Denuncian a Diana Morant y su sucesor en Gandía por promover la okupación de un edificio municipal

La denuncia se ha presentado por los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El escrito atribuye a Morant una supuesta dejación de funciones durante el desalojo de un edificio municipal que fue ocupado ilegalmente y actualmente está en ruinas.

El perjuicio económico causado al Ayuntamiento de Gandía se eleva a más de 3 millones de euros. El dinero ha sido abonado a Inmobles Reunits de Catarroja SL, la empresa concesionaria, a cargo del presupuesto municipal por los graves desperfectos que se han registrado en el edificio.

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Los hechos se remontan al 30 de junio de 2015, pocos días después de que Morant se convirtiera en alcaldesa. Ese día, la socialista acudió a un bloque de viviendas de protección oficial localizado en la calle Perú para apoyar a un grupo de manifestantes que quería evitar el desalojo de una familia de este inmueble, de concesión municipal. 

El desalojo, que las propias autoridades municipales boicotearon, impidió la actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión y de los bienes públicos. La gestión de Morant en el desahucio provocó un efecto llamada, según estimaron los tribunales por la vía contenciosa, e inmediatamente después varios inquilinos dejaron de abonar las mensualidades.

Las viviendas quedaron okupadas por diversos clanes familiares y los moradores que pagaban las mensualidades se acabaron marchando por la delincuencia. El Ayuntamiento abandonó el edificio, se intalaron varios narcopisos, se produjo un asesinato y hoy en día está en ruinas.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después, consideraron a Morant responsable del grave deterioro del bloque viviendas de protección oficial, al permitir múltiples daños ocasionados por okupaciones y redes de delincuencia. Ambas sentencias son firmes.

Tras estas resoluciones, avanzadas por EL ESPAÑOL en 2022, la promotora del edificio presentó otro pleito para que Morant respondiera con su patrimonio. El pasado mes de abril, el juzgado denegó la petición al considerar que la constructora no estaba legitimada para realizar la petición y dejó la puerta abierta a un proceso penal que ahora se pone en marcha.

Junto a Morant también ha sido denunciado el actual alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, además de María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales. El escrito atribuye a los tres los presuntos delitos de prevaricación, fraude contra la Administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

La denuncia la ha presentado el exalcalde popular de Gandía Arturo Torró, condenado recientemente por la Audiencia de Valencia a tres años y medio de prisión por causar un perjuicio económico de 135.812 euros al rescindir el contrato de la TV local, obedeciendo a "intereses particulares y no públicos".

El juzgado de Instrucción número 3 de Gandía ha asumido el caso. Morant está aforada por el Tribunal Supremo, pero el juzgado puede asumir ahora el caso e inhibirse a favor del alto tribunal más adelante, en el caso que halle indicios de delito en la actuación de la ministra.

La promotora ya ha pedido ser parte en la investigación, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales.

La denuncia pide al juzgado que acuerde sobre los denunciados embargos valorados en 770.000 euros. Esta es la cuantía que ha abonado el Ayuntamiento por los daños causados en el edificio a partir de que Morant impidiera la ejecución del desahucio.

A los 770.000 euros, se suman otros 3 millones de euros por el gasto público derivado de la liquidación del contrato a favor de la concesionaria. No obstante, ese dinero no se ha incluido en la cuantía total que se ha solicitado a embargar.

Actuación "negligente"

El impulsor del proyecto urbanístico impulsado por el Ayuntamiento de Gandía fue el exalcalde socialista José Manuel Orengo.

Se trataba de una concesión administrativa a 50 años a la promotora a cambio de la construcción de 79 viviendas, con 79 garajes y trasteros, que irían destinadas a la población vulnerable de la ciudad a cambio de un alquiler social que oscilaba entre los 200 y 360 euros, en función de las características de la vivienda. Era la tercera experiencia de estas características en España, después de las acometidas en Madrid y San Sebastián.

En junio de 2015, Morant, recién nombrada alcaldesa de Gandía por el PSOE, se presentó a las puertas del bloque de viviendas, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social. Los medios acompañaron a la joven dirigente socialista e inmortalizaron el momento.  

La Policía Local de Gandía no auxilió a la comitiva judicial, que tuvo que hacer frente sola a la protesta, y el lanzamiento no se pudo ejecutar.

Los tribunales instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta". Pero la jefa de los servicios jurídicos no abrió el expediente de reclamación patrimonial y el dinero se abonó con los fondos municipales.

"Son sumas lo suficientemente relevantes, como para no pasar desapercibidas para el máximo responsable municipal, José Manuel Prieto, actual alcalde del Ayuntamiento de Gandía", relata la denuncia.

José Manuel Prieto y Diana Morant tras ser designada ministra.

El escrito acusa al sucesor de Morant de apartarse "de la defensa de los intereses municipales", ya que "ha preferido consentir y asumir que el pago se realice a costa de todos los ciudadanos, en vez de dirigir su reclamación frente a quienes habían actuado con tal grado de negligencia en el desempeño de su cargo, tal como refrendaban las sentencias dictadas por la Justicia".

Según la denuncia, "los denunciados responsables de estos ilícitos prefirieron retorcer los instrumentos legales que tenían en su mano, no dando el curso legal que era exigido, forzando a su antojo las resoluciones judiciales, dándole un sentido contrario al que expresaban, favoreciendo de forma espuria a las personas que pertenecían a su partido político o con intereses personales cercanos".

Por ello, teniendo en cuenta las sentencias que se han dictado por la vía contenciosa, la denuncia penal advierte ahora que el dinero "debía ser inmediatamente reclamado a la señora Diana Morant y los restantes intervinientes en los sucesos de 30 de junio de 2015, mediante la incoación del expediente de responsabilidad patrimonial".

Pero los otros dos denunciados ni dieron "ningún paso encaminado en tal sentido, sino por el contrario se han dado respuestas absurdas, y en definitiva de bloqueo ilegal, pues no se ha abierto expediente alguno en ese sentido".

"Entendemos que debe seguirse procedimiento penal contra los denunciados, ya que su actuación además de ser constitutiva de delito de prevaricación y constituir un fraude a la administración, se ha cometido produciéndose un grave perjuicio a las arcas municipales, con el objetivo de beneficiar a Diana Morant", destaca el escrito.

Un asesinato

El edifico ocupado de la calle Lima se levanta junto a un instituto de secundaria por donde pasan centenares de adolescentes cada día. 

Unos meses después de que Morant parara el lanzamiento, el 10 de marzo de 2016, la Policía Local de Gandía alertó al jefe del área de Urbanismo de que se estaban produciendo ocupaciones ilegales, entre ellas las protagonizadas por un clan conocido como Los Chatos.

Los agentes denunciaron que, de las 79 viviendas, 56 se encontraban okupadas "de manera irregular". En 13 viviendas "no se pudo verificar si se encontraban ocupadas y vacías" y solo 10 tenían "contrato de alquiler".

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Más de un año después, en octubre de 2017, se produjo un asesinato en el edificio tras una batalla campal de los Chatos contra otro grupo denominado los Fresquitos. Los Chatos ocupaban varias viviendas junto al patriarca de la familia Antonio Gómez Moreno, miembro de este clan, murió asesinado.

La investigación de la Fiscalía constató que en la pelea se emplearon, al menos, una hoz, un cuchillo jamonero de grandes dimensiones y un bate que sacaron de las viviendas okupadas.