Yolanda Díaz, la pasada semana en un encuentro con la Asociación Nacional del Taxi en el Ministerio de Trabajo Europa Press
Yolanda Díaz negocia de forma telemática con Puigdemont y confía aprobar la reducción de jornada en abril con su apoyo
Moncloa ha ordenado a los ministros que limiten al máximo las iniciativas que tengan que pasar por el Parlamento, si no tienen una cierta garantía de salir adelante.
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“Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso de un poder legislativo”, dijo Pedro Sánchez el pasado mes de septiembre ante el Comité Federal del PSOE.
Aquella frase se interpretó como un error o como una amenaza al Parlamento. Finalmente, se ha visto que en realidad es la hoja de ruta del Gobierno para llegar a 2027: Moncloa ha ordenado a los ministros que limiten al máximo las iniciativas que tengan que pasar por el Parlamento, si no tienen una cierta garantía de salir adelante.
Así se hace y, de hecho, hay ministros que en privado lamentan tener frenados proyectos de ley que consideran vitales, o sobre los que habían depositado grandes esperanzas para su gestión.
Y así ocurre también con una norma tan fundamental como los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez ni siquiera someterá al Parlamento para no perder la votación.
“No se van a atrever porque palman", aseguró gráficamente este jueves el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, al ser preguntado si el Gobierno va a presentar las cuentas de 2025.
Esa imposibilidad de aprobar los Presupuestos provoca también disgusto en algunos ministros que ven limitada su gestión, por más que el mensaje oficial sea ensalzar los que se aprobaron en 2022.
Esta situación se vio en el pleno del Congreso del jueves, que fue la enésima constatación de la debilidad parlamentaria de Sánchez, con votaciones inesperadas, un proyecto de ley rechazado, una vicepresidenta votando a favor de la salida de la OTAN y un enfado con el PSOE compartido por el PP y Junts.
Por eso, Sánchez no quiere más sobresaltos y pretende que la política se haga fuera del Congreso. Al menos, la que exige votaciones. Por eso, se descarta la posibilidad de que se vote en el Congreso el aumento de gasto militar, la contribución al rearme de Europa.
En ese ambiente, hay tres votaciones futuras complicadas que tendrán incidencia en la estabilidad de la legislatura: la reducción de la jornada laboral, la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña y la proposición de ley referida a la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
En las tres juega un papel importante Sumar, en dos de ellas es vital la posición de Junts y en todas el PSOE se mantiene al margen de la negociación por diferentes motivos.
La reducción de la jornada laboral, la gran apuesta de Yolanda Díaz, está pendiente de su segunda lectura en el Consejo de Ministros para ser enviada al Congreso. Tiene el apoyo de todos los socios parlamentarios del Gobierno salvo Junts, que por el momento se opone, en línea con las patronales.
Para que salga adelante, la vicepresidenta segunda negocia directamente con Carles Puigdemont, por vía telemática según fuentes de Junts y del Gobierno. Los últimos mensajes escritos del expresident de la Generalitat a Díaz muestran un cierto avance, aunque por el momento insuficiente, al menos, para que se permita la tramitación del proyecto de ley.
Pese a todo, el equipo de Díaz espera poder llevar al Consejo de Ministros el proyecto de ley durante el mes de abril. Si, por el contrario, no hay acuerdo, quedará frenada en el seno del Gobierno.
En este caso, el PSOE, incluidos los interlocutores habituales con Junts —es decir, José Luís Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán— se mantienen al margen de la negociación. Díaz la lleva personalmente.
Respecto a la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, el escollo es el voto de los diputados de Podemos, imprescindible para que la proposición de ley salga adelante. Los de Ione Belarra han encontrado xenofobia en esa norma y no es fácil que cambien de posición.
También en este caso, el PSOE se ha desentendido de la negociación, al menos por el momento. Y Junts tiene pésimas relaciones con Podemos, como para intentar convencerles para que den un giro tan radical. También hay diputados de Sumar que han anunciado su voto en contra.
Fuentes socialistas dan mal pronóstico a esa iniciativa pactada con Puigdemont y, aunque no descartan entrar en el último momento en conversaciones con el líder de Junts sobre este asunto, temen que decaiga.
El temor, según explican, es que si la norma pactada por PSOE y Junts no sale adelante, los de Puigdemont tomen represalias en forma de votaciones clave que dañen al Gobierno. El ejemplo es lo que ocurrió el jueves, cuando Junts no tuvo reparos en dejar caer el proyecto de ley que creaba la Agencia de Salud Pública, sólo por vengarse con el PSOE por haber vetado enmiendas a otra ley. La ministra de Sanidad, Mónica García, pagó de forma inesperada por el enfado de Junts.
Y esa venganza de Junts puede afectar a normas clave como la de reducción de jornada o algunas sobre la Justicia.
La tercera norma en duda es la proposición de ley de Sumar para que el Salario Mínimo no pague IRPF. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la vetará por afectar al Presupuesto y Yolanda Díaz pretende levantar ese veto en la Mesa del Congreso con apoyo del PP.
Si lo lograra, aún tendría que iniciar la tramitación parlamentaria. Y, si se aprobara, supondría el mayor choque dentro del Gobierno de coalición. Sería una desautorización de la número dos del PSOE y del Gobierno por parte del socio minoritario de la coalición.
Fuentes socialistas explican que la batalla continuará, que Montero no se dará por vencida y que no puede permitir esa derrota. De hecho, fuentes de Sumar aseguran que cuando han intentado negociar con ella sobre este asunto, siempre han escuchado de sus labios la contundente expresión: “Por encima de mi cadáver”.
Queda en el aire, como esencial para el Gobierno, la ley que busca limitar la acusación popular, entre otras reformas que afectan a la Justicia. El texto elaborado por Félix Bolaños está pendiente del primer trámite en el Congreso y Moncloa da por hecho que tendrá que renunciar a una parte del texto, pero confía en la negociación.
