Junts y PNV se alían para forzar al PSOE a que la amnistía incluya todo el terrorismo y la traición

La presión para los socialistas aumenta, pues. Porque los nacionalistas vascos han sumado fuerzas con los independentistas catalanes, acordando una enmienda transaccional que, en esencia, es la misma que provocó el descalabro de la ley en el pleno del pasado 30 de enero.

El no de los siete diputados de Junts se sustanció al ser rechazado de plano por Pedro Sánchez que la amnistía incluyera "todo el terrorismo" y los delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado.

Lo que proponía el partido del expresident fugado en Waterloo era, directamente, borrar dos párrafos del artículo 2, el que describe los hechos que quedan excluidos de la amnistía.

El primero, el que había apoyado Junts para pasar de amnistiar los delitos de terrorismo, salvo si había recaído en ellos "sentencia firme", a aquéllos que no atentaran "intencionalmente" contra los derechos humanos. El segundo párrafo eliminado en el texto del partido de derecha independentista era el que excluía los delitos de alta traición.

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Lo mismo ocurre en la enmienda transaccional acordada entre los negociadores de Puigdemont y Ortuzar, tal como se puede leer en el documento al que ha accedido, en exclusiva, este diario.

De hecho, el terrorismo desaparece, y se le puede llamar transaccional a la enmienda sólo porque ahora también la firma el PNV, añadiendo un detalle sin importancia: donde ponía "en el Título XXIV del Código Penal", ahora pone "en el Título XXIV del Libro II del Código Penal".

En todo lo demás, es exactamente la misma enmienda 29 del Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya.

Porque en los actos de traición, se incluyen como amnistiables los delitos del Capítulo II: precisamente, los que comprometen la paz o la independencia del Estado, que incluyen el artículo 592, donde encajarían las investigaciones del juez Joaquín Aguirre en el caso Volhov, según los expertos juristas consultados.

Opción PNV, opción ERC

Desde el inicio de la tramitación de la ley, fuentes del entorno del expresident huido transmitieron al PSOE que ése era el cambio "más importante" que reclamaban para apoyar la ley. Y mantuvieron su órdago en la votación del texto final, rechazándolo al no ver colmadas sus críticas exigencias.

Ahora, con este acuerdo cerrado con el PNV, Junts redobla la presión a los socialistas. Porque el PSOE no puede proponer cambios nuevos en la Comisión, según el Reglamento del Congreso.

Sólo podrían plantear modificaciones puntuales a esa enmienda conjunta. Y éstas tienen que ser aceptables, a la vez, para nacionalistas vascos y separatistas catalanes. Pero el hecho de que el PNV se haya sumado sin remilgos a la posición de Junts no augura, según las fuentes consultadas, ninguna facilidad en la negociación.

Todos los partidos que apoyan la amnistía presentaron enmiendas pactadas, menos Junts. Los de Puigdemont eligieron ir por libre "para tener más fuerza en la negociación". Y a fe que la han ejercido hasta el final. En todo caso, también sigue viva otra enmienda al mismo artículo 2, transaccionada, en este caso, con ERC.

En ella, se mantiene casi toda la redacción sobre los delitos de terrorismo pactada por los republicanos con el PSOE en la ponencia, pero sin la palabra terrorismo. Y se mantienen, en este caso, como exlcuidos de la amnistía todos los delitos de traición.

"La pactada con el PNV es un diez sobre diez... y ésta es un cinco", explica una fuente de la dirección de Junts. "La diferencia entre un excelente y un aprobado", añade, sugiriendo que el partido de Puigdemont se guarda esa carta como opción de mínimos.

La cortina gallega

La polémica Ley de Amnistía, entretanto, se mantuvo en un segundo plano desde el inicio de la campaña del 18-F hasta el pasado fin de semana, cuando varios medios publicaron unas supuestas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo a propósito del sondeo del PP a Junts el pasado verano, tras ser designado candidato por el Rey Felipe VI.

La noticia de que habría "contactos informales" con el partido de Puigdemont, ya la publicó este diario el 23 de agosto.

Y aunque aquello provocó una revuelta interna en el Partido Popular, efectivamente se produjo la reunión: el 14 de septiembre, EL ESPAÑOL revelaba que el interlocutor del PP con Junts había sido un concejal del partido en Barcelona. Y que como la formación "pedía barbaridades" que él mismo transmitió a Génova "no hubo más que hablar".

Desde entonces, no ha habido más acercamientos entre los dos partidos. Así lo confirman fuentes de la dirección del PP y de la de Junts a este periódico, más allá de los juegos de palabras de Puigdemont, apuntando a que "todo se sabrá".

Pero la polémica ha favorecido al PSOE, en el que parecía su peor momento: hundido en las encuestas de las gallegas, donde hasta el CIS de Tezanos le augura el peor resultado de la historia, y tras el revolcón de la semana pasada en el Parlamento Europeo.

La decisión de Sánchez

La resolución de la Eurocámara marcó una "línea roja infranqueable" que coloca al presidente en la tesitura de elegir entre Puigdemont o la UE.

Si le da al prófugo lo que pide, la ley no pasará el filtro europeo y él pasará a ser el líder de un Gobierno que borró los delitos de los espías rusos en sus maniobras para desestabilizar la UE. Pero si atiende a Bruselas, se queda sin amnistía, consecuentemente sin Presupuestos y, por tanto, sin legislatura. 

[La amnistía también 'borrará' los delitos de los espías rusos de la 'Unidad 29155' del GRU en el 1-O]

En todo caso, las negociaciones de las enmiendas sí están aprovechando la calma gallega para llegar al 18-F "sin calentar las cosas", tan como confirma un portavoz del partido independentista. Sánchez planteó una tregua hasta después de los comicios autonómicos, y Puigdemont la concedió, sabedor de que le convenía aflojar la atención mediática para apretar a última hora.

Ahora que queda una semana para la prueba final de la ley, es el momento de forzar al PSOE a aceptar sus exigencias, reforzado por el apoyo del PNV... que, por otro lado, siembra de este modo para la campaña de las elecciones vascas. El lehendakari Iñigo Urkullu ya ha recibido el encargo de la dirección de su partido para disolver el Parlamento la semana que viene, y convocar para el 21 de abril.