¿Después de Sánchez, Companys?

Los informes del gobierno reiteran una y otra vez que, en estos cinco casos, no hay el menor atisbo de "arrepentimiento" ni "razones de justicia y equidad" para concederles el perdón. Pero esas objeciones quedan engullidas por la existencia de "ineludibles y prioritarias razones de utilidad pública".

¿"Ineludible"? ¿"Prioritario"? Con estos dos desconcertantes adjetivos queda descrito el movimiento político que Sánchez ha decidido emprender. Según él mismo, para reencauzar el "conflicto catalán" mediante el diálogo. Según sus adversarios, para subsistir en la Moncloa con apoyo de los separatistas los dos años y medio que quedan de legislatura.

Si el indulto en bloque fuera "ineludible" es que no habría otra alternativa, ni siquiera el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados que él mismo defendía hace año y medio y que no tendría que ser incompatible con las políticas de diálogo y flexibilidad. Si fuera "prioritario" es que tendría mayor urgencia que muchas de las necesidades sociales pendientes de abordar, tantas veces señaladas en los más diversos ámbitos.

Yo más bien creo que se trata de una iniciativa temeraria y contradictoria. Lo primero parece obvio pues se está devolviendo la capacidad de obrar a quienes se considera que es posible o incluso probable que vuelvan a tratar de delinquir. Lo segundo se deriva del idéntico trato a quienes se han comportado de manera diferente.

De la lectura de los informes se deduce que, de forma sincera o impostada, Junqueras, Forcadell, Romeva y Bassa habían dado motivos, o al menos pretextos, que justificarían el perdón. Excarcelando a los nueve a la vez, se desvirtúa el carácter individual del indulto para aproximarnos más al indiscriminado borrón y cuenta nueva de la amnistía que ellos exigen y la Constitución prohíbe.

Puestos a apostar por la caída del caballo de Saulo, camino de Lledoners, ¿por qué no hacerlo de manera completa, permitiéndole incluso llegar a la Presidencia de la Generalitat?

Es más, puestos a ser crédulos y a apostar por el optimismo de la buena voluntad, ¿por qué no haber otorgado un indulto más amplio a ese Junqueras que, según el gobierno, tiene "un peso indiscutible en el devenir de las relaciones entre Cataluña y España" y es "una persona clave para restaurar la convivencia"?

Máxime cuando el gobierno percibe que Junqueras "ha desarrollado pensamientos autocríticos" y admite que "hemos de acatar las leyes", al reconocer que las vías unilaterales "ni son viables ni deseables".

¿Por qué privar a este hijo pródigo que, siendo "persona clave", parece dispuesto a volver, según el Gobierno, a la casa paterna de la legalidad constitucional, de la posibilidad de contribuir a "restaurar esa convivencia", manteniéndole inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante los diez años que le restan de condena?

Puestos a apostar por la caída del caballo de Saulo, camino de Lledoners, ¿por qué no hacerlo de manera completa, permitiéndole incluso llegar a la Presidencia de la Generalitat, que ahora ejerce por persona interpuesta, tras las próximas elecciones? Eso sí que dividiría al independentismo, comprometiendo a Esquerra de nuevo con el marco estatutario y dejando en el limbo a Puigdemont. Me dicen que así lo planteó una ministra y que eso fue lo que alargó más de lo previsto el Consejo del pasado martes.

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A partir de ahora, ¿cuál es realmente el plan de Sánchez? ¿Un nuevo Estatuto que supere a la vez el listón del TC y el de las exigencias separatistas, con referéndum incluido? ¿Una consulta pactada sobre la autodeterminación, sin fuerza legal vinculante que pondría contra las cuerdas al Estado? ¿Una reforma federal de la Constitución, como acaba de proponer Iceta, con o sin amnistía incorporada, que naturalmente no tendría el respaldo de los tres quintos del Congreso requeridos y tampoco satisfaría las pretensiones antiigualitarias de los indepes? No hay viso alguno de que ninguna de estas tres quimeras pueda transformarse en realidad.

