Pugna legal en Guatemala: el Gobierno intenta desterrar a Semilla de la 2º vuelta a golpe de sentencia

La decisión de esta semana ha abierto una contienda. Por un lado, están la Justicia y el Gobierno de Alejandro Giammattei. Por otro: el pueblo, la comunidad internacional y la oposición política ―incluido el partido perjudicado, liderado por Bernardo Arévalo, que acusó el mandato de la Fiscalía de "golpe de Estado técnico"―. Todos los que se enfrentan a la suspensión de Semilla coinciden en que la Justicia de Guatemala está al servicio del Gobierno.

Sin embargo, Giammattei y sus magistrados se enfrentan a otro enemigo: el propio TSE, considerablemente libre de influencias políticas. El miércoles por la noche, mientras la orden del Ministerio Público daba un plazo de 24 horas a todo organismo público para obedecer el dictamen en la suspensión de Semilla, el TSE decidió oficializar la segunda vuelta entre Arévalo y Sandra Torres, del partido dirigente, Vamos. El jueves por la tarde, el órgano electoral ratificó su postura, y reafirmó "su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía", dijo en un comunicado.

Los ciudadanos que han salido a protestar en masa a las calles de la Ciudad de Guatemala alegan que la inhabilitación de Semilla tiene dos fallas. En primer lugar, va en contra del artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que ningún partido puede cancelarse con un proceso electoral en marcha. Luego, que el tribunal que dictó la sentencia no tiene competencias electorales por proceder del FICE ―una subdivisión del Ministerio Público―, no del TSE. 

Pero el hecho de tener a la Fiscalía en contra podría poner en jaque la carrera electoral de Arévalo, un candidato socialdemócrata y anticorrupción. Aunque Semilla llegue a participar en la segunda vuelta del 20 de agosto, el Ministerio Público insistirá en la ilegalidad de oficializar los resultados de unas elecciones exitosas para el partido. La torpeza y la precipitación con la que ha actuado la Justicia guatemalteca puede deberse a lo inesperados que fueron los resultados de la primera vuelta, el 25 de junio. Las encuestas colocaban a Arévalo en un octavo puesto de la carrera presidencial, pero el académico arrasó con el voto en las zonas urbanas.

Bernardo Arévalo, candidato presidencial por Semilla, este jueves en una conferencia de prensa. Efe

La reacción de Arévalo el miércoles tras conocer el veto a Semilla fue claro: seguiría adelante con su candidatura. El candidato se aferró al mencionado artículo 92, y alegó que, según la legislación guatemalteca, ningún partido político puede ser anulado durante un proceso electoral. Seguidamente, anunció que utilizaría todas las herramientas y recursos legales disponibles para luchar contra la suspensión del partido.

Arévalo también recalcó que su partido nunca recibió una notificación oficial acerca del asunto por el que se condenaba a su agrupación: la utilización de firmas falsas para captar más de 5.000 socios. Lo mismo expresó a Reuters un representante del TSE, a quienes la suspensión de Semilla pilló por sorpresa. El hecho de que el organismo competente en materia electoral no fuera conocedor del enjuiciamiento demuestra el cisma que existe en el seno de las instituciones democráticas de Guatemala. "Nosotros no hemos sido notificados. Estábamos en reunión de pleno y no tenemos conocimiento de los alcances de la resolución", aseguró Irma Palencia, presidenta del TSE.

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Palencia se declaró "muy preocupada" por los registros a la sede del tribunal que preside. Según el Ministerio Público, las intervenciones del jueves por la mañana se trataban de "diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias". En ellas había miembros de la misión de observación de elecciones de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Distintas alas de la oposición han mostrado públicamente su apoyo a Semilla. Jordán Rodas, candidato a vicepresidente por el también suspendido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, publicó un vídeo en Twitter en el que denunciaba: "Es vergonzoso, es arbitrario, es ilegal y no podemos permitir que un juez de índole penal cancele el partido Movimiento Semilla. Esto lo prohíbe la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 92", sostenía.

El operativo de allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral, este jueves. Efe

Rodas prosigue: "Es momento en que el Procurador de los Derechos Humanos ejerza por primera vez la defensa de los derechos guatemaltecos. Lo exhorto, le exijo que presente una acción de amparo a la brevedad para defender la democracia. Si no lo hace, estará marcado que está a favor, como se ha venido evidenciando del pacto de corruptos. También los partidos políticos, independientemente de ideología, tienen que accionar, tienen la capacidad legal para hacerlo, porque es dentro del proceso electoral donde se está dando este robo a la democracia", ha apelado.

El apoyo de las organizaciones sociales también ha sido significativo. Tanto, que han contribuido a coordinar las protestas de los últimos días. Mediante un comunicado de prensa emitido el miércoles, varias ONG declararon que la decisión de suspender a Semilla es "ilegal" e instaron al Tribunal Supremo Electoral a hacer "caso omiso" a la resolución judicial. Las entidades firmantes de la nota de prensa son Transparencia Internacional, Acción Ciudadana y La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, entre otras.

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La cúpula empresarial de Guatemala recordó este miércoles que la ley del país centroamericano prohíbe la eliminación de partidos políticos durante el proceso electoral, según un comunicado de la Cámara de Comercio del país centroamericano.

Más allá de las fronteras nacionales, la Unión Europea se ha posicionado a favor de la democracia. Ya el jueves, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Guatemala publicó un comunicado en el que advertía de que la iniciativa del Juzgado Séptimo de Instancia Penal amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.

La UE ha ido más allá y ha exhortado al "cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco, y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo, en las elecciones del 20 de agosto, con los candidatos que los ciudadanos han querido que pasen a la segunda vuelta presidencial", concluía el comunicado.