Aragón y Gimbernat, referentes progresistas del Derecho: "La amnistía pondría en riesgo al Rey"

El prestigioso jurista, al alimón con el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, ha analizado los hipotéticos peligros de que el Congreso de los Diputados aprobara, como se espera, la amnistía que exige Carles Puigdemont para que JxCAT aporte sus síes a la investidura de Pedro Sánchez.

"El Rey no tiene potestad de veto y ha de sancionar [firmar] las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Presentar al monarca la ley de amnistía es ponerle en una situación tan grave... ¡A la pieza fundamental que mantiene la España constitucional, que es la Corona...!", ha advertido el catedrático de Derecho Constitucional, avalado por Gimbernat en su turno de palabra.

Ambos juristas, de perfil progresista —Aragón fue propuesto por el Gobierno socialista de Zapatero para el TC— han subrayado la "inconstitucionalidad" que atribuyen a una amnistía como la ansiada por el independentismo.

Lo han hecho como partícipes de un coloquio en el Ateneo de Madrid, organizado por la asociación de juristas Justicia y Opinión y por la Asociación Andaluza Casa de Úbeda, en un debate moderado por el abogado Mariano José Herrador. Entre los asistentes al acto, reconocidas personalidades como el fiscal del Supremo Javier Zaragoza, el magistrado de la Sala Segunda Antonio del Moral o el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Soldevila.

Indultos generales

En palabras de Manuel Aragón, supone "una infamia" que, en base a la pretendida y abstracta desjudicialización, "no se persiga a políticos que cometan delitos". "¿O acaso es que hay algún tipo de ciudadanos inmunes al Derecho? No, por Dios, eso nunca...", se ha preguntado.

Gimbernat, por su parte, ha dedicado la mayor parte de su intervención a analizar jurídica y políticamente los indultos generales, vetados expresamente por la Constitución en su artículo 62. "Si los indultos generales están prohibidos, con mayor motivo lo están las amnistías generales como la que se quiere dar al procés", ha sostenido el sabio del Derecho Penal.

"Si todo esto se aplica a indultos generales, lo hace, con mayor razón, a la amnistía que, según [la entidad independentista] Òmnium Cultural, afectaría a 1.400 personas, entre condenados y pendientes de juicio", ha resaltado. "Si se prohíbe una medida de gracia más suave, ¿cómo no se va a prohibir la que va más allá?", ha apostillado Aragón.

Este último ha analizado las "evidentes diferencias" entre las exigencias de Puigdemont y la Ley de Amnistía de 1977.

"Aquella tenía todo el sentido, porque venía a decir que la legislación del franquismo, por la que fueron reprimidos personas por intentar hacer oposición política, fue ilegítima e injusta y, en consecuencia, se borraba al entrar todos en una etapa democrática", ha señalado Aragón. "Fue coherente y sirvió para intentar curar las heridas de la Guerra Civil, que seguían abiertas después de tantos años", ha apostillado.

A su juicio, aprobar una amnistía a los condenados e investigados por el procés catalán "es todo lo contrario, la deslegitimación de la Transición y la Democracia, tanto en el interior [de España] como en el exterior".

Y no sólo eso. "Deslegitima el poder del Código Penal, el de los jueces que lo aplicaron; el del propio Rey, que el 3 de octubre [de 2017] salió en la televisión llamando a los españoles para que los poderes públicos reaccionaran ante ese asalto constitucional...", ha insistido Aragón a la hora de valorar "una de las más graves transgresiones, desde el nacimiento de la Constitución, del mismo orden democrático".

En opinión del catedrático emérito del Tribunal Constitucional, la amnistía al procés "ya ha producido daños aun sin haberse aprobado". Y los ha enumerado. Primero, un Congreso de los Diputados "multilingüe", lo que supone una "abierta vulneración" del artículo 3 de la Carta Magna, que establece el castellano como lengua oficial de todo el Estado.

Segundo, los indultos a Junqueras y el resto de condenados por el Supremo. Tercero: la visita de Yolanda Díaz a Bruselas, a reunirse con Puigdemont. "Una vicepresidenta que se postra ante un golpista prófugo de la Justicia..." ha criticado Aragón, a lo que Gimbernat ha recordado que la amnistía afectaría "al rey de los delitos de corrupción: la malversación". Por este ilícito, en su modalidad agravada, sigue procesado Puigdemont.

Cuestión de inconstitucionalidad

Este jueves, Enrique y Manolo —así se han llamado el uno al otro— han coincidido en criticar "esa idea de que las Cortes pueden hacerlo todo menos lo expresamente prohibido". Es una de las principales tesis de quienes —algunos, incluso, son juristas— ven encaje a la amnistía en la Ley Suprema bajo la fórmula todo lo que no prohíba la Constitución es viable.

"La Constitución no permite expresamente robar, ni prohíbe expresamente el derecho de autodeterminación", ha comparado Gimbernat. "El legislador está sometido a la Constitución no solamente porque existan en ella prohibiciones expresas, sino porque existen valores y principios que no se pueden vulnerar", ha resaltado.

De hecho, según el catedrático de Penal, que acumula a las espaldas más de seis decenios entregado al estudio de la Ley, sólo si la Constitución la permitiera expresamente podría haber una amnistía.

"El principio es el contrario: todas las observaciones a una regla general, en Derecho, han de ser expresas", ha resaltado.

Los dos juristas, además, han advertido que contra una hipotética futura amnistía podrían interponerse recursos de inconstitucionalidad —bastan 50 diputados ó 50 senadores— o cuestiones de inconstitucionalidad. El juez del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra el procés, podría hacer esto último y preguntar al TC por la legalidad o no de la norma, si se aprueba.

"Toda democracia constitucional ha de ser jurídicamente resistente ante cualquier intento que pretenda destruirla", ha subrayado Aragón, que ha llamado a una "reacción pública" contra una amnistía que persigue, como fin último, que "una persona siga siendo presidente del Gobierno", ha asegurado, en alusión al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que no ha mencionado explícitamente. "Me parece absolutamente deleznable", ha valorado sobre este propósito. "Yo, por lo menos, no me callaré", ha insistido.

Para finalizar, el magistrado emérito del TC ha sostenido, sobre la hipotética amnistía al procés, que, según quiere creer, el Tribunal Constitucional, "cualquiera que sea su composición, no puede sino declarar inconstitucional una ley de esa naturaleza".