"La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno", dijo Pablo Iglesias tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. "La sentencia que hemos conocido hoy es una prueba más de que tenemos un partido delincuente al frente de los mandos del Gobierno", añadió. Y luego escribió en su cuenta de Twitter "Ciudadanos y PNV apuntalaron a los corruptos en el poder". "Me repugna", solía decir la alcaldesa de Barcelona y virreina de Podemos en Cataluña, Ada Colau, cuando era preguntada por el caso Gürtel.
"Queremos una España limpia, sin corruptos", dijo Miquel Iceta tras la sentencia. "¡Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, por Dios, líbranos de ellos!", gritó hasta que su pulcro corazón socialista se le salió de la boca durante un acto del partido. Más calmado, Iceta añadió el 28 de mayo de 2018: "Presentar una moción de censura es una obligación democrática después de conocer la sentencia del caso Gürtel y la reacción de Rajoy".
A los pocos días, Podemos y PSC votaron "sí" a la moción de censura que descabalgó de la presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy en beneficio de Pedro Sánchez. Para el PP, el monto total del beneficio obtenido de la trama organizada por Francisco Correa y Luis Bárcenas había ascendido a 245.492,8 euros.
Avancemos un año y medio.
"La disposición de fondos públicos que damos por acreditada supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros", dice el Tribunal Supremo en la sentencia del procés. "Ampliamente".
A diferencia de los casos de Correa y Bárcenas, que no ostentaron jamás ningún cargo público en el PP, la malversación de los fondos públicos empleados en la celebración del referéndum del 1-O fue "ejecutada por quienes tenían la condición de autoridad". Son palabras del propio Tribunal Supremo.
No hace falta ni siquiera recurrir al delito de sedición para llegar a la conclusión de que el caso Procés, tanto por la cantidad malversada como por la condición de cargos públicos de quienes la malversaron, supera con mucho la gravedad del caso Gürtel. Recordemos: un caso que mereció una moción de censura contra un partido que apenas había sido condenado "a título lucrativo" por una cantidad equivalente al 0,2% de sus ingresos anuales.
Si a la malversación añadimos el delito de sedición, el caso Procés emerge como el delito político más grave de la historia de la democracia española. Quién le iba a decir a Tejero, Armada y Milans del Bosch que el nacionalismo catalán llegaría en 2019 para superarles con holgura. Porque al menos ellos no malversaron. Tampoco eran cargos electos ni ostentaron las más altas responsabilidades en una comunidad autónoma con un presupuesto de decenas de miles de millones de euros y una fuerza armada propia de 17.000 hombres.
Pues bien. Ahí tenemos al que es sin duda alguna el delito político más grave de la historia de la democracia española. Por un delito de una gravedad minúscula en comparación con el castigado por el Tribunal Supremo este lunes, Podemos y PSC exigieron una moción de censura. En 2018, a Iceta le había molestado especialmente "la reacción" de Rajoy tras la sentencia, no lo suficientemente penitente a su parecer. No quiero ni saber qué debe de pensar el líder del PSC de la de Oriol Junqueras, que dijo el lunes que la independencia "es inevitable".
Intuyo que España anda en vilo a la espera de las represalias de Pablo Iglesias, Ada Colau y Miquel Iceta contra los partidos nacionalistas catalanes que idearon, promovieron, apoyaron y ejecutaron el procés. La moción de censura contra Quim Torra la doy por supuesta. La duda es si, a la vista de la gravedad de los delitos, piden también la ilegalización de ERC y JxCAT.
Sería la reacción lógica de quienes dicen no soportar a delincuentes y corruptos en el poder. Cualquier otra reacción me sorprendería, viniendo de acreditados demócratas como ellos.