El PSOE de Lobato con Ayuso: la recaudación del impuesto a los ricos de Sánchez se queda en Madrid

El mismo Juan Lobato ha sido el encargado de confirmar su voto a favor de esta proposición de ley que, en resumidas cuentas, modificará la bonificación del tributo sobre el Patrimonio que la región tenía bonificado al 100%. 

Precisamente, los socialistas defendieron una propuesta prácticamente idéntica en la Cámara regional hace una semana. Ahora, los diputados del Partido Popular se ven obligados a bajar las orejas y, tras votar negativamente, en 15 días, cambian la dirección de su voto. 

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Lobato se ha tomado todo lo ocurrido como un triunfo porque les "copian", pero su intención de voto se analiza como "algo más" en los pasillos de la Asamblea. Al final, lo que está haciendo Lobato es votar a favor de una iniciativa de Isabel Díaz Ayuso en un momento de máxima crispación política. 

Lo que pretende Ayuso recuperando el impuesto a los ricos es que el dinero que se estaban llevando las arcas nacionales, 555 millones de euros, según la Consejería de Economía de Madrid, se queden en la región. 

Hay que recordar que el impuesto a las Grandes Fortunas del Gobierno central tiene como objetivo principal anular la bonificación del 100% que la región madrileña aplica sobre el Impuesto sobre el Patrimonio.

Por esta razón, y para que al menos los fondos no se los quede el Ministerio de Hacienda, la región va a retirar de forma parcial esta bonificación. 

Ayuso y Lobato no sólo coinciden en que el dinero recaudado a los contribuyentes madrileños "se debe de distribuir entre los madrileños", también en las prisas del Ejecutivo regional. El Partido Popular ha registrado la propuesta con carácter de urgencia y, aunque el PSOE suele rechazar estas "prisas", esta vez sí las acepta. 

Además, hay que recordar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta en la Cámara Regional por lo que, aunque al PSOE le parezca bien la propuesta, podría abstenerse e igualmente saldría adelante. 

¿Para hacer qué?

La Comunidad de Madrid va a asumir de manera transitoria la recaudación derivada del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, aprobado por el Gobierno central, para destinarlo a continuar con bajadas fiscales en la región.

Ayuso y su equipo no han concretado cómo será esa rebaja fiscal, aunque en los pasillos de la Asamblea se plantea la posibilidad de que la región siga reduciendo el tramo autonómico del IRPF. 

Tal y como adelantó la consejera Rocío Albert a Madrid Total, la región tiene la intención de "bajar otro 0,5 la parte del tramo autonómico del IRPF" cuando les den las cuentas. Y, precisamente, con estos 550K que esperan recaudar del impuesto, les saldrían las cuentas. 

Porque, aunque lo recaudado durante el 2023 sí se lo van a llevar las arcas del Gobierno central, este cambio legal evitará que se repita con los impuestos de 2024. 

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Para el Gobierno de Pedro Sánchez, esta estrategia de Ayuso le 'complica' las cuentas. Según datos del propio Ministerio de Hacienda, el 90% de los fondos recaudados por el Gobierno de España provenían de contribuyentes de Madrid. 

La propia Consejería de Hacienda habla del impacto de la modificación de la bonificación, junto a la aprobación de la nueva tarifa, se estima que afectaría a 10.302 declarantes, con una recaudación de 555 millones de euros anuales.

No a todos

La iniciativa parlamentaria modificará la bonificación vigente en el impuesto de Patrimonio para que las personas que tienen que presentar el estatal de Solidaridad lo abonen a través del tributo de gestión autonómica. Se trata de aquellos declarantes con un patrimonio a partir de 3 millones de euros.

De igual manera, los contribuyentes a los que no afecte el nuevo impuesto aplicado por el Gobierno de España seguirán sin pagar el de Patrimonio al estar bonificado al 100%.

El objetivo es que pueda entrar en vigor en 2023 y romperá una reivindicación histórica de la Comunidad de Madrid que tiene bonificada la cuota del impuesto de Patrimonio desde hace ya 15 años. Y es que, la consideran una medida fiscal injusta e ineficaz, siendo España el único país del conjunto de la OCDE que lo mantiene.