En plena ofensiva del Gobierno contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón y las Leyes de Concordia impulsadas por PP y Vox en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, dijo en una rueda de prensa el pasado martes que "España es el segundo país del mundo, tras Camboya, donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra civil y una dictadura posterior".
El ministro recurrió a esta manida comparación al anunciar que el Gobierno va a llevar los casos de Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación de Naciones Unidas, ante el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales del mismo organismo, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa.
De forma paralela, el presidente Pedro Sánchez escenificó el compromiso con una visita sorpresa al Valle de los Caídos, donde se fotografió antes restos mortales de víctimas enterradas en el mausoleo de la Sierra de Guadarrama.
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La comparación de las fosas comunes o los desaparecidos –son cosas distintas– entre la España franquista y la Camboya de Pol Pot se repite como un mantra entre los dirigentes políticos de la izquierda, asociaciones y jueces como Baltasar Garzón desde, al menos, 2008. Aquel año, el entonces magistrado de la Audiencia Nacional incluyó por primera vez la cifra de 114.226 desaparecidos forzosos entre julio de 1936 y diciembre de 1951 en el auto con el que pretendía abrir la causa contra el Franquismo.
A partir de entonces, políticos como Pilar Llop, Carmen Calvo, Dolores Delgado, Irene Montero, Aitor Esteban, Irene Montero o Pablo Iglesias, o asociaciones como Jueces para la Democracia, se han valido de esta comparación para justificar las políticas progresistas en el terreno de la memoria histórica, hasta llegar a Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática. Sin embargo, hasta hoy no hay una sola evidencia de que España sea el segundo país del mundo con mayor número de fosas o de desaparecidos forzosos.
"Es una cifra controvertida y que no se puede documentar porque es inherente a que son desaparecidos. No podemos demostrar que son más de 100.000 ni esa cifra que se maneja para poner a España justo por detrás de Camboya no se corresponde con la realidad", dice José Luis Ledesma, profesor del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y experto en procesos de violencia durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Según coinciden este y otros expertos en este campo, el principal obstáculo para que haya un registro verosímil de desaparecidos de la Guerra y la Dictadura es una "falta de voluntad política". Al contrario que en otros países con episodios similares en su historia, en España, décadas después, todavía no se ha acometido un proceso a fondo de documentación, búsqueda y exhumación de desaparecidos y restos, lo cual ha dejado gran parte de esta tarea a las propias familias de las víctimas.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
No obstante, para Javier Rodrigo Sánchez, profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e investigador del grupo en en Guerra, Radicalismo Político y Conflicto Social (GRECS), "una cosa es que no haya habido una política reparadora y otra es inventarse una cifra para situar a España en el 'top tres' del terror universal".
El origen
El origen de la cifra que sirve a los políticos para poner a España como el segundo país con más desaparecidos viene de una investigación del investigador en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias, en la cual se basó Garzón para incluir en su auto de 2008 el dato de los 114.226 desaparecidos forzosos.
El mismo Rodríguez Arias, que ahora ejerce como abogado en la isla de La Palma, usó la comparación con Camboya en una entrevista en la revista digital Rebelión en 2009: "Seguimos siendo el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot", dijo.
Sin embargo, con el paso de los años y el recurso intermitente a su trabajo, Rodríguez Arias ha tenido que aclarar que su dato siempre se ha malinterpretado. También por parte del ministro Torres el pasado martes. En una entrevista a EL ESPAÑOL | Porfolio en julio de 2022, subrayó nuevamente que él siempre se ha referido "específicamente a las desapariciones forzadas como delitos de lesa humanidad".
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"No estamos hablando ni de desapariciones en general ni de fosas, yo no estoy diciendo que España sea el segundo país del mundo que más fosas tiene, no, ni que sea el segundo país del mundo que más desaparecidos tiene. Ninguna de las dos cosas. Yo estaba diciendo que España es el segundo país del mundo en el delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas", aclaró, en otra entrevista, a El Confidencial, en 2019.
Según esta categoría, la del delito de lesa humanidad de desaparición forzada, Camboya encabezaría el 'ranking' con 1,3 millones de personas. Le seguirían España (114.226), Irak (16.544), Sri Lanka (12.226), Argentina (3.449), Guatemala (3.155), Perú (3.009), Argelia (2.939), El Salvador (2.661), Colombia (1.235), Chile (907), Filipinas (780), Nepal (672), Timor Oriental (502) y Rusia (478).
Los datos son de dos informes del Grupo de Trabajo en Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU de 2009 y 2014. Los enviados de la organización a España se basaron nuevamente en el trabajo de Rodríguez Arias para estimar la cifra de 114.226 y aclararon que no existía una cifra oficial como tal. En aquella entrevista a Rebelión de 2009, el investigador dijo que esta cifra, sin embargo, si se sumaban los niños perdidos del franquismo, ascendía a 142.353.
"En realidad se trata de 340.000 víctimas del franquismo, ciento cincuenta mil desaparecidos, y otros 190.000 ejecutados previa escenificación teatral de un juicio-farsa o muertos en circunstancias no esclarecidas en las cárceles de Franco. Lo titulo así porque esa es la cifra, 143.353 desaparecidos del franquismo", señaló.
El investigador Miguel Ángel Rodríguez Arias durante su entrevista con EL ESPAÑOL | Porfolio en julio de 2022.
