Los exconsejeros andaluces y exdiputados en el Congreso Juan Antonio Viera y Gaspar Zarrías en una imagen de archivo.
El TC también exonera parte de la prevaricación del 'caso ERE' a Zarrías, ex mano derecha de Chaves
La condena del exviceconsejero Antonio Lozano también ha sido beneficiado por la rebaja de la corte de garantías.
17 julio, 2024 12:49El Tribunal Constitucional (TC) también ha exonerado parte del delito de prevaricación por el caso ERE a Gaspar Zarrías, el que fuera mano derecha del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves durante 15 años, y su exconsejero de la Presidencia, al igual que el exviceconsejero de este mismo departamento Vicente Lozano.
Se trata de los dos últimos recursos por este caso que el TC tenía previsto abordar en esta semana. A ninguno de ellos les cambiará su situación personal, ya que sus penas eran de inhabilitación y no de prisión.
En ambos casos, la corte de garantías ha declarado vulnerado el derecho a la legalidad penal al entender que se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación.
Por ello, en estos casos, también ha ordenado retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte "un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos".
El Constitucional reitera -como ya fijó en resoluciones anteriores relativas a los ERE- que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.
En las últimas semanas, el TC ha explicado las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009. A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paraguas legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.
Con el amparo a estos dos ex altos cargos y este martes a los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la corte de garantías completa el círculo del desmantelamiento del llamado caso de los ERE, el macrofraude en ayudas sociolaborales cifrado en 679,4 millones de euros a lo largo de 10 años.
