Por primera vez en la historia, la Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hizo ayer viernes contra el presidente ruso, Vladímir Putin, tras acusarle de la deportación ilegal de miles de niños desde las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa.

"Hay motivos razonables para creer que Putin tiene la responsabilidad penal por los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros, y por su incapacidad para ejercer el control adecuadamente sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitido su comisión, y quienes estaban bajo su autoridad y control efectivos", dice el comunicado de la CPI.

Tras conocerse la noticia, Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin, ha afirmado que Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional y ha añadido que la orden de arresto está "vacía" y es "nula". Unas palabras que han sido replicadas casi palabra por palabra por Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Rusia era uno de los firmantes del Estatuto de Roma, pero se desvinculó de él en 2016. 

La orden ha sido dictada sólo 72 horas antes de que Putin reciba en Rusia al líder chino, Xi Jinping, en una visita oficial que empezará este lunes. Uno de los principales objetivos de la reunión es la búsqueda de una salida negociada a la invasión de Ucrania, algo que no será en principio aceptado por ningún país occidental, y mucho menos por los Estados Unidos, dada la alianza de China y Rusia. 

La probabilidad de que Putin sea detenido a raíz de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional es muy baja. Tampoco puede ser juzgado en ausencia en el Tribunal de La Haya, aunque la decisión limitará el margen de movimientos de Putin al menos en los países del bloque occidental.

Pero la orden de arresto contra Putin no es un gesto meramente simbólico. Como ha afirmado el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, la orden es el punto de partida del proceso de exigencia de responsabilidades a Vladímir Putin por sus crímenes de guerra en Ucrania. 

Un estudio de la Universidad de Yale cifra en al menos 6.000 los niños ucranianos que han sido separados de sus padres, trasladados a Rusia o a las zonas de Ucrania controladas por Rusia, y que serán educados de acuerdo a los designios del Kremlin. Fuentes gubernamentales ucranianas hablan de 10.000 niños en total.

La CPI también ha dictado una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia. 

Pero no son esos los únicos crímenes de guerra de los que se acusa a Putin, sino los primeros por los que se ha pedido su procesamiento. Porque al presidente ruso se le atribuyen también otros crímenes de guerra en Ucrania, como el uso de armamento prohibido, y la muerte de miles de civiles cuyos cadáveres han sido enterrados, en la mayoría de los casos, en fosas comunes desperdigadas por todo el territorio ucraniano. 

La orden de arresto contra Putin no tendrá un efecto inmediato ni detendrá a los invasores en Ucrania, pero manda un mensaje claro a los altos cargos y funcionarios del régimen ruso, que ahora saben que sobre ellos pende la misma espada de Damocles que amenaza al presidente de su país.

Abre también la posibilidad a que un futuro líder ruso decida congraciarse con Occidente entregando a un debilitado Putin al tribunal de La Haya. Eso, de hecho, es lo que ocurrió con el líder serbio Slobodan Milošević, que fue entregado a la CPI por el primer ministro Zoran Djindjić. 

La orden de arresto de la CPI, en definitiva, convierte a Putin, si es que no lo era ya, en un paria internacional y en el principal responsable de algunos de los peores crímenes de guerra que el mundo ha visto durante las dos últimas décadas.

Por desgracia, el siglo XXI no ha librado al planeta de los monstruos que lo asolaron durante la primera mitad del XX. La lucha contra ellos no debe ser, por tanto, menos firme de lo que lo fue entonces. Y la orden de la CPI es un buen paso en ese sentido.