Desaparecidos, muertos y fosas
El principal problema para establecer la cifra, más allá de la falta de una investigación respaldada por el Estado y con credenciales científicas, es qué se entiende por "desapariciones forzosas como delito de lesa humanidad". Rodrigo Sánchez, el profesor de la UAB, dice que "no hay una categoría clara sobre qué es desaparición forzosa por parte de todo el mundo".
"Lo que ha pasado en España, como criticó Santos Juliá en un artículo en El País, es una importación acrítica del concepto de desaparecido desde el movimiento de memoria argentino. Metemos a todas las víctimas como desaparecidos y no es así. No lo son ninguno de los identificados por registro, por ejemplo. Un desaparecido es alguien que no se sabe dónde está, no un muerto con nombres y apellidos cuyo cuerpo está en una fosa común", afirma.
Y critica que la cifra en la que se basa el ministro Torres y otros políticos "no está vinculada a ninguna investigación verificable". "Uno de los primeros en decir lo de Camboya también fue Emilio Silva", fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), dice el profesor.
"Al principio no se refería al número de desaparecidos, sino al número de fosas, que son cosas muy diferentes. Aventaron un número de fosas comunes con el que construir la narrativa del movimiento memorialístico y lo compararon con Camboya, y es indemostrable. Luego pasaron al número de desaparecidos con la misma imprecisión".
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En este sentido, el profesor Martin Shaw, del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) y experto en genocidios, dice que "las cifras sobre el número de desapariciones son siempre muy políticas". Y también menciona el caso de Argentina: "El caso contemporáneo donde han sido más importantes es probablemente el de Argentina después de la dictadura militar".
Más allá de la controvertida categoría de desaparecidos forzosos como delito de lesa humanidad, para Ledesma, el profesor de la UCM, las cifras en España son imposibles de establecer porque no existe un número oficial respaldado científicamente. Al respecto de la cifra de Rodríguez Arias, que no entra a valorar, dice: "No podemos estar hablando de más de 100.000 desaparecidos si hay alrededor de unas 150.000 víctimas del franquismo, cuya mayoría son muertos que no pueden contar como desaparecidos. Son muchos menos".
El profesor añade, en consonancia con sus colegas, que existe "una confusión entre las víctimas de violencia por parte de los sublevados y los que son estrictamente desaparecidos".
Por su parte, Elisenda Calvet, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, ha estudiado el número de fosas comunes en España y el número de desaparecidos. Según los datos que cita del Ministerio de Justicia en 2011, en España hay registradas 4.265 fosas y se han contabilizado un total de 57.911 víctimas. Y sobre esto, estima que hay 100.000 personas desaparecidas, pero de nuevo huye de la categoría de desapariciones forzosas de lesa humanidad.
Restos de represaliados durante el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya tras ser exhumados de una fosa común.
"La desaparición forzosa es la que se ejerce sistemáticamente desde el Estado y que se refiere estrictamente a personas no identificadas, pero también hay desaparecidos como consecuencia del conflicto, desaparecidos forzosos que sabemos que están muertos, etc. Es imposible establecer un número más allá de estimaciones porque, además, los números por comunidades autónomas contradicen los números estatales, y viceversa", dice en conversación con este periódico.
La profesora señala que la cifra oficial de víctimas, desaparecidos y no desaparecidos, que España ha comunicado al Comité de Desapariciones Forzosas de la ONU, según un informe de seguimiento presentado en 2015, es de 45.134 víctimas. "Seguramente son muchas más, pero todo lo que se salga de ahí son estimaciones, es imposible comprobarlo a día de hoy por la ausencia de una gran investigación estatal", asegura.
Otros países
Aun si la cifra –imposible de establecer– a la que recurren políticos y asociaciones fuese una estimación válida, existen razones para creer que ésta no situaría a España como el segundo país con mayor número de desaparecidos. "Es un error histórico de grandísimo calado por una tendencia en ciertos sectores a interpretar el pasado en base a montañas de cadáveres. Si hablamos de desaparecidos, ¿cuántos tiene Hungría, donde en 1944 desaparecieron medio millón de judíos? O Polonia, donde los desaparecidos llegan a cinco millones…", dice Rodrigo Sánchez, de la UAB.
Junto a los mencionados ejemplos de Polonia y Hungría, los desaparecidos en la China de Mao ascenderían a 45 millones, en la Unión Soviética, entre 4 y 20 millones; en Armenia, durante el genocidio del Imperio Otomano, entre 800.000 personas y 1 millón; en Irak, según la Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas (ICMP), los desaparecidos serían 250.000, entre ellos, 100.000 kurdos; en Vietnam se calcula que podrían ser entre 300.000, según el mismo ICMP, y 1,1 millones, según el gobierno vietnamita… En todos estos casos, las fosas comunes son incontables.
En el caso de la recurrida Camboya, el mismo ICMP apunta a que, durante el régimen de los Jemeres Rojos murieron al menos 1,7 millones de personas, de las cuales, la gran mayoría estaría desaparecida. En el caso de España, el organismo no tiene ninguna estimación, y de ser la cifra de los 114.226, distaría con mucho de ser el segundo país. De hecho, en 2021, el organismo dio esa 'posición' a Sri Lanka, aunque sin determinar un número concreto de muertos y desaparecidos.
Más allá de la competición por las cifras y su uso político para apuntalar un determinado relato, en lo que coinciden los expertos es que es necesario acometer una profunda investigación que pueda determinar el número de muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra. "Las sociedades humanas se caracterizan por respetar a sus muertos y darles una sepultura digna. No puede ser que se cargue toda esta responsabilidad a las familias con una subvención", concluye Ledesma, el profesor de la UCM.
