La UDEF cree que la trama corrupta de Granada operaba desde hace 15 años

La denuncia que sirvió para detonar la trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada se presentó hace más de un año; en febrero de 2015. Sin embargo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional creen que las prácticas corruptas investigadas en el consistorio se remontan hasta hace casi tres lustros, cuando el actual alcalde, José Torres Hurtado, llegó a la alcaldía de la ciudad en representación del Partido Popular. 

Los investigadores, coordinados por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, trabajan con la tesis de que Torres Hurtado y parte de su equipo de Gobierno beneficiaron durante años a varios empresarios privados a cambio de comisiones. Por ello, registraron tanto el domicilio del primer edil como distintas dependencias policiales y los domicilios sociales de las empresas investigadas, en un caso que permanece bajo secreto de sumario. En total, el juzgado encargado de la causa ha calificado en sus autos a 17 personas como investigados.

Según fuentes judiciales, los acusados por la Fiscalía se enfrentan en total a 10 presuntos delitos: cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio. 

Los agentes de la UDEF trabajan con la tesis de que miembros del ayuntamiento avisaban a los constructores afines para que compraran terrenos a bajo precio, que luego eran recalificados por el gobierno local. Los funcionarios trabajan ahora para confirmar quienes de los funcionarios o técnicos implicados cobraron comisiones a cambio de modificar los planes urbanísticos.  

Torres Hurtado niega los cargos

La operación lanzada ayer se fundamenta en varias denuncias presentadas ante ala Fiscalía de Urbanismo granadina. La primera de ellas se centra en la construcción de una discoteca y una pista de patinaje junto a un centro comercial llamado Serrallo Plaza. Además, los fiscales recibieron otras dos querellas presentadas por empresarios de la ciudad, que se vieron perjudicados por las decisiones urbanísticas del equipo de Torres Hurtado en favor de otros empresarios y competidores.

Según fuentes del caso, una de las denuncias fue presentada por el empresario granadino Ramón Arenas, perjudicado con la invasión de una parcela de su propiedad para la construcción de un polideportivo entregado en 2007 por concesión administrativa a la empresa Fontdeis SL.

A primera hora de la mañana, los agentes leyeron sus derechos al alcalde y le calificaron como detenido para arrancar los registros. Sin embargo, la previsión era que Torres Hurtado fuera puesto en libertad cuando terminara la intervención si los agentes conseguían asegurar la documentación de los expedientes investigados y no encontraban en su vivienda pruebas de cuentas en el extranjero u otra documentación que hiciera pensar en la posibilidad de destruir pruebas.

En los próximos días está previsto que tanto Torres Hurtado, ex delegado del Gobierno en Andalucía, como el resto de los 16 investigados pasen a prestar declaración ante el juzgado encargado del caso. En el caso de Torres Hurtado, su declaración está fijada para el próximo día 12.