Moncloa frena la subida de Sociedades al 15% que exige Podemos hasta que Sánchez lo cierre en el G-20

"Entre la posición de unos, esperar, y la de los otros, hacerlo todo ya, hay que hallar un punto de encuentro", apuntaban fuentes de la negociación, sin mojarse demasiado... pero abriendo la puerta por primera vez a un ajuste fiscal al que se negaba Nadia Calviño hasta el pasado fin de semana. "Pero estamos pendientes de la negociación internacional", matizan fuentes de Moncloa. Desde la oficina del presidente del Gobierno se confirma que las cuentas públicas irán "como mucho, en un par de semanas" al Consejo de Ministros.

Y eso ya es más de lo que anticipaba la vicepresidenta primera hace unos días. ¿Qué está pasando, pues? Que esa "negociación internacional" es el acuerdo que debe salir de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que el G-20 ha convocado en Roma el fin de semana del 30 y 31 de octubre.

El pasado mes de julio, 130 de los 139 Estados miembros de la OCDE firmaron un acuerdo entre ministros para "armonizar el impuesto de Sociedades" a nivel global, en un suelo del 15%. Y allí estaba la vicepresidenta Calviño, impulsando la medida en nombre de España, según recuerdan fuentes de su departamento.

A los pocos días, ese compromiso se bendijo en una cita ministerial del G-20, a la espera de que se ratificara este octubre por los líderes en Roma. Y ahora se están negociando los términos finales del acuerdo. Es decir, que a eso se referían las fuentes de Moncloa con lo de que "estamos pendientes de la negociación internacional".

No toca "ceder"

Porque una vez que quede claros los matices del acuerdo final entre los gobiernos de las 20 principales economías del mundo -entre las que España cuenta con un asiento de invitado permanente-, el equipo estratégico de Pedro Sánchez decidirá la mejor manera de comunicar la introducción de esa medida en los Presupuestos de 2022. 

Después de las últimas batallas internas en el Ejecutivo -Salario Mínimo, ERTE, bajada del recibo de la luz, etc-, el lado socialista prefiere que la imposición de un esfuerzo fiscal mayor a las grandes empresas forme parte de un pacto internacional que ha liderado el Gobierno de España... mucho antes que una cesión a las presiones de Unidas Podemos.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño, con Yolanda Díaz en segundo plano, en la entrada del Palacio de la Moncloa. Moncloa

¿Y cómo se puede sostener que ese más que posible acuerdo internacional ha sido liderado por el Gobierno de Pedro Sánchez?

Pues no sólo, como se ha dicho antes, recordando las posiciones del equipo de Calviño en la cita de la OCDE en julio. Sino recordando que la medida está incluida en la página 44 del acuerdo del Gobierno de coalición signado entre el PSOE y Unidas Podemos. O mejor aún, en la página 31 del programa electoral del PSOE para el 10-N de 2019. E incluso en la página 45 de los Presupuestos no natos de 2019, los "más de izquierdas de la democracia", como los bautizó EL ESPAÑOL en su momento.

Extracto del capítulo fiscal en el programa de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Desde Hacienda se insiste en que los Presupuestos se podrían haber llevado al Consejo de Ministros de este martes. Pero el mismo portavoz de María Jesús Montero asegura que si no ha sido así es porque "no hay acuerdo todavía, faltan unos flecos". En Moncloa se asegura que "es más problema de agenda que de falta de acuerdo", y que una vez que se despejen las fechas libres para oficializar las cuentas públicas del año que viene, "sabida la fecha se llega al acuerdo".

Optimismo y advertencias

Es decir, que las fuentes socialistas son todas muy optimistas con el acuerdo. La propia Yolanda Díaz, líder morada en el Ejecutivo, auguraba un final feliz a la batalla en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros... pero torció el gesto para aclarar que "es evidente que no hay acuerdo, y por eso no está aquí el proyecto de ley". Y fuentes de su entorno afirmaban que "son varios los escollos" que separan a Unidas Podemos del PSOE. "No depende de nosotros si no se mueven".

Ni para los morados ni para los socios parlamentarios del Gobierno el asunto se reduce a "cuestiones de agenda". Tanto ERC como Bildu aclararon este martes que "sin reforma fiscal ni ley de Vivienda" no votarán a favor de los PGE. Y en esa estrategia van de la mano de los de Yolanda Díaz.

Tanto que este jueves presentarán conjuntamente una Proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, hartos de esperar a la del Gobierno. El PSOE la tiene en un cajón desde hace un año porque no acepta cumplir lo que firmó con Pablo Iglesias sobre la intervención del mercado del alquiler... precisamente para desbloquear el acuerdo de los Presupuestos de 2021.

"A Unidas Podemos les gusta mucho este teatrillo", apunta un miembro socialista del Consejo de Ministros. Otra fuente de la negociación añade que "la parte estratégica de estas cosas políticas hace que el río suene mucho más fuerte del agua que lleva". Y una más advierte de que por mucho que lo diga el G-20, "aún quedaría la aplicación de esa armonización a nivel europeo, que no entrará en vigor presumiblemente antes de 2023".

Pero finalmente, otra ministra concluye en conversación con este periódico: "Calviño ha sido muy clara dando el ok a que la armonización fiscal de Sociedades con un mínimo del 15% se aceptará". De modo que todo se resume en dos alternativas. O bien Sánchez presume de haber liderado este acuerdo internacional en el G-20 o bien "cuando lo apliquemos, diremos que somos vanguardia, implantándolo nosotros antes que los demás".