De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Ángel de la Fuente (Fedea), Andrea Gónzalez Henry (Consejo General de la Juventud), Ángel Martínez (COAPI), Begoña Alfaro (consejera de Vivienda de Navarra), Benigno Blanco (exsecretario de Estado), Carlos Bravo (CCOO), Denis Itxaso (consejero de Vivienda del País Vasco), Jorge Ginés (Asprima), Gema Gallardo (Provivienda), José María Alfaro (FAI), Julio Gómez-Pomar (exsecretario de Estado), Miguel Gómez Huesca (Fadei), Valentín Pich (Consejo General de Economistas), Xavier Vilajoana (APCE), Pedro Fernández Alén (CNC), Raymond Torres (Funcas).
Exsecretarios de Estado, el BdE, patronales, economistas y jóvenes, al unísono: "Urge un pacto de Estado en vivienda"
Más de una veintena de agentes, de diferente ideología, piden aparcar las diferencias y aprobar una política pública que trascienda los intereses partidistas.
Más información: Por un pacto de Estado sobre vivienda entre el Gobierno y el PP
La vivienda es el problema que más preocupa a los españoles. Lo dice la última encuesta del CIS, recién publicada este viernes, y lo confirman todas las señales. El Banco de España alerta de que faltan al menos 600.000 pisos, la compra se encareció un 8% el último trimestre, el alquiler otro 14% el pasado año… Por citar sólo los últimos datos.
La percepción generalizada es que el mercado cada vez es más salvaje y que los ciudadanos, sobre todo los jóvenes y los que cuentan con unas rentas más bajas, no pueden hacer frente a él. Ni siquiera el Gobierno, acostumbrado a presumir de buenos datos económicos, es capaz de vislumbrar en este terreno un mínimo de luz.
De ahí que los dos principales partidos, PP y PSOE, hayan presentado en menos de 24 horas sus planes en materia de vivienda. Saben que es el tema del momento, lo que de verdad preocupa a la gente alejada de las polémicas mediáticas, y que es una de las políticas por las que se pedirán cuentas al final de la legislatura.
Los expertos han calificado el programa del PSOE como más "intervencionista", ya que aboga por bonificaciones fiscales para los propietarios que pongan pisos en alquiler a precios más bajos o por prohibir la compra a extracomunitarios que no residan en España.
Mientras, al plan del PP le han puesto la etiqueta de "liberal" o "desregulatorio", por su apuesta por construir más en suelo público, poner un mayor número de viviendas en el mercado o rebajar impuestos para quienes compren una casa.
Incluso en la forma, contraprogramándose unos a otros, se aprecia el enfrentamiento arraigado en la vida política. Pero, más allá de las diferencias, también hay similitudes en el diagnóstico e incluso en algunas recetas entre ambos partidos. Por ejemplo, en la necesidad de poner a disposición más pisos públicos, dar garantías a los propietarios que alquilan sus casas o en reformar la Ley del Suelo.
Por eso, son muchas las voces que piden aparcar las discrepancias y alcanzar un pacto de Estado en una cuestión capital para la sociedad española. Un tema que afecta a todos los votantes, de forma transversal, y en el que se pueden encontrar elementos de consenso.
EL ESPAÑOL ha consultado a más de una veintena de organismos y personalidades. Una amalgama que abarca desde políticos, asociaciones, sindicatos, patronales, colectivos de jóvenes, economistas, entidades financieras o colegios profesionales de toda ideología y condición que comparten una misma idea: urge un pacto de Estado al margen de la confrontación.
Políticos
La propia ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido una "tregua" para alcanzar un "pacto de Estado" en esta materia. Pero siempre es más fácil pedir consensos desde el Gobierno y, además, ni siquiera el Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios para sacar adelante cinco de las 12 medidas de su plan que necesitan ser aprobadas en el Congreso.
Después de diferentes reformas orgánicas, las competencias en vivienda adquirieron rango de secretaría de Estado en el 2000, integrándose en la Secretaría de Estado de Infraestructuras. Su titular fue el popular Benigno Blanco.
Blanco responde a EL ESPAÑOL que "desde luego, un pacto de Estado sería muy conveniente en una materia que implica actuaciones a largo plazo y de todas las Administraciones (la general del Estado, la de las comunidades y las municipales)". Pero asegura que para ello es necesaria la colaboración y en el clima político actual no lo ve "factible".
El exsecretario de Estado incide en la falta de viviendas a un precio asequible, aunque no cree acertado intervenir el mercado, sino "liberar y habilitar suelo apto para urbanizar a toda prisa". Es decir, recomienda aplicar la receta del PP.
Con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno se creó el Ministerio de Vivienda, aunque después Mariano Rajoy devolvió estas competencias a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.
Julio Gómez-Pomar, exsecretario de Estado de Infraestructuras.
El experto en movilidad Julio Gómez-Pomar ocupó el cargo entre 2014 y 2018. Señala que el hecho de que las competencias en urbanismo estén transferidas a entes regionales y locales convierte la vivienda en un tema en el que, "por definición, o se ponen todos de acuerdo o no sirve de nada actuar". Y subraya que los socios del Gobierno "complican los acuerdos al tener posturas más radicales".
