la querella del novio de Ayuso ya apuntan al fiscal general]

"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución", dijo García Ortiz en un acto institucional el pasado 15 de abril. 

“Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, manifestó.

El primer escrito que el fiscal ha presentado tras la admisión a trámite de la querella traslada al juez instructor esa asunción de responsabilidad por parte del fiscal general, al mismo tiempo que critica que Goyena haya acordado acríticamente todas las diligencias solicitadas por el novio de la presidenta del Gobierno madrileño, "sin consignar razonamiento alguno acerca de su necesariedad para el fondo del asunto ni tampoco su pertinencia".

El escrito, firmado por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, al que se ha encomendado la representación del Ministerio Público en este proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), considera improcedentes varias de las diligencias acordadas por Goyena.

Pero su pretensión principal es "el archivo de las presentes actuaciones por carecer de relevancia penal la emisión de la nota de prensa difundida por la Fiscalía en fecha 14 de marzo de 2024".

Su tesis es que en ese comunicado no se reveló ningún dato secreto ni reservado sobre la situación de González Amador, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid por delitos fiscales.

El "entorno de la defensa"

Para la Fiscalía, sí se deben investigar las filtraciones de la denuncia interpuesta contra González Amador y de los correos electrónicos que su defensor intercambió con el fiscal Salto para cerrar el asunto con un acuerdo de conformidad, reconociendo que cometió dos delitos fiscales.

Pero "no existe ningún indicio" de que esas filtraciones procedan de Rodríguez ni de Salto, por lo que Montero sostiene que el proceso penal debe trasladarse a los Juzgados de Madrid, al no jugar ya el fuero penal ante el TSJM que tienen los fiscales.

Argumenta, en este sentido, que ningún dato relativo a la investigación abierta al empresario trascendió mientras el asunto estaba en manos de la Fiscalía y solo fue difundido después de que la denuncia entrara en los Juzgados de Madrid.

"Más bien parece" que las primeras filtraciones procedieron "del entorno de la defensa", asegura la Fiscalía.

Se refiere a la publicación en tres medios (Vozpópuli, El Mundo y Libertad Digital), en la noche del 13 de marzo, de noticias "no solo falsas sino también sesgadas e incompletas", que incurrían en "groseros errores" y que reprodujeron los primeros correos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto.

El primero de esos medios citaba expresamente a “fuentes próximas a la defensa” y todos ellos incluían el titular "falsario" de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. La realidad es que fue la propia defensa de González Amador la que trasladó al fiscal Salto la posibilidad de cerrar el asunto con un pacto al reconocer la comisión de dos delitos fiscales.

"Curiosamente", dice el fiscal, ninguna de esas noticias iniciales son mencionadas en la querella, "ocultándose deliberadamente al órgano jurisdiccional elementos de excepcional importancia para la investigación de los hechos".

Diligencias "improcedentes"

Para el caso de que no se acuerde el archivo, el fiscal impugna varias de las diligencias acordadas por el juez instructor. Entre ellas, que la Fiscalía diga quiénes intervinieron en la redacción de la nota informativa y quiénes accedieron a los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto.

El fiscal explica que "la persona que tiene conocimiento de estos hechos", la fiscal jefa, no puede cumplimentar esa diligencia "al ser parte querellada en el procedimiento y afectarle plenamente a sus derechos como parte formal y causarle indefensión material".

Y "quien haga las funciones de la jefatura puede perfectamente no saber nada de lo que se pregunta por el magistrado instructor en tanto pudiera no haber tenido
conocimiento de los hechos, lo que le obligaría a efectuar una investigación
prospectiva que en ningún caso podría hacer las veces de certificación".