Los lazos del PSOE andaluz con el sector que blanquea los ERE en el TC: medallas, cargos y promociones

El propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se abstuvo de intervenir en el caso de los ERE cuando era magistrado del Tribunal Supremo. Pero sí está participando ahora en el asunto.

Sin esos tres votos no podría salir adelante la revisión que de la sentencia del Supremo se está realizando desde el Constitucional. La semana pasada, este tribunal anuló la condena de nueve años de inhabilitación impuesta por el TS a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía Magdalena Álvarez por un delito de prevaricación. Lo hizo por siete votos a cuatro. 

Cuando el peso político de Chaves como presidente absoluto de la Junta en 2008 influyó para que la magistrada Inmaculada Montalbán fuera designada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no imaginaba (o sí) que su futuro judicial y el de su sucesor, José Antonio Griñán, estarían en sus manos.

Pero así es 16 años después, cuando la magistrada granadina ocupa el cargo de vicepresidenta del Tribunal Constitucional y es ponente de la sentencia del caso ERE, considerada la mayor causa de corrupción de la democracia al defraudarse 680 millones de euros de dinero público, según corroboraron la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.

Tampoco lo imaginó (o sí) el propio Griñán cuando, cuatro años después, el 28 de febrero de 2012, entregó a Montalbán la Medalla de Andalucía. Ocurrió un año antes de que Griñán dimitiera asediado ya por el caso ERE y le sucediera Susana Díaz al frente de la Junta. De hecho, cuando entregó esa distinción a Montalbán, la juez Mercedes Alaya llevaba más de un año investigando el caso. 

La actual vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, cuando recibió la Medalla de Andalucía a manos de José Antonio Griñán en 2012. EFE

Según la resolución del Boletín Oficial que firmó entonces Griñán, Inmaculada Montalbán era acreedora a ese reconocimiento por su "firme defensa del Estado de derecho y su esfuerzo por alcanzar el ideal de una convivencia sin violencia".

Montalbán, experta en violencia de género, presidió el observatorio del CGPJ en esta materia, con unos planteamientos que coincidían plenamente con los del PSOE.

"Se debería abstener"

Un experto en Derecho Constitucional consultado por este periódico y que conoce bien la trayectoria de Montalbán afirma tajante: "Siendo Medalla de Andalucía concedida por el propio Griñán, se debería haber abstenido", teniendo en cuenta, además, que es la encargada de redactar las ponencias.

Precisa también que durante su paso por el CGPJ "estuvo a plena satisfacción del PSOE". Tanto es así que el Gobierno de Pedro Sánchez la propuso como magistrada del Constitucional sin ser previamente magistrada en el Supremo, algo que resulta insólito, por más que no sea obligado.

Montalbán ha dejado claras muestras de su cariz progresista en distintos fallos judiciales. Por ejemplo, en 2020 dio la razón al sindicato CTG en contra de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía por imponer unos servicios mínimos del 100% el 8 de marzo, Día de la Mujer, en el sector sanitario.

Y en octubre de 2021 rechazó un recurso de un miembro del Consejo Consultivo andaluz que pedía una asignación económica por cesantía. En su resolución indicó que debía priorizarse "el gasto público destinado a las necesidades de la población y personas en situación de vulnerabilidad social".

Cargo en la Junta

Quizás tampoco imaginó Chaves que otro andaluz, Juan Carlos Campo, que fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía, también tendría voto a la hora de borrar los delitos del caso ERE.

Campo desempeñó el cargo entre 1997 y 2000, cuando dimitió, y trabó una buena relación con Chaves. El desvío al llamado fondo de reptiles para canalizar las ayudas de los ERE sin control alguno empezaría después, a partir de 2002.

En su salto desde Andalucía a la política nacional nunca se desvinculó del PSOE. Fue propuesto por los socialistas como vocal del CGPJ y luego fue secretario de Estado de Justicia con el ministro Francisco Caamaño, además de diputado por Cádiz en dos legislaturas.

Llegó a convertirse en ministro de Justicia en 2020 y luego en magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

El voto de Pumpido

La participación en el caso de los ERE del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, también está siendo cuestionada. En 2014, cuando era magistrado del Supremo, se abstuvo de participar en la decisión sobre la exposición razonada elevada al tribunal por la jueza Mercedes Alaya al existir personas aforadas como Chaves y Griñán. 

Se abstuvo porque intervino indirectamente en este asunto cuando ocupaba el cargo de fiscal general del Estado en 2011. En concreto, por medio de un decreto atribuyó específicamente a la Fiscalía Anticorrupción la competencia sobre este caso. Sin embargo, ahora no se está absteniendo en el TC.

Es cierto que las circunstancias son otras. Hoy el caso no está en fase de instrucción, sino en la de resolver recursos de amparo. La sentencia de los ERE fue dictada por la Audiencia ocho años después de que Conde-Pumpido abandonara el cargo de fiscal general y la doctrina sobre la abstención en la jurisdicción constitucional es diferente.

Pero no son pocas las voces que en el mundo judicial consideran que el Constitucional se está "extralimitando" en sus funciones al enmendar la interpretación de los tipos delictivos y la valoración de las pruebas realizada tanto por el Tribunal Supremo como por la Audiencia de Sevilla. Así como que, diluir los delitos de los ERE pone en entredicho el crédito y el prestigio del Tribunal Constitucional.