Además de recomendar "facilidades para construir", Gómez-Pomar cree que la política de protección al arrendatario para que ponga su casa en alquiler está "mal enfocada". "En lugar de bonificar a los propietarios habría que dar ayudas a los inquilinos que tienen dificultades para poder pagar", defiende.
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Entre los gobiernos autonómicos actuales que no están gobernados por PP o PSOE, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del País Vasco, Denis Itxaso, también se suma a este "pacto social por la vivienda". Entre sus propuestas, destaca que los ayuntamientos reserven un 40% del suelo urbano para vivienda protegida y más apuesta por el alquiler.
No obstante, pese a que el Gobierno vasco esté presidido por el PNV, Itxaso pertenece al Partido Socialista.
Begoña Alfaro, consejera de Vivienda de Navarra.
El PSOE preside la Comunidad de Navarra, pero la Consejería de Vivienda está en manos de la dirigente de Podemos Begoña Alfaro, integrada en la coalición Contigo-Zurekin. Alfaro apuesta por un "pacto de Estado, pero no sólo entre los dos grandes partidos, sino entre todos ellos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las entidades sociales y todos los operadores que intervienen en el sector".
Alfaro defiende que "las políticas de vivienda deben ir hacia una intervención y regulación pública para corregir los desmanes cometidos en los últimos lustros, cuando han campado a sus anchas la especulación y el negocio rápido".
Patronales y sindicatos
Desde la CEOE no hablan de pacto de Estado, pero sí llaman "a todas las partes a que se pongan de acuerdo, a través de un diálogo amplio y sosegado". "En un contexto de falta de pisos, las medidas intervencionistas pueden ser contraproducentes porque retraen la oferta", señalan fuentes de la patronal a este diario.
Aún así, desde la CEOE se remiten a las patronales sectoriales. Y desde ellas sí son más explícitos. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, considera que "Gobierno y oposición deben atender a los problemas de los ciudadanos, no a los suyos propios".
Pide "desbloquear la Ley del Suelo" y "liberar suelo edificable".
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Xavier Vilajoana, reclama "un pacto de Estado con medidas dirigidas a mejorar el acceso y acabar con el déficit estructural de viviendas en relación con la creación de hogares: en España se necesitan unas 250.000 viviendas nuevas anuales y estamos construyendo alrededor de 100.000".
Además, defiende rebajas impositivas para la compra. El plan del PP incluye una bajada del IVA del 10% al 4% en la compra de vivienda nueva, y del Impuesto de Transmisiones para la de segunda mano por parte de los jóvenes.
Mientras, Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la patronal inmobiliaria Fadei, recalca que las "medidas de un solo partido no son suficientes". El plan presentado por el presidente, Pedro Sánchez, incluye propuestas "buenas y otras bienintencionadas pero de difícil realización. Por eso necesitamos la unión de todas las fuerzas políticas", reclama.
Por parte de los sindicatos, el secretario de Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, cree que las políticas en esta materia "deben cambiar y orientarse a garantizar un derecho efectivo de acceso a una vivienda y no la de considerar esta, preferentemente, como un bien de inversión".
Para ello pide "constituir un parque público de vivienda asequible", que se debería formalizar con un "pacto de Estado con mayorías políticas amplias, sólidas y estables".
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Banca
Al igual que sucede con la CEOE, desde el Banco de España (BdE) no utilizan la expresión "pacto de Estado", más propia del debate político”, pero sí recomiendan "involucrar a las distintas Administraciones públicas con responsabilidades en materia de vivienda, de forma coordinada y en colaboración con la iniciativa privada".
En su último informe anual, el BdE propone impulsar la oferta de alquiler social, promover la profesionalización del mercado del alquiler, reforzar la seguridad jurídica para los propietarios, impulsar la rehabilitación o cesión de viviendas y revisar los impuestos que se pagan por las casas.
También en los informes de CaixaBank, piden "adoptar un conjunto de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más afectados (jóvenes, inmigrantes y hogares en los quintiles de renta más bajos) y en las zonas geográficas con mayor problemática (grandes ciudades, sus zonas de influencia, y zonas turísticas)".
Jóvenes y colectivos por la vivienda
Uno de los sectores más afectados por la dificultad para acceder a una vivienda es el de los jóvenes. En este sentido, la presidenta del Consejo de la Juventud de España (CJE), Andrea González Henry, reclama "con urgencia un pacto de Estado" porque "esta crisis trasciende lo económico" y "perpetúa desigualdades sociales y económicas" con el resto de la sociedad.
Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España.
El CJE alerta en su último observatorio que sólo el 14,8% de los jóvenes han podido abandonar el hogar familiar para formar uno propio. Y pide aumentar el parque público de alquiler, regular estos precios o revisar la normativa sobre vivienda turística.
