Cuca Gamarra y Félix Bolaños, durante su encuentro. EP

Cuca Gamarra y Félix Bolaños, durante su encuentro. EP

Comunitat Valenciana

PP y PSOE incumplen su palabra y dejan el Derecho Civil Valenciano fuera de su reforma constitucional

Ambas formaciones se comprometieron a recuperar la normativa regional aprovechando el cambio para eliminar la palabra "disminuido".

25 enero, 2023 17:09
Valencia

El acuerdo alcanzado por PP y PSOE para eliminar de la Constitución Española el término "disminuido" -con el que la carta magna se refiere a las personas con discapacidad- esconde una 'cara B'. Ambas formaciones se habían comprometido de forma pública a aprovechar esta pequeña reforma para restaurar el llamado Dret Civil Valencià, una serie de normas contempladas en el estatuto de autonomía que están suspendidas desde 2016.

Tanto el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, como el líder de la oposición, Carlos Mazón, "quedan en muy mal lugar" con esta decisión "a cuatro meses de las elecciones autonómicas", según lamenta a EL ESPAÑOL José Ramón Chirivella. El presidente de Juristes Valencians, la asociación que ha liderado la presión para recuperar el compendio de normas valencianas, lamenta "que los representantes valencianos carecen de interlocución y capacidad de influencia estatal"

"Esteban González Pons fue quien más enarboló el Dret Civil Valencià contra el recurso que presentó entonces el PSOE", subraya el dirigente para afear la actitud del partido pese a contar con un destacado valenciano en su cúpula. "Y lo mismo ocurre con el presidente Ximo Puig. Ninguno de los dos ha logrado cambiar las cosas", agrega.

[Gobierno y PP acuerdan reformar la Constitución para eliminar la palabra "disminuido"]

El Derecho Civil Valenciano es un desarrollo normativo impulsado en legislaturas del PP pero tumbado por el Tribunal Constitucionalen 2016 tras los recursos interpuestos por el PSOE. Lejos de aquel choque entre socialistas y populares, ahora todos los partidos de lesCorts Valencianesabogan por su recuperación, con la excepción de Vox y las reticencias de Ciudadanos. Además, la práctica totalidad de los 542 municipios valencianos lo han solicitado en sus plenos.

En esencia, la recuperación del Derecho Civil Valenciano supondría la restitución de tres normas de ámbito familiar: la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano; la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (ley valenciana de custodia compartida) y la 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana.

Pese a la voluntad política conjunta de diputados nacionales, senadores y los diputados de les Corts Valencianes de obtener esta competencia legislativa, prosperaron los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PSOE contra estos desarrollos legislativos del PP. Fueron declarados nulos e inconstitucionales por diferentes sentencias del TC, que vaciaron de contenido práctico las previsiones estatutarias.

Ello obligó a promover a les Corts Valencianes la presente modificación constitucional, que pretende recuperar la autonomía legislativa aprobada políticamente en el año 2006 por el Congreso y Senado, cámaras que son los que en última instancia aprueban los Estatutos de Autonomía.

Juristes Valencians, con el beneplácito del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) convenció a PP y PSOE para incorporarla a la reforma constitucional para eliminar la palabra "disminuido". Y no solo eso. Logró también el compromiso de Podemos y de ERC de que ambas formaciones no aprovecharían esta pequeña reforma para introducir, vía enmienda, cambios más profundos en la Carta Magna que impidieran el acuerdo en la cámara.

Pero finalmente se ha quedado fuera del acuerdo que será sometido a votación, precisamente por el temor de los grandes partidos a que esta pequeña reforma de la constitución tome envergadura y aborde cuestiones delicadas que impidan el acuerdo entre las dos formaciones.

Pacto Bolaños-Gamarra

Como informó este periódico, el acuerdo se produjo este miércoles en una reunión entre el Gobierno y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. En concreto, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la número dos del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra. 

Después de años de bloqueo, la iniciativa para eliminar este término, que supone una ofensa para las personas con discapacidad, saldrá adelante gracias a una reforma exprés de la Carta Magna. La tercera de su historia.

Según ha explicado Bolaños, la reunión con la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP ha sido "cordial" y "constructiva". Ambas partes han coincidido en la necesidad de "reformar el artículo 49 de la Constitución para proteger a las personas con discapacidad y blindar sus derechos".

El responsable de Presidencia del Gobierno se ha felicitado "muy mucho de que el PP haya cambiado su postura y ahora sí se advenga a reformar" el texto constitucional. Hasta ahora, había ciertas reticencias por parte de los populares a dar este paso adelante, ya que temían que Moncloa aproveche la ocasión para atender a demandas de sus socios independentistas como el referéndum en Cataluña. 

[Bolaños llama al PP para reformar la Constitución y eliminar del texto el término "disminuido"]

Sin embargo, el Ejecutivo se ha comprometido con el PP a que la reforma se ciña a "una materia en la que hay un amplísimo consenso". Y, por eso, habrá contactos también con el resto de fuerzas del Parlamento. La intención es contar con el beneplácito de todos los grupos. 

"Vamos a hablar en los próximos días, vamos a intentar acordar un pacto con el PP y el resto de fuerzas políticas, que se ajuste a los sectores de la discapacidad. El Gobierno hablará con los distintos grupos parlamentarios. Hay un consenso político y social muy amplio", ha indicado Bolaños. 

Por su parte, Cuca Gamarra ha reseñado que una de las condiciones puesta por su partido para llevar adelante el cambio de la Constitución es "que cuente con el aval y siga las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado". Algo con lo que el Gobierno, según ha transmitido la dirigente popular, está conforme. 

El otro requisito del PP ha sido que la reforma se circunscriba "única y exclusivamente al artículo 49". Es decir, "que nadie se aproveche de esta circunstancia para intentar otros objetivos".