Crece la disposición en el PSOE a tramitar una amnistía si Junts hace presidente a Sánchez

La amnistía es el principal reclamo de Carles Puigdemont para que sus siete diputados en el Congreso invistan como presidente a Pedro Sánchez y, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el PSOE ya está estudiando la viabilidad de tramitarla. "Cabe perfectamente en la Constitución", asegura una fuente socialista que trabaja por la investidura. "Iremos viendo", completa un miembro del Gobierno.

Si bien Illa consideró que la amnistía, al igual que el referéndum de autodeterminación, está fuera del marco legal, entre los socialistas está creciendo la disposición a tramitarla, si es la única forma de lograr el sí del partido de Carles Puigdemont.

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Actualmente, el PSOE puede contar con 171 apoyos en el Congreso, frente a los 172 que aglutinaría el PP de  Alberto Núñez Feijóo. Para los socialistas es fundamental que los siete diputados de Junts voten que sí a Sánchez. Si no, el escenario más probable es el del bloqueo -con un no común de Junts para ambas candidaturas- y, por tanto, la repetición electoral.

Desde el PSOE, sin embargo, llaman a la prudencia y aseguran que todavía queda mucho camino. Primero, hay que negociar la composición de la Mesa, conversaciones que se están desvinculando de la investidura. Segundo, hay que ver a quién encarga el Rey el intento de formar Gobierno.

A fin de cuentas, el PP fue el partido más votado el 23-J. Pero los socialistas ven que a la derecha no le dan los números y están convencidos de que, antes o después, le llegará el turno a Sánchez. Es en ese momento en el que Junts, que asegura estar hablando también con el PP para subir el precio de su apoyo, pondrá la amnistía encima de la mesa.

Amnistía proviene de "amnesia" y se diferencia del indulto en el sentido en el que no sólo perdona la pena, sino que borra la comisión del delito. En este caso, sería asumir que el procés y todas sus derivadas socioeconómicas, políticas y judiciales, nunca hubieran tenido lugar.

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Las consecuencias de aprobarla serían muy amplias. Por un lado, levantaría la inhabilitación para cargo público de los líderes del 1-O, como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros tantos encausados, además de que cortaría los juicios y todas las investigaciones de los que todavía no han sido sentenciados. Muchos otros, ni siquiera imputados aún.

Una eventual ley de amnistía eliminaría también la responsabilidad civil derivada de los delitos de malversación a los que se enfrentan actualmente los llamados 'segundos escalones' del procés y también quedarían amnistiados todos los ciudadanos particulares involucrados en las protestas violentas.

"Es perfectamente posible"

Una voz autorizada del PSOE explica a este diario que la amnistía "es perfectamente posible" en el ordenamiento jurídico y constitucional español. Esta fuente aclara que los independentistas estarían subiendo su apuesta, porque ya no les bastaría con el perdón de la pena, sino con "la extinción de la responsabilidad", es decir, el borrado de los hechos. Pero añade que nada la prohíbe y que, de hecho, una ley como ésa sería relativamente sencilla de diseñar.

Tal como explica, la norma debería acotar un periodo de tiempo, designar qué tipo de cargos y personas privadas se verían beneficiadas y definir los hechos a los que se aplicaría. "Es jurídicamente posible, más allá de que la tradición diga que esta figura se suele utilizar en cambios de régimen o situaciones de justicia transicional", como, por ejemplo, para acabar con el narcoterrorismo de las FARC en Colombia.

Esta interpretación ya se abre paso en el PSOE, después de que los socialistas pararan incluso la última intentona de sus socios separatistas catalanes, hace ahora dos años en el Congreso. La Mesa, entonces presidida por Meritxell Batet, ni siquiera admitió el trámite de una proposición de ley de amnistía. Ésta fue una de las razones que llevaron a ERC, PNV y Junts a vetar su continuidad en el cargo. Y ahora las negociaciones se centran en hallar una mayoría "plurinacional" dispuesta a cambiar el criterio.

Para ello, en el PSOE se trabaja en los argumentos jurídicos que lo justifiquen. Y uno de ellos será el de que la Carta Magna, aunque sí prohíbe los indultos generales, no dice nada de la amnistía. Y que eso probaría que son figuras distintas.

"La diferencia entre un indulto y una amnistía está en sus efectos y en sus motivaciones", explican las fuentes. El primero es una prerrogativa del Gobierno por motivos de justicia, equidad o conveniencia social. Y la segunda es una extinción absoluta de la responsabilidad, "que debería pasar por el legislativo, para un debate público y denso".

Así se está desarrollando la argumentación en el seno del Partido Socialista, mediante la interpretación de que, dadas las diferencias jurídicas radicales entre una figura y la otra, los constituyentes optaron por no citar siquiera la amnistía en la Constitución adrede. "Debemos entender", concluye este cargo socialista, "que una amnistía puede ser buena y conveniente en un momento dado, pero que su trascendencia es tal que debe ser llevada a las Cortes Generales" para que todos los representantes de los ciudadanos fijen posición.