También desde el colectivo Provivienda, su directora general, Gema Gallardo, advierte de que hay "consenso en el diagnóstico y en una buena parte de las soluciones", por lo que reclama que estas medidas "se pongan por encima de las diferencias políticas".
En su análisis, miran a Europa para remarcar que estas actuaciones no deben estar orientadas al lucro y recomiendan añadir una "perspectiva ambiental" en la construcción o rehabilitación de viviendas.
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Economistas
Entre los economistas, el consenso es casi unánime a la hora de pedir un acuerdo en esta materia entre los dos grandes partidos con posibilidad de gobernar. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, reconoce que no existe una "solución total" a este problema, pero reclama "mayor facilidad tributaria y una política más contundente de alquiler público" para aumentar el parque de vivienda actual.
El director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, afirma que "sería casi imposible desatascar el cuello de botella del mercado de vivienda, que se sitúa del lado de la escasez de oferta, sin el concurso de todas las Administraciones y del propio sector. Un consenso, o pacto de Estado, sería la mejor manera de lograrlo".
Afirma que "una reforma de la Ley del Suelo es imprescindible para mejorar la seguridad jurídica y reducir las trabas administrativas que entorpecen la construcción" y defiende que habría que "limitar la posibilidad de desclasificar VPO" para que estos pisos no puedan ser después vendidos a un precio más alto.
El director de Fedea, Ángel de la Fuente, sostiene que ante las dificultades políticas para llegar a acuerdos, sí es factible al menos "facilitar una serie de medidas sobre las que sí parece que puede haber acuerdo, incluyendo una reforma de la Ley del Suelo para evitar paralizar la construcción por cuestiones menores relacionadas con los planes urbanísticos y similares, el ofrecimiento de garantías a los propietarios que alquilan frente a inquilinos morosos y el impulso a la construcción de vivienda protegida".
Mientras, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, alerta de que este problema "afecta a todas las grandes ciudades del mundo, es estructural y no puede resolverse en una, dos o tres legislaturas, sino que hay que poner la vista en los próximos 20 o 30 años". Defiende un pacto "aislado de ideologías y medidas populistas", basado en poner más suelo en el mercado para incrementar la oferta.
Vista de varios bloques de viviendas en construcción, en una imagen de archivo. Efe
Sector inmobiliario
El presidente del Consejo Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en España (COAPI), Ángel Martínez León, apuesta por un "plan estratégico a 15 o 20 años", que debe basarse en dos ejes: la vivienda social y la vivienda protegida. El primero para personas con mayores dificultades económicas y el segundo, basado en incentivos fiscales, para facilitar que puedan acceder a ella jóvenes y otros colectivos vulnerables.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, reivindica "un plan de emergencia para la Vivienda, lo que sería metafóricamente un plan marshall de la vivienda", basado en la protección ante impagos, ayudas a la generación de oferta o la colaboración público-privada.
Y eso sólo se puede conseguir, según él, con un pacto que "blinde las políticas de vivienda más allá de intereses o ideologías partidistas".
El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Jorge Ginés, lamenta que ellos han "reclamado siempre ese pacto social" y que no existen actualmente "políticas de vivienda, sino que la vivienda se ha convertido en política". Para revertirlo, reclaman atraer inversión hacia la vivienda protegida o la concesión de avales públicos para que los jóvenes puedan ampliar su hipoteca hasta el 100% del precio final.
Mientras que el secretario general de la patronal de las reformas Andimac, Sebastián Molinero, también reivindica ese "pacto de Estado", al tiempo que valora positivamente el programa de rehabilitación de viviendas vacías incluido por el Gobierno en su plan.
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Otros colectivos
Tradicionalmente, otros colectivos relacionados con el sector también han participado en este debate. Por ejemplo, Ignacio Gomá, notario del Colegio Notarial de Madrid, cree que "el problema está en la oferta, no en la demanda, lo tienen los jóvenes y los inmigrantes que viven de alquiler y en ciudades con gran actividad económica y turística". Por tanto, "no hay que incentivar la demanda con deducciones o facilidades que agraven el problema".
Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, recomienda "realizar una fuerte inversión en vivienda social para revertir la situación actual, ya que tenemos un índice de un 2,5% de vivienda pública, muy por debajo de la media europea en este ámbito".
Señala que la última ley sobre el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno en 2023 "no ha contribuido a solucionar el problema de la vivienda, sino que ha generado más inseguridad jurídica" y sostiene que "es urgente y necesario un pacto de Estado" en esta cuestión.
Es la reclamación de todos estos actores involucrados, y otros muchos, que piden una política que trascienda ésta y las próximas legislaturas. El acceso a la vivienda sufre un cambio histórico, producido por nuevos factores demográficos y un modelo económico mucho más global, que requiere modificar las políticas inspiradas en soluciones de décadas pasadas.
Lo curioso es que la mayor parte de las fuentes consultadas aportan ideas que ya están planteadas en los programas de uno u otro partido. Toca, piden todos estos agentes sociales, quedarse con las posturas coincidentes y sacar adelante una política pública inspirada en lo que une a las grandes corrientes.
