El precio de la amnistía: la exigencia de Junts pasa por devolver 10 millones en multas por el 'procés'

Así figura en la proposición de ley que JxCAT registró en la Mesa del Congreso de los Diputados en 2021. Y aquel texto será usado ahora como borrador de las exigencias que los posconvergentes presentarán a los socialistas.

Sumando fianzas, multas y embargos en diferentes causas la cifra rozaría, si no la supera, los 10 millones de euros.

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La proposición de ley establecía lo siguiente: "Serán devueltas las fianzas y los abonos, sanciones o multas de carácter económico con el interés legal del dinero, a favor de las personas que las constituyeran, depositaran o liquidaran o a petición de las personas ejecutadas, así como se levantarán todo tipo de embargos, limitaciones o restricciones de disposición patrimonial de las mismas o de sus afines y a petición de los interesados".

Afectaría —beneficiaría, mejor dicho— a los condenados, procesados e investigados por "todos los delitos y faltas administrativas" vinculados al llamado juicio al procés, que tuvo lugar en 2019 en el Tribunal Supremo. Se trata del procedimiento que sentó en el banquillo a, entre otros, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Josep Rull o Jordi Turull...

Sin embargo, en aquel juicio, los únicos condenados a una multa (por el delito de desobediencia) fueron Santiago Vila (exconseller de Empresa), Meritxell Borrás (exconsellera de Gobernación) y Carles Mundó (exconsejero de Justicia).

A cada uno de ellos se le impuso una sanción de 60.000 euros. A diferencia del resto de acusados, ni Mundó ni Vila ni Borrás fueron condenados a una pena de cárcel.

Ahora bien, el texto de JxCAT también sería aplicable a "aquellas causas abiertas por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y cualquier otro tribunal, en relación con los hechos ocurridos en Catalunya en torno a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, así como todas las acciones previas o posteriores relacionadas con su organización".

Y también, "a todos los delitos por hechos acaecidos en las manifestaciones y protestas tras la sentencia [del juicio al procés]" y a "las sanciones dictadas o que pueden ser dictadas por el Tribunal de Cuentas en relación con las causas mencionadas en el párrafo anterior".

Tribunal de Cuentas

De aprobarse tal y como pretenden los posconvergentes, la amnistía favorecería a los cargos independentistas que serán juzgados en noviembre en el Tribunal de Cuentas (TdC), máximo órgano fiscalizador del Estado, por el desvío de fondos públicos durante el procés. El juicio ya está señalado para el día 17 de ese mes.

Entre ellos se encuentran, de nuevo, Romeva y Junqueras, ya condenados a penas de cárcel por el Supremo y que fueron luego indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez. También figura entre los encausados por el TdC el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española y residente en Bruselas.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas. Europa Press

En 2022, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas presentó una demanda en la que únicamente reclamó 3,4 millones de euros a los altos cargos investigados, pese a que en la liquidación provisional de la instructora esta cantidad había alcanzado los nueve millones.

Estos 3,4 millones son la suma de 1,2 millones de euros por la preparación en Cataluña del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y otros 2,2 millones de euros, por la promoción del proceso independentista en el exterior.

A todas estas cantidades, además, hay que sumar los 4,9 millones de euros con los que el Tribunal de Cuentas sancionó en 2018 al antecesor de Puigdemont, el expresident Artur Mas, y a otros cargos del Govern por el uso indebido de fondos públicos para financiar la consulta independentista del 9-N de 2014. El TdC les impuso el pago de esta cantidad, más intereses de demora, que pueden rozar el millón de euros, de forma conjunta. En el marco de este proceso, de forma preventiva, le fueron embargados varios inmuebles a Mas.

Desobediencia

Otra sanción que sería anulada con esta amnistía es la impuesta a la diputada autonómica Eulàlia Reguant, de la CUP, quien se negó a responder —era testigo y estaba obligada a ello— a las preguntas de los abogados de Vox, que ejercían la acusación popular en el juicio al procés. ¿El valor de la sanción? 13.500 euros por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Pero, ojo, la amnistía a gusto de Junts contempla que las cantidades sean devueltas con intereses.

Por su parte, el sucesor de Puigdemont en el cargo, Quim Torra, fue condenado en diciembre de 2019, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a pagar 30.000 euros como multa por un delito de desobediencia.

El expresident catalán se negó a descolgar del Palau de la Generalitat una pancarta en apoyo a los líderes del procés condenados por el Supremo. La Junta Electoral se lo requirió, ya que violaba la neutralidad de las instituciones exigible en periodo electoral. Dicha condena del TSJC le costó el cargo, para el que fue inhabilitado.

En mayo de 2022, volvió a ser condenado por volver a negarse a retirar una pancarta en apoyo a los mal llamados presos políticos. En esta ocasión, le fue impuesta a Torra una multa de 24.000 euros.

El pasado abril, el TSJC condenó a un año de inhabilitación a la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret (ERC) por un delito de desobediencia, por haber participado en la organización del referéndum ilegal del 1-O. La sentencia también le impuso una multa de 12.000 euros.

La suma de las cantidades anteriormente descritas alcanza los 8,56 millones de euros, sin incluir, en ningún caso, los intereses que JxCAT sí contempla en su devolución. La propuesta de los posconvergentes, además, beneficiaría a decenas de investigados y procesados en varias causas penales abiertas en la Audiencia Nacional.

Otros beneficios

La proposición de ley de 2021, además, contempla "la extinción de la responsabilidad penal derivada de las penas impuestas o que pudieran imponerse con carácter principal o accesorio, así como las responsabilidades civiles de cualquier tipo exigibles en cualquier jurisdicción derivadas de tales hechos".

"La autoridad judicial competente ordenará la libertad inmediata de quienes se beneficien de la amnistía que se encontraran en prisión y dejará sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de búsqueda y captura de quienes fueron declarados en rebelión", proponía también aquel texto.

Otra de las consecuencias económicas para las arcas públicas que tendría la exigencia de Junts es la de "dejar sin efecto las decisiones judiciales y los actos administrativos o gubernativos que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos activos o pasivos de los trabajadores empleados por cuenta ajena".

La "restitución a los afectados de todos sus derechos", incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social, estarían a cargo del Estado.