Yo casi diría que el único plan de Sánchez es ganar tiempo, convirtiendo el diálogo en una pescadilla que se muerda la cola. Que si la cita con Aragonés, que si las garantías sobre la mesa, que si la composición de la mesa, que si la verificación de la mesa, que si la bilateralidad de la mesa.

Esquerra podría jugar a eso. Se parecería mucho a aquel club de ajedrez de la universidad en la que di clases en Pennsylvania, hace casi medio siglo, cuyos miembros siempre se reunían para debatir sus estatutos y actividades pero nunca para jugar al ajedrez. El problema, claro, es que Puigdemont sólo vive para intentar reanudar la partida del procés con el medio gobierno catalán que sigue en sus manos.

Una cosa es que les otorguemos el perdón y otra que les regalemos el relato

La cogobernanza de los fondos europeos puede servir, entre tanto, de narcótico, en forma de inversiones en Cataluña que favorezcan el acercamiento clientelar de los empresarios a la Generalitat. Ese parece, de hecho, el único "reencuentro" a la vista que la CUP y otras fuerzas antisistema ya se encargarán, por supuesto, de intentar frustrar.

A pesar de que este es mi análisis del tablero catalán, de que no veo una hoja de ruta por ninguna parte y de que, como digo, no encuentro consistencia ni lógica interna en los indultos, debo reconocer que empezaba a sentirme predispuesto a poner todo tipo de cataplasmas morales del estilo "give peace a chance", veamos lo que pasa o Sánchez tiene derecho a intentarlo, como si fuera un dócil socialista, siempre fiel a la línea del partido, incluso contra la opinión de la inmensa mayoría de los lectores. Pero la reescritura de la historia reciente, el relato tan groseramente falaz como flagrantemente dañino y potencialmente letal para España que adereza los indultos, me impide autoengañarme.

Porque una cosa es que les otorguemos el perdón y otra que les regalemos el relato.

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Según el informe del Gobierno, lo ocurrido en 2017 "evidencia los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo". Esa "inacción del Gobierno de España del momento" -lo dice dos veces en un mismo párrafo- fue la que generó "el desencuentro y la judicialización".

Todavía estoy frotándome los ojos porque lo que todos los españoles, y desde luego yo mismo muy de cerca, vivimos aquellos años es que el nacionalismo se tiró al monte primero del soberanismo y luego del separatismo, cuando Rajoy se negó a acceder al pacto fiscal que le exigía Mas para que los catalanes dejaran de ser solidarios con el resto de los españoles.

A partir de ahí, fueron sucediéndose los actos de deslealtad institucional y desafío al orden constitucional con la consulta ilegal de 2014, la convocatoria de "elecciones constituyentes" en 2015, la promesa de investidura de Puigdemont de crear "estructuras de Estado" en 2016, las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de 2017 -cuya bochornosa e ilegal tramitación llevó a los propios diputados del PSC a abandonar el Parlament-, el violento asedio a la consejería de Economía del día 21 de ese mismo mes, el referéndum del 1 de octubre, expresamente prohibido por los tribunales y la efímera declaración de independencia de la República de Cataluña el 27 de octubre.

La "inacción" de Rajoy, entre mansurrón y pastueño, consistió exactamente en lo contrario de lo que ahora orwellianamente se le achaca

Fue esta suma de actos unilaterales la que quebró el "diálogo" que el Gobierno de Rajoy había tratado de mantener a través de la llamada "operación Soraya", en la que tanto intervino el actual conseller de Economía, antes de su sorprendente salida del armario.

Fue esta suma de actos delictivos la que obligó a intervenir a los tribunales, "judicializando" lo ocurrido, a instancias, no de ningún gobierno, sino del ministerio público y de los particulares ofendidos, con todas las garantías del Estado de Derecho.

