Una patera con 60 migrantes, entre ellos menores no acompañados y un bebé nacido en la travesía, desembarcada en el puerto de Arrecife (Lanzarote).
El Supremo anticipa que el Estado deberá pagar 115M a Canarias por los 2.000 menas con derecho a asilo inatendidos
El auto del TS es demoledor con el Gobierno central: "Canarias está supliendo indebidamente al sistema de acogida del Estado, con infracción de la ley y una clara falta de ejercicio de la competencia estatal".
Más información: El TC anula el protocolo de menas de Canarias pero admite la "emergencia" y reclama la "cooperación" del Gobierno.
Magníficas noticias para el Gobierno de Canarias: la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha accedido a las medidas cautelares presentadas por el Ejecutivo de Fernando Clavijo el pasado octubre en relación con menores solicitantes de asilo. Y el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos "en el plazo improrrogable de 10 días".
Así, casi 2.000 menores solicitantes de asilo se restarán del total de los más de 6.000 que en la actualidad tutelan las islas. Y esta decisión judicial en nada afecta al decreto aprobado hace ahora una semana en Consejo de Ministros.
El texto legal, impulsado por Clavijo y el lehendakari Imanol Pradales, fue pactado finalmente con Junts. El polémico decreto favorece a unas comunidades sobre otras en el reparto, y esencialmente prevé la reubicación de 4.400 menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias (4.000) y de Ceuta (400) en otras Comunidades Autónomas.
"Estos 2.000 menores solicitantes de asilo de los que tiene que hacerse cargo el Estado se suman a los beneficiados por el decreto", apuntan fuentes del Gobierno canario. "La buena política trajo la solución de la reubicación y, lamentablemente, los tribunales han tenido que suplir la dejación de funciones del Gobierno del Estado".
El auto y los fondos
El auto, con fecha de este martes 25 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, es taxativo en que "la Comunidad Autónoma de Canarias está supliendo indebidamente al sistema de acogida de protección internacional del Estado", como venía alegando el Gobierno insular desde hace más de un año.
Y establecen los magistrados que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado actuando "con infracción de la ley de asilo y del Real Decreto 220/2022, y una clara falta de ejercicio de la competencia estatal exclusiva en esta materia".
Además, el escrito del Supremo anticipa que el Gobierno de Canarias ganará otro de los recursos que presentó en las mismas fechas ante el Tribunal. En él reclamaba al Estado un total de 115 millones de euros para sufragar "la acogida, tutela y atención" de los menores extranjeros no acompañados (menas) que "se hacinan" actualmente en las islas, en una situación de "emergencia humanitaria".
En octubre, el Gobierno de Clavijo presentó tres recursos. Uno, para defender un protocolo de actuación por el que se negaba a acoger a más menas. Canarias alegaba que la competencia autonómica es la de hacerse cargo de "menores en desamparo", pero que "dado que todos son rescatados en alta mar, están en manos del Estado, no en desamparo".
El segundo, acusaba al Estado de "dejación de funciones" y reclamaba al Gobierno central, al ser ésta "una competencia supraautonómica", que ejerciera "su obligación constitucional" de aplicar el principio de solidaridad.
Tanto en el sentido de activar una vía para la reubicación de una gran parte de sus casi 6.000 menores "en otros territorios del Estado", como en "proveer recursos", financieros y humanos.
El tercero es éste que el Supremo ahora ha atendido, de inicio, aceptando las medidas cautelares. Y en este texto se hace referencia a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el primer acuerdo del Gobierno canario, pero advirtió al Gobierno del Estado de la "emergencia", tal como informó este diario hace un mes.
Es más, el TC y reclamó la "cooperación" del Gobierno de Sánchez, al ser la inmigración "un fenómeno de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende el círculo de sus intereses propios y sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma".
"Dos noticias en una"
Por eso, desde el entorno de Clavijo se da ahora por hecho que el Supremo le dará la razón en su reclamación de 115 millones de euros de fondos del estado. "Hemos gastado más de 160 millones en 2024 de nuestro propio presupuesto, sacándolo de otras partidas", ha lamentado el presidente en varias ocasiones, "y el Estado no ha puesto un euro".
Por eso en el Gobierno insular calificaban el auto conocido este miércoles de dos "magníficas noticias en una".
El punto sexto de los fundamentos jurídicos advierte de que los menores no acompañados solicitantes de asilo "se encuentran a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma recurrente".
El auto advierte de que "no consta a la Sala que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida" que depende del Estado.
Y da la razón en todo al recurso de Canarias al considerar la medida cautelar "imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que se encuentran estos menores".
Al Supremo, de hecho, no le hace falta prueba alguna de las malas condiciones en que están los menas, y califica de "notorio" este hecho, y "abiertamente
incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger".
2.000 menores menos
La medida beneficiará a casi 2.000 menores extranjeros no acompañados actualmente tutelados por el Ejecutivo de las islas. La inmensa mayoría de ellos son chavales procedentes de Mali, un país inmerso en un terrible conflicto armado interno desde el año 2012.
De hecho, alrededor del 56% de los menas llegados a Canarias en la ya larguísima crisis migratoria, comenzada en 2022, lo hicieron procedentes de Mauritania, como país de paso.
Porque de ellos, sólo el 2% son originarios de ese país; el resto son esencialmente malienses. En total, el 30% de los 5.875 menas que aparecen registrados a 28 de febrero en el cuadro de mando de la Consejería de Bienestar Social de Canarias procedían de Mali.
Según revelan fuentes cercanas a Clavijo, en conversación con este periódico, "cuando presentamos el recurso, teníamos contabilizados a 539 chicos y chicas que habían solicitado el asilo o la protección internacional".
Sin embargo, desde entonces, "cuando le pusimos orden al caos de los 86 centros de acogida, hay ya otros 1.450 menores que han solicitado el asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo".
Y a todos ellos afecta la medida cautelar decretada por el Supremo. "En la actual situación, este sistema estatal de acogida, al que estos menores tienen pleno derecho, no consta que haya sido puesto a su disposición".
Según establece el auto, "junto a los menores no acompañados solicitantes de asilo, se encuentran otros que han manifestado su voluntad de solicitarlo", advierte el Supremo, acogiendo en todo los argumentos del Gobierno de Canarias. "Por ello, [debe] extenderse la protección del Estado a todos los menores que han manifestado
su voluntad de solicitar su protección internacional".
