Torra se salta a los letrados de la Generalitat para confinar Lérida con un "decreto ilegal"

El Gobierno de la Generalitat no ha consultado al Gabinete Jurídico de la Generalitat su decisión de endurecer mediante un decreto ley el confinamiento en Lérida para frenar la propagación del Covid-19. Se trata de una actuación anómala que ha encendido las alarmas entre el cuerpo jurídico catalán porque no cumple con el procedimiento establecido y a nadie escapa las similitudes con lo ocurrido en el mes de octubre de 2017, cuando el Govern cesado de Carles Puigdemont vulneró la legalidad haciendo caso omiso a los letrados del Parlament.

De acuerdo con los abogados consultados por EL ESPAÑOL, en un caso en el que se atenta contra un derecho fundamental como el de la movilidad, el Gabinete Jurídico de la Generalitat debe emitir un informe, ya sea consultivo o vinculante, sobre la materia. “Se trata de un decreto ley que afecta a un tema muy importante y delicado como para contar con asesoramiento jurídico previo y bien fundamentado. Sobre todo cuando un Decreto Ley es una norma que tiene limitaciones claras para poder restringir derechos fundamentales básicos”.

La Fiscalía de Lleida advirtió de que la norma anunciada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para ampliar las medidas de cierre en el Segrià "sería de nuevo ilegal y recurrible al (Tribunal) Constitucional" si aborda derechos fundamentales. "No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales", valoró el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné, en declaraciones a Europa Press.

A la misma conclusión ha llegado la Síndica de la provincia, que ha tildado de "ilegal" y "fuera de Ley" la propuesta de Torra. En su comunicado hablaba del "maltrato a la ciudadanía" de Lérida y sostenía que la Generalitat "ha intentado resolver un Estado de Alarma sin contar con la voluntad popular" (por su negativa a llevarlo en el Congreso de Diputados).

Con todo, el Juzgado de Guardia de Lleida ha decidido no ratificar el confinamiento anunciado por el Govern después del escrito dirigido por la Fiscalía al juzgado de instrucción número 1 y por considerar que no tiene las competencias. De momento, sin embargo, el máximo mandatario catalán asume la desobediencia a los tribunales, según él mismo ha declarado, con el argumento de que el Ejecutivo actúa bajo “criterios médicos” y no “jurídicos”.

El abogado que elevó el primer recurso de apelación, Jorge Culleré, asegura a este medio que “no existe” el criterio médico en la decisión de Torra, ya que su propio Plan para las pandemias requiere que la transmisión de casos sea mucho más extrema (700 contagios por 100.000 habitantes) y que de momento no superan los 300 afectados por 100.000 habitantes.

Culleré tampoco entiende el silencio del Gabinete Jurídico de la Generalitat: “Deben intervenir, para eso están”. Este medio ha intentado contactar en reiteradas ocasiones con el organismo para conocer las razones de la falta de un informe sobre la medida que ha decidido implementar el Govern, pero no han respondido a nuestra petición.

La Fiscalía apeló al artículo 86 de la Constitución que esgrime que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos ley". Pero "no podrán afectar" al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Confrontación

El choque entre el Ejecutivo catalán y los tribunales tiene también una lectura política, aunque en este caso muchos de los ciudadanos de las comarcas afectadas han protestado contra Torra y a favor de la intervención de la jueza Elena García Múñoz.

Las fuentes consultadas añaden que si la prioridad del Govern es sanitaria porque no se puede frenar el elevado número de contagios, la fórmula para poder llevar a cabo confinamientos domiciliarios es solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez la gestión del estado de alarma. “La restricción de derechos fundamentales solo se puede hacerse por el estado de alarma. Si quieren, es muy fácil. El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/86 permite que Torra lo solicite, y Sánchez lo declare y pida confirmación parlamentaria”.

El Gobierno de coalición está muy preocupado por la situación de Lérida, e incluso muestra su estupor por la decisión de la jueza de guardia. A pesar de las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que afirmaba este lunes que la resolución judicial "demuestra que no había plan B y que no hay alternativa al estado de alarma", fuentes del Ejecutivo manifiestan a este periódico que preferirían que las cosas se hubiesen hecho de otra manera. 

Sin entrar en conflictos de jurisdicción ni de competencias, un portavoz autorizado del Gobierno explica que "hacen falta más medidas y urgentemente en Lérida". Es más, la opinión que prima en el Gobierno es que "se deberían haber tomado medidas antes, pero no queremos jugar a lo que críticamos durante el pico de la pandemia, no afearemos la conducta de ninguna Comunidad Autónoma, porque hasta ahora todas han controlado los brotes con eficacia".

En realidad, el Ministerio de Sanidad se ha ofrecido a colaborar, y el ministro Illa ha estado en contacto permanente con la consejera catalana, según ha sabido EL ESPAÑOL.

"En este escenario, las protagonistas son las Comunidades Autónomas, ellas tienen instrumentos para controlar los focos", insisten las fuentes del Ejecutivo, "si deben reelaborar la orden, recurrir la resolución o aplicar otras medidas que están incluidas en este plan, le corresponde al Govern decidirlo".

Pero lo cierto es que la reunión de emergencia de Pedro Sánchez la mañana del lunes con Illa y Simón deja claro que el Gobierno está "preocupado" por la proliferación de casos e incluso pide "ayuda" a los medios para concienciar a la población: "No podemos permitirnos imágenes como las que hemos visto estos últimos días en celebraciones deportivas u otras aglomeraciones, como si aquí no hubiese pasado nada".

Por su parte, Torra no ha tanteado la vía de solicitar el estado de alarma que evitaría el choque con los tribunales. Y apuesta por un decreto ley pese a la oposición de la Fiscalía y la resolución judicial en contra. Si el Govern no desiste en su estrategia, se pasará de la judicialización del procés a la judicialización de la pandemia.