Moncloa valora contactar con el PP para hablar del CGPJ pese a dudar de la sinceridad de Feijóo

El Gobierno entiende que casi cuatro años después de bloqueo por parte del PP la situación es ya insostenible y se ha visto agravada por las palabras del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, amenazando con dimitir y la resistencia del Consejo para designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional como exige la ley.

Moncloa mantiene que el PP no tiene voluntad de llegar a un acuerdo y, por eso, considera un “teatrillo” la carta que ha remitido el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, instando a tal renovación, con condiciones.

Sin embargo, fuentes del Gobierno explican que puede ser inevitable dar el paso para intentarlo de nuevo, con el único fin de poner en marcha el proceso de renovación sin condición. Sería en todo caso de forma reservada y sin anuncio previo.

Este martes 13 de septiembre termina el plazo legal para que el CGPJ cubra dos vacantes del Tribunal Constitucional y esos nombramientos no se producirán por el momento. Tampoco el Gobierno nombrará por su parte a los dos magistrados que le corresponden y esperará a que lo haga el Consejo en las próximas semanas.

Moncloa se inclina por esperar a esa renovación del Constitucional para intentar de nuevo la del CGPJ.

La situación es aún peor porque la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, ha expresado su apoyo al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General en una carta en la que le traslada su “coincidencia” con el contundente discurso de apertura del curso judicial pronunciado por Carlos Lesmes.

Jourová entiende que la renovación del CGPJ es la “urgencia y prioridad absoluta” y después se puede abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, “que la Comisión considera necesaria”.

[La Comisión Europea expresa su apoyo a Lesmes e insta a PSOE y PP a elegir el CGPJ "con urgencia"]

Fuentes del PP aseguran que el Gobierno no puede permitirse que haya una acción ejecutiva de la Comisión Europea instando directamente a España a proceder a esa renovación.

Ya hubo una situación parecida cuando Bruselas forzó al Gobierno a retirar una reforma legal para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los vocales del CGPJ.