El escrito con el que Juan Carlos Campo, magistrado del Constitucional y ex ministro de Justicia con Pedro Sánchez, ha argumentado su abstención en uno de los dos recursos de amparo presentados hasta el momento contra la Ley de Amnistía ha generado un terremoto cuya onda expansiva podría acabar impactando en otros jueces del tribunal.

Juan Carlos Campo alega en su escrito que "el razonamiento utilizado en mi condición de ministro de Justicia al justificar las propuestas motivadas de indulto parcial permitiría argumentar externamente una duda sobre mi imparcialidad objetiva para la evaluación del presente recurso de amparo, en tanto se pudiera considerar que tengo un interés directo o indirecto en su resolución, en la medida en que incluía una valoración expresa sobre la inviabilidad constitucional de la amnistía". 

Alude aquí el magistrado a las propuestas de indulto, firmadas por él cuando era ministro de Justicia, en las que afirmó que las penas ya cumplidas por los indultados del procés eran "un efecto de la sentencia que ni se puede ni se pretende borrar". En esas propuestas, Campo dijo también que la amnistía es "claramente inconstitucional".

Y de ahí la posibilidad, cierta, de que se pudiera poner en duda la "imparcialidad objetiva" de Campo en el mencionado recurso de amparo alegando un interés "directo o indirecto" en una causa sobre la que ya se expresó, negativamente, en el pasado. 

Absteniéndose, Campo ha abierto así la puerta a la posible recusación de otros magistrados del tribunal que también podrían ser víctimas de esas dudas sobre "su imparcialidad objetiva" sobre la base de unos supuestos "intereses directos o indirectos". 

Es el caso, principalmente, de la otra magistrada nombrada directamente por el Gobierno de Pedro Sánchez, Laura Díez Bueso.

Y no sólo por el hecho de haber sido nombrada para el puesto por el mismo Gobierno interesado en que la Ley de Amnistía sea declarada constitucional, sino por el hecho de que Laura Díez ocupó el puesto de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a las órdenes del entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. 

Es decir, a las órdenes de uno de los principales responsables de la Ley de Amnistía, actual ministro de Justicia y encargado también hoy de Presidencia y de Relaciones con las Cortes. Un superministro al que podría suponérsele sin demasiado esfuerzo un evidente ascendiente sobre Laura Díez. Es el "interés directo o indirecto" del que habla Campo en su escrito y que serviría para plantear una duda razonable sobre su imparcialidad. 

Por supuesto, Laura Díez Bueso no tiene ninguna obligación de imitar a Juan Carlos Campo. La magistrada puede alegar, por ejemplo, que ella no ha realizado jamás una declaración pública ni firmado ningún documento en el que se posicione de forma tan clara sobre la amnistía como lo hizo en su momento el ex ministro de Justicia. 

Pero la batalla por la Ley de Amnistía no se juega sólo en el terreno de lo político y de lo jurídico, sino también en el de la percepción pública. Y parece evidente que los argumentos con los que en el futuro se pedirá la recusación de Laura Díez Bueso, muy similares con toda seguridad a los esgrimidos por Campo en su escrito, tienen más consistencia de lo que convendría al Gobierno que la nombró para el puesto. 

Argumentos en los que debería haber pensado el Gobierno, pero sobre todo Félix Bolaños, antes de nombrar para ese cargo a una de sus más estrechas colaboradoras. Porque lo que es seguro es que el escrito de Campo ha abierto la batalla de las recusaciones en el Tribunal Constitucional, y que el resultado es incierto.