El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se quedó ayer martes a un solo voto de renovar el Tribunal Constitucional. De haber contado con ese voto, los candidatos César Tolosa y Pablo Lucas habrían resultado elegidos como magistrados. Pero la insistencia del sector progresista en el candidato José Manuel Bandrés desbarató el posible acuerdo. Bandrés es clave para que el próximo presidente del TC sea Conde-Pumpido, como desea el Gobierno. Es también uno de los motivos de la reforma legal que este lunes fue suspendida de forma cautelar por el TC.

Bandrés es hoy, por tanto, el nudo gordiano de la renovación del Constitucional. Para el Gobierno, Bandrés es un elemento fundamental del futuro TC. Para el PP, Bandrés, al que los sectores conservadores de la magistratura presuponen una muy escasa independencia de criterio con respecto al Gobierno, es radicalmente inaceptable.

La pregunta es si el PP dispone de las cartas necesarias en su mano para forzar el brazo del Gobierno. Porque la pregunta no es si el Ejecutivo acabará haciéndose con el control del Tribunal Constitucional, sino cuándo ocurrirá eso y en qué condiciones. El PSOE, de hecho, ya ha anunciado que presentará esta misma semana la reforma que tumbó este lunes el TC, aunque esta vez en forma de proposición de ley. 

Frente a eso, lo único que le quedaría al PP es un futuro recurso de inconstitucionalidad que tardaría meses, cuando no años, en resolverse. Es decir, demasiado tarde para evitar que el Gobierno, como ha ocurrido durante las cuatro décadas anteriores tanto en beneficio del PP como del PSOE, consolide una mayoría afín en el TC. 

Pero lo que le conviene a la sociedad española y a las instituciones democráticas en estos momentos de extrema crispación es que el Poder Judicial elija con la mayor brevedad posible a sus dos candidatos al Constitucional, de manera que se complete por fin el grupo de cuatro junto a los dos escogidos por el Gobierno: el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex directora general de Presidencia Laura Díez. 

Y es tan importante que la renovación se produzca, pero sobre todo que se produzca por el procedimiento regulado, que quiénes sean los magistrados pasa a ser una consideración secundaria. Los dos partidos deben renunciar a sus vetos cruzados por un bien mayor. Y si uno de ellos renuncia a ceder, atrincherado en sus exigencias, lo debe hacer el otro partido en solitario. Por más contraintuitiva que parezca esa 'cesión'. 

El Tribunal Constitucional actuó de forma correcta, lógica y valiente este lunes concediendo las cautelarísimas pedidas por el PP y suspendiendo la reforma exprés del sistema de elección de los magistrados del propio TC. Al tribunal de garantías corresponde asegurar el respeto a la Constitución, convenga o no a la mayoría parlamentaria y a los propios magistrados. Y este lunes, el TC cumplió con su tarea. 

Pero esa valoración, la de la victoria del PP, no puede soslayar el hecho de que la renovación del TC acumula seis meses de retraso ya. Un periodo ciertamente no excesivo (en anteriores ocasiones esa renovación se ha demorado durante años), pero que se suma al, este sí excesivo, periodo de cuatro años de retraso en la renovación del CGPJ. 

Y eso, sumado a unas medidas cautelares que a ojos de buena parte de la opinión pública, condicionada por el relato del Gobierno, beneficia a los magistrados del TC (dado que retrasa su propia renovación), puede acabar resultando en un cóctel difícil de digerir para el PP con vistas al tenso año electoral que se avecina.

Que el ruido mediático marque en buena medida la agenda política es una de las penitencias de nuestra época. Pero ningún estratega político racional lo desecharía como irrelevante. 

La realidad es que el PP no controla el resultado final de esta disputa. La nueva proposición de ley que presentará el PSOE adolecerá de los mismos defectos de fondo que las enmiendas suspendidas el lunes por el TC (y EL ESPAÑOL cree que esas medidas son muy probablemente inconstitucionales), pero serán correctas desde un punto de vista del procedimiento. Y, por lo tanto, entrarán más tarde o más pronto en vigor. 

El bien mayor a salvar por el PP no es por tanto la composición final del TC, una batalla que los populares tienen muy difícil ganar, sino la preservación de las mayorías cualificadas en la elección de los magistrados del propio TC y de los vocales del CGPJ. Porque son esas mayorías la garantía del correcto funcionamiento del sistema, y no el hecho de que el TC cuente con una mayoría progresista o conservadora.

En última instancia, esas mayorías sólo adquieren relevancia en función de la agenda legislativa del Gobierno que gane en las urnas. ¿Qué importancia tiene, en fin, una mayoría progresista en el TC si el PP revoca la reforma de la malversación ejecutada por este Gobierno y reintroduce las penas anteriormente vigentes? ¿De qué manera podría el Constitucional impedir la reversión a una situación anterior perfectamente constitucional?

El escoramiento del TC es inexorable y consecuencia de su propia conformación. Y las diferencias entre Bandrés y Pablo Lucas, evidentes por otra parte, no valen el desgaste por el que pasará el PP. Sobre todo si el resultado final acaba siendo un TC con Bandrés en él y, además, una reforma del sistema de mayorías cualificadas. 

Porque el desmontaje del consenso que exigen las mayorías cualificadas es el desmontaje de la arquitectura constitucional del 78. Y la Moncloa bien vale un Bandrés.