El Gobierno alcanza un acuerdo salarial con todas las asociaciones de jueces y fiscales menos la APM

La APM, que ayer fijó su posición en una reunión de la Comisión Permanente, considera "insuficiente e inasumible" una subida media de 447 euros mensuales brutos y así lo ha comunicado en la reunión de la mesa de retribuciones de hoy.

Las demás asociaciones -Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- firmarán el acuerdo con los dos Ministerios el próximo martes.

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La AJMFV, FJI, AF y APIF, que mantenían la huelga para el próximo lunes, la han desconvocado hoy mismo.

Huelga desconvocada

En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones afirman que "la propuesta no es en absoluto satisfactoria, no colma nuestras legítimas reivindicaciones económicas y tampoco atiende a las imprescindibles necesidades de inversión en medios en Justicia que los ciudadanos demandan".

Pero valoran que "por primera vez en veinte años, la mesa de retribuciones va a conducir a un aumento real de nuestras percepciones" y también que "por primera vez desde siempre, se fija un marco estable de relaciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda para dotar de contenido a las futuras reuniones de la mesa, que se fijan con una periodicidad más favorable que la prevista en la ley" (anual en vez de quinquenal).

"Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de los mecanismos internos de decisión de cada asociación y la necesidad de evitar a los ciudadanos y profesionales más daños en una Justicia ya muy maltrecha, las asociaciones firmantes hemos decidido apostar por el diálogo y desconvocar la huelga del día 22", explican.

Añaden que, "sin embargo, no podemos pasar por alto el grave problema de sobrecarga de trabajo que afecta a la Justicia".

En este sentido, consideran que el incremento de 100 plazas de jueces y fiscales prometido por Justicia tanto para 2023 como para 2024 "es netamente insuficiente en el marco de 563 plazas vacantes, los 293 Juzgados de nueva creación solicitados por el Consejo General del Poder Judicial y las jubilaciones que se avecinan".

La Asociación Profesional de la Magistratura ha anunciado consultas internas para definir su posición definitiva, pero la impresión del resto de los negociadores es que no se sumará a la firma del martes, aunque tampoco mantendrá en solitario la convocatoria de huelga.

Leves cambios

Durante la reunión de esta tarde se han concretado algunas pequeñas modificaciones en el texto de la propuesta de Hacienda y Justicia que entregaron a las asociaciones el pasado martes.

Los representantes del Gobierno no se han movido de los 447 euros brutos mensuales y han anunciado que no habrá ninguna otra mejora este año ya que, alegan, no hay dinero.

De hecho, en el acuerdo definitivo se refleja que los grupos de trabajo que se van a constituir para estudiar esas mejoras se reunirán trimestralmente y no cada mes, como figuraba en el documento del martes.

Esos grupos de trabajo analizarán, entre otros aspectos, las retribuciones variables, los complementos por grupos de población, los trienios y las guardias. Estos dos últimos conceptos retributivos se citan en el acuerdo de forma expresa, entre paréntesis.

No se ha incluido ninguna agenda de asuntos ni un calendario de objetivos para cerrar acuerdos. La siguiente reunión de la mesa de retribuciones se prevé para mayo de 2024.

Tampoco se ha aceptado incluir en el acuerdo una referencia al concepto de "independencia económica" de los jueces.

En cambio, Justicia ha aceptado la supresión del párrafo en el que se valoraba elogiosamente la futura puesta en marcha de los tribunales de instancia. El texto eliminado indicaba que "los nuevos tribunales de instancia suponen la completa superación del modelo decimonónico de juzgados unipersonales y completan la transformación de la organización judicial en un servicio moderno y eficiente, dirigido a dar una respuesta rápida, jurídicamente segura y homogénea a los conflictos jurídicos que surgen en la sociedad".

"Dentro de estos tribunales", añadía, "la figura del futuro presidente o presidenta del tribunal de instancia debe estar legalmente dotada de la suficiente fortaleza como para hacer frente a los nuevos retos de la organización. También las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia han de ver fortalecido su papel ejecutivo".