Por qué el pacto entre Merkel y Macron no resuelve los problemas de la eurozona

Además de la crisis migratoria, la reforma de la eurozona es el plato fuerte de la cumbre de líderes de la UE que se celebrará el 28 y 29 de junio, y que los ministros de Economía preparan este viernes en Luxemburgo. Se trata de corregir los defectos estructurales que estuvieron a punto de destruirla durante la crisis de deuda y hacerla más resistente a turbulencias como las que ha vuelto a provocar la llegada al poder de un Gobierno populista y euroescéptico en Italia. El primer paso lo han dado esta semana el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller Angela Merkel, al anunciar un acuerdo para crear un presupuesto específico para los países que comparten el euro.

"Estamos abriendo un nuevo capítulo", aseguró Merkel el martes tras su reunión con Macron en el palacio de Meseberg, a las afueras de Berlín, en la que los dos mandatarios firmaron una declaración política conjunta. "Será un auténtico presupuesto, con ingresos anuales y gastos", presumió el presidente francés. París ha presentado este acuerdo como una victoria política: es la primera vez que Merkel acepta formalmente una propuesta que hasta ahora había rechazado o al menos frenado y que en su propio partido siguen cuestionando. Alemania teme convertirse en el pagador de último recurso de la UE. 

En teoría, el pacto Merkel-Macron allana el camino para un acuerdo entre los 19 países de la eurozona en el Consejo Europeo de la semana que viene. Los dos líderes representan a los dos bandos enfrentados en el debate, norte contra sur: con Merkel están los países más duros como Holanda o Finlandia, mientras que España, Portugal o Grecia se alinean con las ideas más integracionistas de Macron.

Pero lo cierto es que el acuerdo de Meseberg es sobre todo un gesto simbólico. Si se examina la letra pequeña, se queda muy lejos de las ambiciones del presidente francés. Finalmente Merkel ha impuesto la mayoría de sus tesis y sólo ha aceptado cambios cosméticos, que a juicio de muchos economistas resultan insuficientes para garantizar la supervivencia a largo plazo de la eurozona. También la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha dicho este jueves que el pacto franco-alemán se queda corto.

Un presupuesto minimalista

"Proponemos establecer un presupuesto de la eurozona dentro del marco de la UE para promover la competitividad, la convergencia y la estabilización, a partir de 2021", reza la declaración de Meseberg. Sin embargo, el documento no menciona ninguna cifra. Macron reclamaba una dotación equivalente a varios puntos del PIB de la eurozona, mientras que Merkel lo rebajó a alrededor de 50.000 millones en siete años en una reciente entrevista. Si se analizan los detalles de lo acordado, el compromiso está más cerca de lo que defiende la canciller que de la ambición de Macron. 

Su función principal no será de estabilización en tiempos de crisis como reclamaba el presidente francés, sino impulsar la competitividad y la convergencia. "Podría financiar nuevas inversiones y sustituir al gasto nacional", señala la declaración. Es decir, es una idea muy similar al minifondo de estabilización de inversiones que acaba de proponer la Comisión, cuya potencia de fuego apenas alcanza los 30.000 millones en siete años. Lo más positivo es quizá el compromiso de Merkel y Macron de estudiar la creación de un seguro europeo de desempleo, eso sí, sin transferencias permanentes. Esta idea cuenta con el apoyo de reputados economistas, que la consideran un "pequeño primer paso" para una unión fiscal plena, según explicaba a este periódico el profesor Paul de Grauwe.

Para financiar este modesto presupuesto de la eurozona, Alemania y Francia resucitan una idea zombie, la tasa a las transacciones financieras, que lleva cuatro años discutiéndose en la UE sin ningún avance. También se habla como fuentes de ingresos de la tasa a los gigantes de internet o de la base armonizada del impuesto de sociedades, dos propuestas que también están bloqueadas; o de contribuciones nacionales. En definitiva, unos planes todavía muy difusos e imprecisos.