La "inacción" de aquel Rajoy, entre mansurrón y pastueño, consistió exactamente en lo contrario de lo que ahora orwellianamente se le achaca. O sea, en no haber aplicado mucho antes el artículo 155 de la Constitución y en haberlo limitado a un estúpido mete y saca cuando no tuvo más remedio que hacerlo. Y si hubo un cómplice de esa "inacción" fue el propio Sánchez que, abducido por el apoyo interno del PSC, primero se puso de perfil y luego condicionó su respaldo a que no se interviniera -craso, monumental error- esa máquina de infectar catalanes que es TV3.

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La prueba definitiva de la mala fe de este relato embustero del Gobierno la encontramos en el párrafo siguiente -punto 26 del informe- que literalmente dice: "El último gran acuerdo político transversal en Cataluña fue en 2006 con la aprobación del Estatut. Aquel esfuerzo social y político para elaborar y aprobar un nuevo marco jurídico alcanzó un 74% de votos favorables, algo que hoy parece impensable".

¿Por qué se omite que de aquel "gran acuerdo", fruto de una insensata promesa electoral y no de una demanda social, fue excluido -por primera vez en 30 años de democracia- el principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué se omite que ese 74% de síes sólo representó a una modesta minoría de catalanes, toda vez que la participación en el referéndum fue de apenas el 48%? ¿Y por qué se omite que el TC, obligado a pronunciarse a posteriori desde que el PSOE eliminó el recurso previo, declaró inconstitucionales 14 de sus artículos, por ocho votos contra dos, y sometidos a interpretación 27 artículos más, por seis votos contra cuatro?

Pues se omite todo esto porque el fin oculto de los indultos es convertir al PSOE en el único interlocutor estatal con fuerza y disposición suficientes para negociar con el separatismo catalán y al PP -escoltado por Vox y Ciudadanos- en la expresión contemporánea de la secular intransigencia de la España autoritaria, centralista y retrógrada que, al menos desde 1714, ha reprimido la voluntad de Cataluña y por ende el progreso y bienestar de los catalanes.

Huelga recordar que fue la entrada de los ministros de la CEDA en el gobierno radical de Lerroux lo que dio pie al golpe duro de Companys de octubre del 34

Este cuento chino, estimulado cada día, a cada hora, por los medios de comunicación públicos, tendría unas consecuencias limitadas si sólo sirviera para mantener en el tiempo, casi de forma estructural, la alianza del PSOE con las fuerzas separatistas catalanas y vascas. Incluso si se limitara a generar un efecto de profecía autocumplida en relación con las resoluciones judiciales que puedan dictarse próximamente en Europa. Todo eso sería sobrellevable, aunque implicara la continuidad de Sánchez en el poder durante otra legislatura.

Pero la bomba de relojería que de manera tan mendaz, frívola e irresponsable se está poniendo en marcha, estallaría inexorablemente el día que unas elecciones generales, en el 22, en el 23 o en el 27, otorgaran mayoría absoluta a las fuerzas caricaturizadas como "anticatalanas" que quedan a la derecha del PSOE. O sea, el día que se materializara lo que, según refleja nuestra última encuesta, sucedería si se votara hoy mismo: la alternancia que es ley de vida en cualquier democracia.

Los hechos se concretarían de manera diferente, pero huelga recordar que fue la entrada de los ministros de la CEDA, partido vencedor de las elecciones, en el gobierno radical de Lerroux, lo que, al ser interpretado como un agravio intolerable para la concepción de la República que imperaba en Cataluña, dio pie al golpe duro de Companys de octubre del 34.

Si tenemos en cuenta que el antecedente había sido el golpe blando de Macià en abril del 31 y que Companys y sus cómplices fueron indultados y volvieron a intentar la separación de facto de la República durante la Guerra Civil, no será difícil concurrir en el dictamen de la sabiduría popular que dice que siempre que se actúa igual, termina sucediendo lo mismo.