El juez pide saber qué policías buscaron datos de diputados de Podemos en bases del Cuerpo y por qué

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, es el encargado de investigado el caso de la llamada Policía patriótica, que investiga el supuesto espionaje por parte de mandos del Ministerio del Interior a los primeros diputados de Podemos en el Congreso para perjudicarles políticamente.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, el juez recibió 55 documentos de Excel —cada uno, sobre un parlamentario distinto— en los que se reflejaban todos los accesos a bases policiales que incluyeran alguno de los datos de estos políticos. En total, suman casi 7.000 gestiones policiales sobre nombres como Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Ione Belarra o Íñigo Errejón.

No obstante, tal y como publicó este diario con fuentes cercanas a la investigación, la enorme mayoría de estas búsquedas se referían a trámites ordinarios, como modificar un DNI, registrarse en el mostrador de un aeropuerto o acudir a la comisaría de la Cámara Baja. Así lo confirmaron tanto mandos policiales en activo como miembros del Ministerio del Interior en el momento de los hechos denunciados.

Por ello, Pedraz ha ordenado un informe en el que "se especifique para cada acceso si es de incorporación o modificación de datos o de consulta de los mismos, concretando en el primer caso qué datos se incorporaron o modificaron, y en el segundo, el retorno que ofreció cada búsqueda efectuada". 

Registro de consultadas de la Brigada de Información de Madrid sobre Pablo Iglesias. EL ESPAÑOL

En el caso de que el usuario sea colectivo, como se presume de varios nombres identificativos, el magistrado también ha pedido que "se identifique a los funcionarios (...) y se recaben los turnos de trabajo" de los policías.

Asimismo, solicita, para cada búsqueda, qué atestado, nota de servicio, instrucción escrita u orden policial la motivó. A partir de esta diligencia, Pedraz pretende discernir qué accesos a bases de datos policiales se enmarcan en las funciones normales y cuáles podrían estar motivadas por la llamada "guerra sucia" del Ministerio del Interior contra el partido morado.

Esta causa judicial se inició con la querella de Podemos contra quienes eran miembros de la cúpula del Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, a los que acusan de haber utilizado recursos del Estado, como un cierto sector de la Policía, para perjudicar políticamente a sus dirigentes.

Recientemente, el partido ha presentado en la Audiencia Nacional una ampliación de su querella inicial y ha solicitado al juez varias diligencias. Pedraz, finalmente, ha aceptado las citadas: encargar un informe sobre la identidad de los policías que accedieron en cada ocasión a las bases de datos y el motivo por el cual lo hicieron.