Milei presenta una ley para arrogarse poderes del Legislativo y tener vía libre para sus reformas

El poder parlamentario de Javier Milei es escaso para la cantidad de reformas y medidas que desea aplicar para reflotar la ruinosa situación de Argentina. Por ello, tratará de declarar el estado de "emergencia pública" a través de un proyecto de ley omnibús que impulsará sus poderes legislativos y le dará vía libre para utilizar su 'motosierra'. 

El proyecto, denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", consta de 664 artículos repartidos en 351 páginas y establece el mencionado estado de "emergencia pública" hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei. 

La medida, basada en la doctrina liberal plasmada en la Constitución de 1853, según La Libertad Avanza, tiene como "principios y propósitos" colocar "la promoción del derecho fundamental a la libertad individual" sin "injerencias indebidas" por parte del Estado, la "protección de los habitantes y de su propiedad privada" y la "profundización de la libertad de mercados".

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Con todo, la propuesta incluye una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas (entre ellas, Aerolíneas Argentina, el Banco Nación y la petrolera YPF), reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios miliares de fuerzas extranjeras en el territorio argentino.

También en el marco de la "emergencia", el proyecto garantiza la legítima defensa a las víctimas de un delito y la libertad para revender sin límites boletos para espectáculos deportivos, permite la circulación de vehículos autodirigidos (sin intervención humana) y que un viajero ingrese un producto al país sin declararlo en la aduana. 

Decreto de necesidad de urgencia

El presidente argentino Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, tienen una mínima representación propia en el parlamento. Apenas cuentan con 37 diputados (15%) y siete senadores (10%). Por ello se verán obligados a tejer acuerdos con otros partidos de derecha para impulsar sus proyectos de leyes.

La iniciativa del mandatario, de extrema derecha en política y ultra liberal en economía, ha sido un decreto "de necesidad y urgencia (DNU)" que por su volumen extraordinario ha recibido el apodo de 'decretazo'. Contiene 366 artículos y deroga o modifica otras tantas leyes, resoluciones y códigos sin consultar al parlamento.

El 'decretazo' entrará en vigor el viernes 29 de diciembre. El Congreso de Diputados y el Senado deben rechazar explícitamente si quieren derogar. Pero aún ni siquiera funciona la comisión bicameral que debe analizarlo, por lo que el tratamiento parlamentario va para largo, mientras los cambios regirán de hecho.

Milei denunció que "el Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo". "Parte de esa lentitud es porque buscan coimas (sobornos)", atacó, sin dar detalles ni precisiones. Y señaló que "a esos (legisladores) que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas (sobornos)".

Enseguida varios diputados de la oposición –de derecha y peronistas- reaccionaron exigiendo al presidente que identifique y denuncie penalmente a los supuestos corruptos o se retracte de sus dichos. Luego el portavoz presidencial, Manuel Adorni, relativizó a Milei comentando que lo hará "en caso de que ocurra" el soborno.

Igual que suelen hacer el ruso Putin y otros presidentes populistas, a Milei le gusta ufanarse de tener una supuesta relación directa con los ciudadanos, más allá de las instituciones democráticas. Por ello amenazó con que "si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular".

Además del parlamento, la Justicia también podría frenar el 'decretazo'. Por ello distintas asociaciones han recurrido a los tribunales para que lo declaren nulo por inconstitucional, pues el artículo 29 de la Constitución prohíbe al parlamento dar "la suma del poder público" permitiendo legislar al poder Ejecutivo.

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Las tres centrales obreras –Confederación General de Trabajadores, Central de Trabajadores Argentinos, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma- presentaron este miércoles su propio recurso en los juzgados por considerar que el DNU lesiona derechos laborales consagrados en la carta magna.

En el capítulo empleo, el 'decretazo' limita el derecho a huelga; quita la indemnización por despido a cargo de la empresa; amplía el período de pruebas (de tres a ocho meses); elimina la cuenta bancaria gratuita de cobro de salario; reduce el servicio de sanidad de los sindicatos; y aumenta el impuesto a la renta.

"Es un DNU que introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales", sentenció en un comunicado la mayor central obrera, la Confederación General de los Trabajadores (CGT).

La central sindical estableció que "el orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución y al equilibrio de los tres poderes del Estado" y por ello solicitó a la Justicia que desestime el DNU "viciado de origen y, por lo tanto, nulo de toda nulidad, como expresa la Constitución".

Manifestaciones

A las afueras del palacio de Justicia, en la plaza Lavalle del centro de Buenos Aires, se congregó una multitud con alrededor de 20.000 manifestantes, que acompañaron el petitorio de las centrales sindicales. Finalizado el acto y durante la desconcentración, la policía antimotines apaleó a manifestantes y detuvo a seis hombres.

El sindicalista Carlos "Perro" Santillán y 40 manifestantes, que viajaban desde la provincia de Jujuy (norte), no pudieron llegar al acto. La gendarmería detuvo el bus antes de ingresar a Buenos Aires y no lo dejó avanzar. "Me hace recordar a la dictadura militar (1976-1983), esto es prácticamente un estado de sitio", denunció el gremialista.

Manifestantes contra el 'decretazo' de Milei Europa Press

Mientras ocurría la manifestación, se supo que el juez nacional del trabajo Ignacio Ramonet desestimó dictar una medida cautelar argumentando que "todavía no se encuentra vigente" el DNU. Pero admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la CGT y dio tres días al Gobierno de Milei para que responda al planteo.

Desde que el mandatario ocupa la Casa Rosada, hace 18 días, ya ha habido dos manifestaciones masivas contra su 'plan motosierra' de ajuste de la economía y reforma del Estado. Así también, cacerolazos espontáneos y marchas en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba y más ciudades de provincias.