Se mantienen los vetos para usar el fondo de rescate

Una de las sorpresas del acuerdo entre Merkel y Macron es que renuncia a rebautizar el fondo de rescate de la UE (MEDE) con el nombre de Fondo Monetario Europeo, como se había especulado durante meses. Eso sí, se refuerzan los poderes del MEDE a la hora de diseñar los programas de rescate, en detrimento de la Comisión. Alemania y Francia quieren además facilitar la concesión por parte del MEDE de líneas de crédito preventivas a aquellos países que sufran una crisis de liquidez, para no tener que recurrir a un rescate completo.

El problema es que a los Gobiernos que pidan esta ayuda se le exigirán condiciones muy estrictas y que todos los Estados miembros mantendrán su poder de veto en las decisiones del MEDE, según se recoge en el pacto. Unas restricciones que limitan la eficacia y la potencia de fuego de este instrumento e impiden una reacción rápida en caso de emergencia.

Macron ha dado además un paso hacia la pretensión de Alemania y Holanda de reestructurar la deuda de los Estados miembros como requisito previo antes de pedir un rescate. Es decir, que sean los inversores en deuda pública los primeros que asuman pérdidas en caso de crisis. Según el acuerdo de Meseberg, las quitas no se aplicarán automáticamente como querían Berlín y La Haya. Pero el MEDE debe analizar obligatoriamente la sostenibilidad de la deuda antes de conceder asistencia financiera a un país. Además, en el futuro se incluirán en los bonos públicos cláusulas de acción colectiva que faciliten estas reestructuraciones. Una idea que hasta ahora era una "línea roja" tanto para Francia como para España, que temen que acelera el contagio en caso de turbulencias.

¿El entierro de la garantía europea de depósitos bancarios?

El acuerdo franco-alemán aplaza indefinidamente la creación de un sistema europeo de garantía de depósitos (EDIS, por sus siglas en inglés). Se trata del tercer pilar de la unión bancaria. Los dos primeros, la supervisión común desde el Banco Central Europeo (BCE) y la liquidación de bancos a cargo de la Junta Única de resolución, ya están en marcha. Tanto París como Madrid han insistido en los últimos meses en la necesidad de completar el tercer pilar.

Con el EDIS, los ahorros de los europeos gozarían del mismo nivel de protección, independientemente del país en el que se encuentre su banco. Se evitarán así fugas de capitales como las ocurridas en España durante la crisis de 2012 o en Grecia en 2015. Berlín lo bloquea porque teme acabar pagando la factura de los agujeros en los bancos del resto de países de la eurozona. Es decir, que sea una mutualización por la puerta de atrás.

En la declaración de Meseberg se dice que "el trabajo sobre una Hoja de Ruta para empezar las negociaciones políticas sobre el EDIS podría empezar después del Consejo Europeo de junio". Sin embargo, existe ya una propuesta legislativa de Bruselas sobre la mesa desde noviembre de 2015. El hecho de que no se fije ningún plazo equivale prácticamente a enterrar esta propuesta. La prioridad en la que insisten París y Berlín es reducir el volumen de créditos morosos.

El único avance concreto del acuerdo en materia de unión bancaria consiste en convertir al MEDE en avalista del Fondo Único de Resolución, cuya función es financiar las liquidaciones de bancos. El Fondo cuenta ya con 17.000 millones de euros prefinanciados por las propias entidades y su objetivo es llegar hasta 55.000 millones. Si con motivo de una crisis bancaria esta cantidad se agota, el MEDE le proporcionará una línea de crédito que después tendrán que devolver los bancos. Sin embargo, el acuerdo entre París y Berlín limita este préstamo a un máximo de 60.000 millones, no deja claro a partir de qué fecha estará disponible y parece dar poder de veto al parlamento alemán, lo que de nuevo podría limitar su eficacia y credibilidad. 

Alemania y Francia descartan además definitivamente la propuesta de Bruselas de crear un sucedáneo de eurobonos, activos financieros respaldados por la deuda pública de los países de la eurozona pero sin mutualización de riesgos. Es un plan que "tiene más problemas que posibles beneficios y no debe seguir estudiándose".