El juez propone juzgar a cuatro jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997

Los procesados son: José Javier Arizcuren Ruiz (alias Kantauri), Ignacio Gracia Arregui, (conocido como Iñaki de Rentería), María Soledad Iparraguirre (Anboto) y Mikel Albisu, alias Mikel Antza.

En un auto de 100 folios fechado este jueves, el magistrado propone juzgar a los cuatro exmiembros de la cúpula etarra por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía al considerar que se dan los requisitos de la "autoría mediata por dominio de la organización", ya que podían haber impedido el asesinato, pero no lo hicieron, lo que evidencia, a ojos de García-Castellón, "una voluntad inequívoca en la producción del resultado".

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Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Seis impone a los cuatro procesados el pago de una fianza solidaria de dos millones de euros con los que hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se les pudieran imponer en caso de condena.

En marzo de 2022, García-Castellón reabrió este caso, tras la querella presentada por la organización de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, presidida por el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA.

La querella señalaba a varios miembros de la cúpula de la banda por, supuestamente, haber ordenado la acción contra el concejal.

En 2006, ya fueron condenados como autores materiales de la muerte de Blanco Francisco Javier García Gaztelu (alias Txapote) y su novia, la también etarra Irantzu Gallastegui Sodupe (conocida como Amaia).

Estructura "militar"

En su resolución, García-Castellón detalla que la estructura de ETA era altamente jerarquizada, vertical y de tipo "militar". El juez llega a esta conclusión con base a los informes que le encargó a la Policía y la Guardia Civil.

Subraya el magistrado que en ETA regía una férrea disciplina, según la cual, acciones como la cometida contra Miguel Ángel Blanco partían de la cúpula, a la que pertenecían los cuatro procesados.

Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Efe

Cada miembro de un comando "obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable directo, porque sabía que detrás de esa orden estaba la dirección de ETA", el llamado comité ejecutivo o zuba.

Era este núcleo el que adoptaba, según el magistrado, las decisiones estratégicas de especial y mayor relevancia que los integrantes de los comandos ejecutaban sin formular objeción.  Añade el juez que, en el caso de que alguno de los integrantes de esos comandos no estuviese de acuerdo con las órdenes o instrucciones recibidas, era reemplazado por otro militante que sí estuviese dispuesto a cumplir con las instrucciones de la estructura dirigente.

Se trata de la primera vez que un juez español procesa a la cúpula de ETA por la vía de la autoría mediata por dominio, que fue la tesis contenida en la querella de Dignidad y Justicia. "No hay prácticamente nada que esa estructura dirigente no controle, impulse o dirija", explica García-Castellón.

Según resume su auto, la finalidad de ETA, hasta su disolución en 2011, se basó en "el uso combinado de la práctica del terrorismo y de la presión social para amedrentar, tanto al Estado español como a aquellos sectores de la sociedad que se oponían a su proyecto político y social".