El Gobierno recurre a la argucia de la falta de "intención directa" para amnistiar el terrorismo y decir que no lo hace

La Comisión de Justicia del Congreso cerró ayer el texto de la proposición de ley, sin que haya opciones de introducir más cambios en la última votación en el Pleno del Congreso, posteriormente en el Senado y luego de nuevo en el Congreso, ya hacia el mes de abril.

El texto se ha pactado definitivamente después de cambios sustanciales desde que se anunció el primer acuerdo a principios de noviembre. Esas modificaciones han ido dirigidas a ir perfilando y blindando con precisión y cuidado la amnistía de aquellos que desde el principio exigieron los independentistas, es decir, los mismos que han elaborado y negociado la ley.

[El Gobierno insiste en que no amnistía el terrorismo, aunque amnistiará a los acusados por ese delito]

Se ha llegado de esta forma a una "autoamnistía", diseñada por los beneficiados y aceptada por el PSOE para poder avanzar en la legislatura. De hecho, el Gobierno cree que ahora puede dar el siguiente paso, el de los Presupuestos del Estado.

Han quedado casi todos los implicados en el procés a salvo, a excepción de casos muy concretos que desde el principio eran imposibles de aceptar para el Gobierno, como por ejemplo Laura Borràs, condenada por falsedad y prevaricación, y Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo.

El último giro del PSOE blinda la posibilidad de que se amnistíe a los acusados por delitos de terrorismo por la actividad de los CDR y Tsunami Democràtic, empezando por Carles Puigdemont y Marta Rovira, investigados por estos hechos por el juez Manuel García-Castellón.

Para salvar su posición, el Gobierno ha pactado con Junts una argucia legal que consiste en distinguir diferentes grados en los delitos de terrorismo, una diferenciación que no es nada habitual.

Ahora, unos son los delitos en los que "de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos" y otros, los demás, que son aquellos en los que no se producen daños personales a propósito. Los primeros no pueden ser amnistiados y los segundos sí.

Lo curioso es que sobre los hechos vinculados al procés no hay ninguna investigación por terrorismo con daños a las personas y, por tanto, la exclusión introducida a última hora permite de hecho amnistiar a todos los investigados por terrorismo. En la práctica no se excluye nada, ni a nadie.

La expresión "de forma manifiesta y con intención directa" sirve para enterrar la posibilidad de que la muerte de un ciudadano francés en las protestas en el aeropuerto de El Prat sea considerada el resultado subsiguiente de la acción de los independentistas. Si no hay "intención directa" es posible la amnistía.

La última "línea roja"

Diferentes miembros del Gobierno y del PSOE llevaban días repitiendo que su "línea roja" eran los casos de terrorismo. Por ejemplo, la ministra portavoz, Pilar Alegría; el de Transportes, Óscar Puente, o la portavoz socialista en Bruselas, Iratxe García, insistieron en negarlo. Esta última hasta tachó de "mentiroso" en el Parlamento Europeo al líder del PP, Manfred Weber, por decir que se amnistiará a acusados de terrorismo.

Ahora la argumentación del Gobierno es que no se amnistían delitos de terrorismo "cuando hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Un ligero matiz sobre el que, además, hubo ayer variaciones en las explicaciones del PSOE y el Gobierno.

Así, nada más cerrarse el acuerdo sobre la enmienda, el PSOE difundió una nota en la que aseguraba que "se mantiene el terrorismo como delito excluido de la aplicación de la amnistía". No había más matices.

Casi dos horas después, el PSOE difundía otra nota en la que señalaba que "el terrorismo queda excluido de la aplicación de la amnistía. Algunos partidos han presentado enmiendas para sacarlo (es decir, para amnistiar TODOS los casos de terrorismo), pero el PSOE no las ha apoyado. El terrorismo queda exceptuado de la amnistía, siempre que suponga violaciones graves de derechos humanos".

La diferencia es que en el final de la argumentación se incluye ya la coletilla "siempre que suponga violaciones graves de derechos humanos". Porque, en realidad, la proposición de ley nunca ha excluido todos los delitos de terrorismo y sigue sin hacerlo en su redacción final. El terrorismo nunca ha sido una línea roja y, si lo ha sido, se ha traspasado siempre.

Una vez que la ley esté en vigor hacia el mes de abril, tendrán que ser los jueces quienes la apliquen a cada uno de los casos. Por ejemplo, el juez García-Castellón tendrá que decidir si el caso que investiga es de terrorismo grave no indultable o si es susceptible de ser perdonado por no haber "intención directa" de causar daños a personas.

Las vueltas que ha dado el PSOE con sus socios a la ley desde noviembre tienen que ver con limitar el margen de maniobra de los jueces para aplicarla y también con la necesidad de anular las opciones de que pueda ser frenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los jueces podrán presentar cuestión prejudicial ante el TJUE antes de aplicar la ley si consideran que se vulnera algún tratado internacional. Por eso, la última enmienda pactada se remite a "la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017".

Esas normas hacen definiciones de terrorismo que incluyen daños a personas, torturas o secuestros. Al incluir la referencia, el Gobierno considera salvada la posibilidad de que el TJUE se pronuncie en contra de la ley.