El juez obliga a Marlaska a renegociar con policías y guardias para equiparar su sueldo al de los 'mossos'

"La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y los guardias civiles cuanto antes". Una sentencia dictada este martes a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL ordena al Gobierno, y más concretamente al Ministerio del Interior, a sentarse renegociar el acuerdo de equiparación salarial para que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil cobren el mismo salario que policías autonómicas como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. 

Las palabras son del juez César González Hernández, el titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 de la Audiencia Nacional, quien insta al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a cumplir al completo el acuerdo de equiparación salarial rubricado en 2018 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El magistrado ordena al Ministerio del Interior que inicie "una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava" del acuerdo con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil que firmaron el primer acuerdo. Ese acuerdo repercutió en el salario de los agentes un incremento de 500 euros al mes de media. Pero ahora se insta a Interior a que renegocie el acuerdo para cumplirlo de manera íntegra, junto con todas sus cláusulas.

Esas dos cláusulas han sido el caballo de batalla en los últimos años de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), dos de las formaciones que sellaron aquel acuerdo, una de cuyas partes no se ha llegado a cumplir, y que ahora han logrado esta histórica victoria en los tribunales.

La cláusula octava del acuerdo dice literalmente: "El Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones".

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Nada se ha hecho desde entonces. En palabras de la AUGC, parte demandante en este procedimiento: "La publicación de una ley de equiparación salarial que reconozca que: a mismo trabajo, misma remuneración; a mismo trabajo, misma jubilación".

Igualmente el Gobierno seguía teniendo pendiente la aplicación de la cláusula tercera de ese acuerdo. Ese punto señala específicamente que se debe incentivar el reingreso de los funcionarios policiales en segunda actividad o reserva al servicio activo. Para esto, señalaba el documento rubricado en 2018, se destinan más 100 millones de euros adicionales con el objetivo de incentivar el reingreso de ese personal al servicio activo.

"Cumplir con las obligaciones"

El juez dice en su dictamen: "El Ministerio del Interior habrá de procurar, con todos los medios a su alcance, cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos". Pese a ello, el magistrado señala que al departamento de Marlaska "no le es jurídicamente exigible que consiga la tramitación de una Ley de Presupuestos Generales del Estado que incluya entre sus partidas las necesarias para cumplir con el incremento retributivo, por la razón de que esa capacidad escapa de sus competencias y potestades".

"Estas medidas no están al alcance de las competencias y potestades del Ministerio. El Ministerio del Interior, firmante del acuerdo, carece de iniciativa legislativa". Ahora bien, remarca el magistrado, al precisarse de la presupuestaria, que es donde se añadiría esa partida, "el Gobierno sólo se obliga a presentar un proyecto de Ley y, en caso, de no incorporarse lo acordado en el proyecto de Ley correspondiente, se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes", dice la sentencia.

"Ahora bien, que el Gobierno de España o, en su caso, las Cortes Generales, puedan asumir el compromiso de equiparación salarial de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los percibidos por los miembros de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas no determina que necesariamente deban hacerlo", continúa el juez.

AUGC y SUP esperan que el Gobierno en funciones no obstaculice el cumplimiento de esta sentencia: "De hacerlo sería sonrojante". Piden también que se les convoque con urgencia a una mesa de diálogo y negociación para el cumplimiento de lo ordenado por la Audiencia Nacional.