El actual 'dos' de Interior de la Generalitat diseñó el plan de desobediencia civil para boicotear el 155

Así consta en un informe que la Guardia Civil ha enviado recientemente al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, encargado de investigar el caso Volhov.

El informe de la Benemérita constata que Marta Rovira, actual secretaria general de ERC fugada a Ginebra (Suiza), reenvió el 3 de noviembre de 2017 a varios dirigentes independentistas un correo electrónico con directrices para boicotear el artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía catalana. A ella, a su vez, se lo había hecho llegar antes Amorós i March.

Entre las "propuestas de desobediencia" —así se denominan en el mail—, destacan las acciones contra los bancos y otras compañías del Ibex para dañar la economía, el boicot a medios de comunicación contrarios a las tesis soberanistas e incluso directrices para "colapsar" la Administración periférica del Estado en Cataluña y hundir la recaudación de impuestos.

En su informe dirigido al juez, la Guardia Civil identifica como autor de este plan a Oriol Amorós i March, actual secretario general del Departamento de Interior y hombre de confianza del conseller Joan Ignasi Elena i Garcia.

Con anterioridad, Amorós había sido diputado en el Parlament por ERC, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat (entre 2016 y 2020) y secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (2020-2021).

Desde su dirección de correo institucional del Parlament, Marta Rovira remitió estas instrucciones de "desobediencia civil" a Xavier Vendrell (dirigente de ERC y exterrorista de Terra Lliure) y a Sergi Sol i Bros (que ha sido jefe de prensa de ERC y luego jefe de gabinete de Oriol Junqueras, en el Govern de Carles Puigdemont).

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Según apunta la Guardia Civil en su informe, de 75 páginas y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Amorós "consideraba muy importante tener un equipo separado del resto que sólo se dedicase a las movilizaciones y la recogida de fondos".

El documento que Oriol Amorós remitió a Rovira incluye un listado de "propuestas de desobediencia (no priorizadas)", que debían desarrollarse en varios ámbitos.

Por un lado, aboga por la "desobediencia de la comunidad educativa": sugiere "reunir a todos los consejos escolares y adoptar un acuerdo de no acatamiento del mando de autoridad educativa ni ninguna decisión curricular que venga de Madrid".

Además, propone "preparar un escrito tipo para que todos los docentes de la educación pública y concertada lo envíen manifestando que no seguirán ninguna instrucción que pretenda atacar al modelo de escuela inclusiva catalana".

Marta Rovira (ERC) y Carles Puigdemont, en 2017, antes de abandonar España. E.E.

También sugiere acciones de "colapso ciudadano de los servicios de la Administración periférica del Estado" y contra los sectores económicos vinculados al Ibex-35", para dañar la economía.

Por un lado, pide retirar los depósitos de los bancos "con matriz española" y trasladarlos a la denominada banca ética o a la Caja de Ingenieros. Asimismo, aboga por dejar impagados los recibidos de gas, luz y telefonía, y pasar a contratar estos servicios con compañías catalanas.

Del mismo modo, el documento enviado después por Marta Rovira al núcleo duro independentista pide retrasar el pago de impuestos y efectuar una "liquidación masiva" de tributos como el IVA, el IRPF o Sociedades, "con el resultado mínimo positivo, pero erróneo, lo que exigiría inspecciones posteriores de Hacienda", que se vería así desbordada.

Todo ello, con el objetivo último de hacer caer la recaudación de impuestos del Estado en Cataluña.

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La estrategia también propone "no compartir espacios públicos con personal de las fuerzas de ocupación" y que se informe, vía app, de las empresas que han desplazado su sede fuera de Cataluña "para una decisión de consumo libre y consciente".

De hecho, los independentistas expulsaron de sus hoteles a decenas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplazados a Cataluña.

Boicot a medios

Otra de las propuestas del documento es el boicot a los medios de comunicación "contrarios a la democracia en Cataluña", instando a "no consumir sus informaciones" ni "darles clics" si apoyaban editorialmente la aplicación del 155. También plantean hacer lo mismo con "artistas favorables al 155".

Este plan de desobediencia también sugería acciones cotidianas; algunas tan prosaicas como no acudir a los bares o restaurantes que no tengan sintonizados radios o televisiones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. "En caso contrario, informar al propietario de que no volveremos a consumir en ese local", añade el correo, que también sugiere "inundar" de cartas a los directores de periódicos.

Fragmento del informe que la Guardia Civil atribuye a Oriol Amorós.

Otras acciones son más pintorescas, como marcar los billetes de euro con el eslogan Libertad presos políticos, que 100.000 catalanes mandasen cartas a 100.000 "amigos españoles" y constituir "equipos de voluntarios" que analicen diariamente la pluralidad informativa en televisión: "Y salir cada día con los datos del día anterior: en TVE: un 99% unionistas versus un 1% indepes; en TV3 40%-60% y así cada día hasta el 21-D", añade. El 21 de diciembre de 2017 fue la fecha en la que se celebraron las elecciones al Parlament de Cataluña.

El artículo 155 que el Gobierno de Rajoy ordenó aplicar entró en vigor el 27 de octubre de 2017 —casi un mes después del referéndum ilegal de independencia del 1-O— y supuso la destitución de 240 altos cargos e intermedios de la Generalitat.

Su aplicación fue, finalmente, más pacífica de lo esperado: la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de pilotar la operación, presumió luego de que los funcionarios de la Generalitat acataron con una gran diligencia y disciplina las órdenes del Gobierno central, encargado de fiscalizar todos los gastos de la Administración autonómica.

No obstante, los agentes de Policía y Guardia Civil desplazados a Cataluña fueron quienes sufrieron los ataques más virulentos de los independentistas. Fuentes oficiales de la dirección de ERC han asegurado a EL ESPAÑOL que no les "consta" que dicho mensaje fuera enviado por Oriol Amorós o por Marta Rovira, y "mucho menos desde el correo electrónico institucional" de esta última en el Parlament.

Con todo, el su mensaje dirigido al juez del caso Volhov la Guardia Civil atribuye a Oriol Amorós el mensaje original reenviado por Marta Rovira, con directrices para boicotear la aplicación del artículo 155.