El TS niega la 'consulta indepe' que pide La Línea: "Incide en la organización territorial del Estado"

El correo electrónico, fechado el 12 de abril de 2022, indicaba que "según conversación telefónica mantenida con esa Dirección General, se traslada oficio del viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, remitiendo expediente de consulta popular del municipio de La Línea de la Concepción, por imposibilidad de remisión electrónica vía SIR [Sistema de Interconexión de Registros de las Administraciones Públicas], debido al peso de los documentos que forman el referido expediente".

Seis meses después, y ante la falta de respuesta del Gobierno, el alcalde de La Línea, Juan Franco, pidió al Ministerio una certificación de la autorización de la consulta por silencio administrativo positivo. El regidor consideró que, al no haber contestado el Consejo de Ministros en el plazo de tres meses, debía entenderse concedida esa autorización.

Ese documento del alcalde es el primero que entró por registro en el Ministerio. Tras tener por iniciado el procedimiento el 16 de septiembre de 2022, el Consejo de Ministros denegó el 25 de octubre siguiente la autorización solicitada para celebrar la consulta.

El Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento de La Línea en que el inicio del procedimiento fue el 12 de abril de 2022, es decir, cuando la Junta de Andalucía envió al Departamento de Isabel Rodríguez el expediente por correo electrónico.

"Resulta significativo que el propio Consejo de Ministros reconozca que 'la solicitud se recibió por correo electrónico' y que 'es práctica habitual' utilizar ese medio. Y que, sin embargo, aduzca que 'no se llegó a presentar de manera oficial, en los términos legales expuestos, es decir, no se produjo presentación alguna en el Registro electrónico correspondiente'", señala la sentencia del alto tribunal.

"Pasividad"

"Lo procedente, cuando llegó el correo electrónico del 12 de abril de 2022, hubiera sido que se le solicitara a la Junta de Andalucía que presentara la documentación en el Registro o remitir directamente a éste la recibida; en ningún caso, la pasividad que adoptó la Administración".

No obstante, el Supremo considera que en este caso no era aplicable el silencio positivo (que hubiera permitido considerar autorizada la consulta local al no haber sido contestada en el plazo de tres meses) porque, aunque con carácter general las solicitudes de autorización de consultas populares se sometan a ese régimen, "no puede suceder así en este caso, en el que media una intervención administrativa preceptiva de la Junta de Andalucía".

El silencio positivo "no puede aplicarse, además, porque la consulta que propone el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción es absolutamente ajena al artículo 71" de la Ley de Bases de Régimen Local, en el que el Consistorio basaba su petición.

Ese precepto establece que, de acuerdo con la legislación estatal y autonómica, "los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local».

La consulta de La Línea "tiene un objetivo que trasciende al carácter local que exige el artículo 71 de la ley y a los intereses especialmente relevantes de los vecinos a que alude este precepto", intereses que deben ser "los que la Corporación municipal puede atender mediante el ejercicio de sus competencias".

Por ello, el tribunal concluye que "es correcta materialmente la denegación de la autorización aunque formalmente haya habido una pasividad injustificada".