El PSOE da por hecho que todos apoyarán su reforma del 'sí es sí ' al aumentar las penas

Aparentemente le desgasta mucho con vistas a las elecciones, según las encuestas publicadas este fin de semana, empezando por la de EL ESPAÑOL. La semana pasada decidió ya quitárselo de encima y, al menos, el solo anuncio de esa decisión ha aliviado a dirigentes socialistas y candidatos a las municipales y autonómicas.

El efecto colateral podía haber sido la ruptura del Gobierno de coalición, pero se ha constatado estos días que ni el PSOE ni Unidas Podemos están dispuestos a romper por esto. Al menos, según aseguran públicamente.

[El PSOE recupera las penas anteriores al 'sí es sí' y agrava las agresiones con violencia o intimidación]

Sin embargo, es obvio que produce una enorme grieta (otra más) entre los socios de Gobierno. 

La novedad, además, es que ahora votan separados sobre normas que ellos mismos producen. Lo hicieron con la Ley trans, lo harán sobre el “sólo sí es sí” y también este jueves sobre la ley de protección a los animales.

Hasta el día que se vote la admisión a trámite en el Pleno, e incluso después, es posible aún un acuerdo, aunque las posiciones están tan definidas que parece casi imposible que llegue ese acuerdo y las dos partes dan por hecho que no lo habrá.

La grieta llega a la relación con los socios de investidura, porque PSOE y Unidas Podemos tiran de todos ellos en sentido contrario para tener su apoyo cuando se produzca la votación. Algunos de esos socios muestran su estupefacción por la situación creada, en la que les hacen optar entre unos y otros, entre subir penas y bajar penas y entre mantener una ley que apoyaron o rectificarla.

El razonamiento de la parte socialista del Gobierno es que una vez presentada su proposición de ley “ningún grupo se va a atrever a votar en contra de subir penas a violadores e impedir que haya más reducciones de condena”.

El PSOE habla ya con los socios de investidura, pero da por hecho que podrá aprobar la proposición de ley.

En el caso improbable de que fuera derrotada esa proposición, por ejemplo, por no tener el voto del PP, el relato sería explicar que los partidos que la rechazan serían los responsables directos de mantener esa ley. Dejaría de ser un arma política para el PP y, por eso, el portavoz del PSOE, Patxi López, rechazó ayer con desdén negociar con los populares.

Dan por hecho que el PP les hará ganaerse el apoyo y esperará a que "se cuezan en su salsa", porque "ha olido sangre" en el Gobierno.

“Qué mala es la soberbia. La lección os la están dando las ya más de 400 revisiones de sentencias y cada una de las víctimas. Un poco de humildad", respondió en Twitter la número dos del PP, Cuca Gamarra, a Patxi López.

Eso sí, aunque no se rompa el Gobierno de coalición, este episodio político está provocando un duro enfrentamiento y mucho malestar entre los dos socios de coalición. Por ejemplo, al PSOE y a Moncloa les irrita profundamente que las responsables del Ministerio de Igualdad y Unidas Podemos hablen siempre de la propuesta de los socialistas como “la propuesta del PP”, identificado a ambos partidos.

Y a Igualdad y a Unidas Podemos les irrita la posición y los planteamientos de la ministra de Justicia, Pilar Llop, porque consideran que les trata con “poco respeto” y obviando que su predecesor, Juan Carlos Campo, fue quien trabajó y propuso el sistema de penas que ahora se cuestiona.

E Igualdad no tiene intención de aflojar en esta argumentación. De hecho, fuentes del Ministerio de Irene Montero advierten de que la propuesta de los socialistas puede provocar una segunda oleada de revisiones de condenas impuestas a delincuentes sexuales.

Silencio de Yolanda Díaz

Explican que una parte de tribunales (la mayoría según Igualdad) no las han revisado porque consideran que está en vigor la disposición transitoria quinta del Código Penal que asegura que no debe haber revisión si las nuevas penas caben en la franja de la anterior regulación.

Esta tesis es también la del Fiscal General del Estado y, según el razonamiento del Ministerio de Igualdad, “no hay mejor prueba de que algo no está vigente que introducirlo ahora expresamente en el Código Penal”.

Aseguran que de esa forma se quita la razón a la Fiscalía General del Estado y a quienes dicen que no son revisables y “así lo pedirán ahora abogados de esos que dicen que sólo está vigente el artículo dos del Código Penal que obliga a revisar todas las penas si es más favorable y tribunales como los de La Rioja pueden iniciar una segunda ola de revisiones”.

Según su análisis, esta ola de revisiones debería haber terminado, ya que el BOE es de 7 de septiembre, pero ahora puede reiniciarse con casos en los que no se había estimado las peticiones de las defensas. Es decir, una parte del Gobierno alerta de que la otra va a incrementar las revisiones de condena y va a empeorar aún más el problema.

En el fondo de la disputa está el rechazo de muchos en el PSOE a la cesión a Unidas Podemos hace más de tres años de las competencias sobre Igualdad, una de las banderas tradicionales de los socialistas.

Yolanda Díaz no se ha pronunciado aún públicamente. Según fuentes de Igualdad y de Unidas Podemos, está de acuerdo con la posición de Irene Montero.

Según Moncloa, la vicepresidenta segunda ha intentado un acuerdo, aunque fuera cambiando la ley.