Juristas dicen que el TC "se extralimita" enmendando al TS, y el PP que le hace el "trabajo sucio" a Sánchez

El Tribunal Constitucional (TC) está desmontando, paso a paso, la sentencia de los ERE, el mayor caso de corrupción económica, por su cuantía, de la historia de la democracia española.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la corte de garantías, por mayoría, ya ha estimado el recurso de amparo de la exconsejera andaluza Magdalena Álvarez contra las sentencias que la condenaron por un delito continuado de prevaricación.

Además, tal y como adelantó este lunes EL ESPAÑOL, la próxima semana el Pleno del TC debatirá otra ponencia que exonera por completo del delito de malversación a la que fue número dos de José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión.

Este fallo del Tribunal Constitucional sobre Álvarez —al que se opone el voto particular de cuatro magistrados— ya ha provocado ciertas críticas en el ámbito jurídico; voces que consideran que la corte de garantías "se extralimita" al enmendar tanto al Supremo como a los magistrados que enjuiciaron el caso ERE.

En el caso de Magdalena Álvarez, el TC ha ordenado a la Audiencia sevillana que vuelva a pronunciarse. El Constitucional tacha incluso de "imprevisible" la interpretación del delito de prevaricación que realizó el TS. Y señala que los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre un Parlamento y el Poder Ejecutivo, so pena de infringir el principio de separación de poderes.

"El Tribunal Constitucional se extralimita claramente. Y parece que incurriría, incluso, en un exceso de jurisdicción, pues su función no consiste en reexaminar los hechos probados en sentencia judicial, sino comprobar si su calificación jurídica es acorde o no con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución", expone Víctor Soriano, abogado, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia.

"Me sorprende que el TC entre a hacer apreciaciones con respecto a valoraciones de hecho y analice de nuevo los hechos objeto del procedimiento sobre los que ya se ha pronunciado el Supremo, en lugar de haberse limitado a realizar un análisis de la adecuación de la sentencia con la Constitución", subraya.

Fachada del Tribunal Constitucional. Eduardo Parra Europa Press

No obstante, Soriano, que también es asesor del PP en el Senado, sí defiende, en línea con el TC, "que aprobar un proyecto de ley y llevarlo al Parlamento andaluz", como hizo Álvarez, no puede considerarse prevaricación.

Pese a ello, considera excesiva la postura del TC en relación con la decisión del Supremo. Y la interpreta como "una sentencia a medida". "No le compete al Constitucional hacer esa apreciación", señala en conversación con este periódico.

En una línea similar se pronuncia hoy Agustín Ruiz Robledo en una tribuna publicada en EL ESPAÑOL.

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada alude a la "siempre difícil delimitación" entre las funciones del Tribunal Constitucional, como garante último de los derechos fundamentales, y las del Tribunal Supremo, como máximo intérprete de la legislación ordinaria.

Ahora bien, la doctrina tradicional del TC pasaba por no atribuirse la capacidad de corregir la interpretación de la legislación que hiciera el Supremo, salvo cuando ésta sea manifiestamente arbitraria o errónea y suponga una violación evidente de un derecho fundamental. 

Una sentencia del Constitucional fechada en 2013 indica que el propio TC tendría en su mano intervenir si la valoración del Supremo "puede tildarse de irrazonable, arbitraria o patentemente errónea".

"No acabo de ver en el borrador que se ha filtrado [de la sentencia del TC sobre Magdalena Álvarez] cuáles pueden ser los razonamientos del Constitucional que le llevan a concluir que la valoración de las pruebas que realizó la Audiencia Provincial de Sevilla (y que confirmó el Supremo) tiene alguna de esas tres características", replica Ruiz Robledo.

"Parece que la magistrada ponente [Inmaculada Montalbán, quien ha redactado la sentencia sobre Álvarez] se hubiera situado en el lugar de la Audiencia para hacer lo que le corresponde a ella, la libre valoración de la prueba, incluso yendo un poco más lejos que el propio Tribunal Supremo en su función de revisor de las pruebas celebradas en el juicio oral", expone.

