El 'discapacitado' seguirá siendo 'disminuido' en la Constitución por la falta de acuerdos entre PP y PSOE

Es preciso el acuerdo entre PSOE y PP para que se introduzca esa mínima rectificación de la Constitución para eliminar del artículo 49 un término que ahora es obviamente ofensivo, aunque en 1978 fuera comúnmente aceptado.

Ese artículo señala que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

La sencilla reforma está atascada en la Comisión Constitucional del Congreso, con 55 ampliaciones del plazo de enmiendas, y sin que el presidente de la Comisión (Héctor Gómez) y los dos dos grandes partidos prevean algún tipo de negociación para abordarla.

El 30 de septiembre de 2021 se produjo el debate de totalidad del proyecto de ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de ese año. El texto superó esa votación con el rechazo de PP y Vox, que criticaron el contenido del proyecto remitido por el Gobierno y pretendían evitar siquiera el debate sobre la reforma.

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El PP se opuso a esa reforma porque rechaza el contenido exacto del proyecto remitido por el Gobierno y por otra razón no admitida de forma pública: el temor a que algún partido pueda forzar un referéndum sobre esa reforma.

Ese mínimo cambio del artículo 49 de la Constitución requiere una mayoría de tres quintos, que suman PSOE y PP, sin embargo, el artículo 167-3 de la Constitución señala que, una vez aprobada esa reforma, 35 diputados pueden solicitar que se someta a referéndum. 

Esa mayoría requerida la tienen Unidas Podemos, Vox y los partidos nacionalistas e independentistas. Cuando se llevaron a cabo las dos reformas mínimas anteriores de la Constitución imperaba el bipartidismo y no había opciones de que nadie forzara esa consulta.

Fuentes del PP señalan que el PSOE no les garantiza que sus socios parlamentarios no vayan a forzar ese referéndum, que podría convertirse en una consulta inconveniente sobre la Constitución.

Respecto al contenido, el PP se escuda en el informe preceptivo aunque no vinculante del Consejo de Estado, que prácticamente destrozó la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros.

La propuesta del Gobierno para el artículo 49 señala:

"1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".

El Consejo de Estado señaló en su informe que esta redacción contiene redundancias y errores de técnica jurídica grave.

Cuando el pasado 7 de abril se reunieron en la Moncloa el presidente del Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este asunto estaba sobre la mesa como uno de los posibles pactos. Sin embargo, no salió acuerdo alguno de ese encuentro, a pesar de que el líder de la oposición explica en público frecuentemente que su voluntad es que se apruebe esa reforma de la Constitución.