El PSOE bloqueó en el Congreso la primera Ley de Amnistía de Junts y ERC por ser inconstitucional

Había, sobre todo, dos motivos principales que tanto los letrados como Batet resaltaron en su informe. En su artículo primero, la ley dice que quedarían amnistiados "todos los actos de intencionalidad política" entendiendo como tal "cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya", según se recoge del texto planteado por ERC, Junts, PdeCAT y la CUP.

El planteamiento era el siguiente: eliminar todos los delitos cometidos por todas las personas que hubieran hecho cualquier cosa en nombre de esa "autodeterminación de Catalunya". Esto puede referirse desde organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 hasta prender fuego a una papelera durante las protestas ante la sentencia del procés en 2019. Esto está expresamente prohibido en la Constitución.

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De hecho, así lo recoge también el informe que los letrados del Congreso elaboraron a petición de Batet. El escrito se refiere directamente a que la proposición de ley orgánica para la amnistía presenta una "contradicción palmaria" con el artículo 62 de la Constitución, que evita considerar los indultos generales en favor de los que se pueden "tramitar y conceder de manera individual".

La principal diferencia entre ambos es que el indulto, además de ser una medida de gracia individual, no elimina la comisión del delito. La amnistía —proveniente de la raíz griega amnesia, u olvido— sí lo borra, por lo que los líderes del procés pasarían a ser inocentes de todos sus cargos, deberían ser liberados inmediatamente y resarcidos por el daño causado (a ellos).

La eliminación de los delitos es, por supuesto, la parte más importante de cualquier amnistía, pero en concreto la que planteaban ERC, Junts, PdeCAT y la CUP daba casi el mismo peso a la reparación de las presuntas víctimas que debieran ser amnistiadas. En el texto de ley, los independentistas plantean devolver "las fianzas y los abonos, sanciones o multas de carácter económico [...] a favor de las personas que las constituyeran"; también levantarles todo tipo de "embargos, limitaciones o restricciones patrimoniales".

Dicho de otro modo, que el Gobierno debería hacerse cargo de reparar el daño causado a los presos e indemnizarles con el dinero que tuvieron que pagar por sus condenas. Además, debería velar por "dejar sin efecto [...] despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones" de empleo, "restituyendo a los afectados [...] las cotizaciones de la Seguridad Social y Mutualidades Profesionales". A efectos prácticos, el Estado español estaría financiando el procés.

El ámbito de actuación también fue objeto de discusión por parte de los letrados, quienes advirtieron que el borrador de la amnistía incluía también el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña (2014), por el que se condenó al expresidente catalán Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Desde entonces hasta 2017, todos los condenados serían libres.

De hecho, el texto hace especial hincapié en señalar que estarían amnistiados todos los acusados de delitos de rebelión y sedición, revelación de secretos, desobediencia, incitación al odio, contra el orden público, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Este último, que es uno de los más comunes entre los líderes del procés por utilizar la cosa pública según sus intereses, es el que permitiría las devoluciones fiscales.

Ahora la situación no podría ser más distinta. Si hace dos años el PSOE cerró la puerta a tramitar la ley —con los votos de Vox y PP— y a que se debatiera en el Congreso, hoy los socialistas negocian con ERC la desjudicialización del conflicto a través "las vías legales necesarias". Esta vez, los socialistas no han pedido la intermediación de los letrados.