El 8-M, bomba de relojería: Irene Montero agita al feminismo contra el PSOE desde el Gobierno

En las últimas horas, la distancia no ha hecho más que agrandarse, primero por las declaraciones de Pilar Llop y luego por las de Irene Montero, que ha acusado a su compañera del Consejo de Ministros de "querer volver al Código Penal de La Manada". La ministra de Igualdad, defensora del texto en su forma actual, arremetió este martes contra la de Justicia por recuperar, dijo, "el calvario probatorio para las mujeres" y poner de nuevo la violencia en el centro de la ley.

Ahora bien, el problema añadido al que ahora se enfrentan los socios no es sólo atajar cuanto antes el torrente de rebajas penitenciarias, sino que los plazos parlamentarios no hagan coincidir la aprobación de la reforma con el 8-M, Día Internacional de la Mujer, y que las divisiones políticas no agiten también al movimiento feminista. Ya el año pasado hubo dos manifestaciones enfrentadas, evidenciando que la fractura no era sólo cuestión de siglas de partido.

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Fuentes de la Moncloa temen que los tiempos del debate en el Congreso y el Senado sobre el sólo sí es sí se solapen durante el evento. Con el calendario en la mano, la Proposición de Ley del PSOE amenaza con fracturar el 8-M e incluso terminar su tramitación el mismo martes 7 de marzo, la víspera de la celebración feminista.

Este sería un extremo perjudicial, sobre todo para el PSOE, que a un mes vista ya tiene el ojo puesto en la bomba de relojería que se está preparando desde Igualdad. Para mayor munición, dicen fuentes de la parte socialista del Gobierno, la posición de Llop y su equipo sobre cómo reformular la ley ha incendiado todavía más el debate por entender que no ayudan a aplacar los ánimos sino a poner el foco en el consentimiento, que es lo que más incomoda a Unidas Podemos.

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Ya durante el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, varias ministras socialistas marcharon en una manifestación separada en la que se pidió la dimisión de Irene Montero.

Entonces, las rebajas penitenciarias por la ley se contaban sólo por decenas (hoy superan las 400) y entre los socios no reinaba la guerra civil, sino un silencio calculado y un cierre de filas insólito. Hoy por hoy, la única que llama a la calma es la vicepresidenta Yolanda Díaz, atenazada entre lo que cree es "una buena ley" y evitar la ruptura del Gobierno, un extremo que los dos bandos rechazan en público pero temen en privado.

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Ahora el asunto es bien distinto. Sobre todo, la cuestión es especialmente sensible para el PSOE, porque el de este año será el último 8-M antes de las elecciones, más aún, el último de una legislatura que ha estado marcada por las disputas entre los socios sobre quién representa al verdadero feminismo. De hecho, algunas familias del socialismo siguen creyendo que fue un error ceder a Unidas Podemos el Ministerio de Igualdad. 

Pedro Sánchez cree que la piedra en el zapato del sólo sí es sí puede costarle caro en las elecciones autonómicas y municipales. Primero, por haber arropado y resucitado a Irene Montero en su peor momento y ahora, meses después, por haber dejado que el problema se enquiste, se endurezca y no se pueda desprender ni de la ley ni de la ministra. La única opción, en este caso, era reformarla por su cuenta.

Otro punto en disputa, salvo cambio no previsto, es que la reforma de los socialistas será tramitada con los votos a favor del PP y de Vox, lo que enturbiaría su discurso feminista. Fuentes parlamentarias aseguran que en los planes del PSOE entra vetar las enmiendas que amenazan con presentar los socios para no dilatar más los tiempos.

El PP también defiende que la reforma debe ser inmediata, pero dirige sus disparos hacia un PSOE que, aseguran, "pasará a la historia por la larga lista de violadores excarcelados". Así se lo afeó este jueves el portavoz en el Senado, Javier Maroto, a la vicepresidenta Nadia Calviño, quien espera "contar con el apoyo del PP [para] seguir defendiendo a las mujeres".

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El PSOE y el calendario

Aunque aún no hay una agenda definitiva de tramitación de la Proposición de Ley, el calendario no está del lado del PSOE. En el mejor de los casos, su propuesta podría calificarla –"aprobarse", en argot parlamentario– la Mesa el próximo martes (14 de febrero) y admitirse a trámite en la Junta de Portavoces la semana siguiente (21 de febrero) para ir a Pleno en el Congreso.

Hay una opción improbable de que todo se resuelva el mismo día, pero necesitaría unanimidad de todos los grupos y fuentes de Moncloa no la contemplan. El contexto más cercano es que los dos socios de Gobierno ya votan separados sobre normas que ellos mismos producen, como hicieron con la Ley Trans y –este jueves– con la Ley de Bienestar Animal.

Volviendo al sólo sí es sí, tras pasar por el Pleno el Congreso establece un mínimo de una semana para el plazo de enmiendas y otra más para ir a ponencia y Comisión. Todo esto teniendo en cuenta que nadie pida la advocación, lo cual dilataría algo más los tiempos, pero que es poco probable porque ningún partido querría ser responsable de ralentizar el proceso. De ahí, pasaría al Senado.

El primer pleno en la Cámara Alta será la semana del 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer. Si no resuelve entonces, la agenda del Senado no vuelve a abrirse hasta dos semanas después, el 28 de marzo, y coincidir peligrosamente con la moción de censura de Vox. En cualquier caso, demasiado tiempo para tanta tensión.