"Si finalmente este borrador filtrado se acaba convirtiendo en sentencia vinculante, lo mismo los tratadistas que usan etiquetas para definir las instituciones deben revisar la calificación del Tribunal Constitucional como un tribunal de garantías constitucionales y llamarlo no ya tribunal de casación, sino de pura y simple apelación", concluye Ruiz Robledo su tribuna, titulada De tribunal de casación a tribunal de apelación: el TC se convierte en el Supremo del Supremo.

Por su parte, en declaraciones a EL ESPAÑOL, el abogado Emilio Belencoso señala también que el Constitucional "se extralimita" en sus funciones "si entra a valorar los hechos probados de sentencias del orden penal, que está reservado al Tribunal Supremo".

"El TC no es una última instancia penal", advierte el letrado, antes de temer que "el Constitucional vaya a vaciar prácticamente de contenido las sentencias [sobre el caso ERE] de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo".

Reacción del PP

Por su parte, en las filas del Partido Popular ponen al Tribunal Constitucional en el disparadero. Por unos motivos similares a los que esgrimen los juristas entrevistados. Primero, exponen desde el PP, porque "el TC no está para enmendar la plana al Supremo". Especialmente cuando, argumentan, no ha habido "una falta de derechos fundamentales que se hayan inculcado" con las sucesivas sentencias. 

No obstante, en Génova censuran que el órgano de garantías "está haciendo el trabajo sucio a Pedro Sánchez", porque la revisión de la condena de los ERE, a fin de cuentas, es "un indulto encubierto" que el presidente del Gobierno no se ha atrevido a firmar de su puño y letra. Fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo ironizan con que "las sentencias del TC se redactan en algún despacho de Ferraz". 

Desde ahí, apuntan, "siempre prima el criterio orgánico del PSOE por encima del criterio político". Las citadas fuentes consideran que la institución presidida por Cándido Conde-Pumpido se suma ahora a "la tesis de que en España hay lawfare y que se condenan a los dirigentes socialistas por criterios políticos". 

Por tanto, la principal crítica que realizan desde el PP al TC es una latente falta de neutralidad, que equiparan con la que caracteriza a la Fiscalía General del Estado con Álvaro García Ortiz al frente: "Por desgracia, son órganos de parte", lamentan en la formación política. Para reforzar esta teoría, en las filas populares recuerdan la presencia de "antiguos integrantes del Gobierno de Sánchez" en el TC, como es el caso del exministro Juan Carlos Campo y de Laura Díez, ex alto cargo del Ejecutivo.

Si bien el blanco principal del PP es el TC, en la rama andaluza de la formación eluden centrar toda la atención en las resoluciones del Constitucional y piden cautela antes de conocerse el nuevo pronunciamiento que deberá firmar la Audiencia sevillana.

Lo más destacado, a juicio del entorno de Juanma Moreno, es que el caso de corrupción no ha desaparecido, y que sobre Magdalena Álvarez seguirá pesando una pena por prevaricación, por más que la Audiencia, siguiendo el criterio del TC, rebaje sustancialmente los años de inhabilitación. 

Feijóo, en un reciente mitin en Sevilla, junto a Juanma Moreno. Europa Press EP

"Los condenados por los ERE van a seguir condenados", inciden fuentes del PP andaluz. "Se puede dar el caso de que a Magdalena Álvarez no se le rebaje tanto la pena", prosiguen. "Los socialistas están montando un bulo diciendo que se han anulado las condenas y con ello están mezclando conceptos", señalan.

Por más que "el PSOE diga que los ERE no existieron", en el PP subrayan lo contrario: "El mismo TC lo que está diciendo es que la Audiencia vuelva a emitir una sentencia [sobre Álvarez], y por mucho que se rebajen algunas penas, dicha sentencia seguirá reconociendo que hubo un caso de corrupción". "El más grave de la historia reciente de España", precisan.