Bruselas descarta publicar su veredicto sobre la Ley de Amnistía antes del 9-J: "No sería prudente"

Tras una tramitación larga y tortuosa, esta ley de olvido penal -pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont a cambio de su apoyo en la investidura- llega a la línea de meta el próximo jueves 30 de mayo. Será entonces cuando, en el pleno del Congreso, el PSOE y sus socios de investidura levanten el veto que puso el PP a la norma en el Senado, apenas 10 días antes de las elecciones europeas. 

Pero Bruselas explica ahora que su respuesta a la Ley de Amnistía "no será inmediata". El argumento oficial es que todavía necesita tiempo para completar su análisis del texto final que salga este jueves del Congreso, aunque lo cierto es que no se ha modificado ni una coma de la versión que se aprobó el 14 de marzo. 

[La Ley de Amnistía se aprobará el 30 de mayo en el Congreso, 10 días antes de las elecciones europeas]

Pero la verdadera razón es que el Ejecutivo comunitario, que debe actuar como un árbitro imparcial, no quiere interferir de ninguna forma en la campaña de cara al 9-J. Conoce perfectamente la controversia que ha suscitado la Ley de Amnistía desde el principio y sabe que su dictamen sería utilizado como munición electoral por todas las partes. "No sería prudente pronunciarse antes de las europeas", explican fuentes comunitarias.

¿Cuándo estará entonces lista la evaluación de Bruselas? De momento, la única fecha marcada en el calendario es el próximo 3 de julio, cuando está previsto que la Comisión publique su informe anual sobre la situación del Estado de derecho en España y el resto de Estados miembros. Sin embargo, las fuentes consultadas descartan que el análisis de la Ley de Amnistía sea sólo un capítulo de este informe y sugieren que habrá un dictamen aparte, que podría llegar antes.

Desde que el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, se tomó una excedencia para hacer campaña por el Consejo de Europa, la responsabilidad directa de la evaluación de la Ley de Amnistía ha recaído en manos de la checa Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión responsable de Estado de derecho y que también pertenece a la familia liberal.

En una comparecencia ante el comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara el pasado 15 de febrero, Jourová admitió que la Ley de Amnistía "ha creado muchas preocupaciones en todas partes", pero a la vez se esforzó por acotar cuál es exactamente la responsabilidad de la Comisión Europea en este caso.

"Examinaremos la Ley de Amnistía y veremos si hay una vulneración del derecho comunitario. Si no es así, corresponde entonces a las autoridades nacionales y al Tribunal Constitucional decir si es constitucional o no", explicó. En su comparecencia, la vicepresidenta enfatizó que el Ejecutivo comunitario no puede sustituir al Constitucional y no tiene otra alternativa que confiar en las instituciones democráticas de los Estados miembros.

El análisis de Bruselas se concentrará en determinar si la norma de olvido penal se ajusta a los valores fundamentales recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE. La Comisión también examinará si es confirme a la legislación penal de la UE en materia de terrorismo, corrupción y protección de los intereses financieros de la UE, según ha explicado Julien Mousnier, director responsable de Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales.

En su veredicto, el Ejecutivo comunitario tendrá en cuenta además el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía del pasado 2 de marzo, desveló el propio Mousnier. En una comparecencia ante la Eurocámara, la vicepresidenta de la Comisión de Venecia, Marta Cartabia, trasladó su "inquietud" por el hecho de que la norma cubra los delitos de terrorismo y corrupción y recomendó "reducir y definir de forma más precisa" su ámbito de aplicación.

Si constata que hay alguna infracción del derecho comunitario, la Comisión Europea tendría que abrir un expediente sancionador contra España, tal y como le reclamó ya en marzo el exlíder de Ciudadanos y número 10 en las listas del PP, Adrián Vázquez. En ese caso, Bruselas exigiría al Gobierno de Sánchez una modificación de la Ley y podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La norma de olvido penal acabará en cualquier caso ante el TJUE por las cuestiones prejudiciales de los jueces responsables de aplicarla. En ese caso, el excomisario Reynders ya avisó de que su aplicación debe paralizarse hasta que haya sentencia final en Luxemburgo, que en todo caso tardará meses.

Bruselas inició su investigación sobre la Ley de Amnistía con una carta remitida por Reynders al Gobierno de Sánchez el 8 de noviembre de 2023 (incluso antes de que se conociera el texto de la norma) en la que se hacía eco de las "graves preocupaciones" que suscitaba esta iniciativa y reclamaba "información detallada" sobre su alcance. Desde entonces, la Comisión ha planteado sus interrogantes en contactos con el Gobierno a nivel político y técnico y ha seguido de cerca la tramitación parlamentaria del texto.