La Asociación de Fiscales pide la dimisión de Álvaro García por 'maniobrar' para nombrar a Delgado

El Consejo debatirá en esa reunión la cobertura de la plaza de fiscal de Sala de memoria democrática y derechos humanos. La candidata favorita de García Ortiz es Dolores Delgado, exministra de Justicia, exfiscal general y promotora de la carrera profesional del actual responsable del Ministerio Público.

La convocatoria del Consejo Fiscal para informar sobre la cobertura de esa plaza de la primera categoría y de otras igualmente discrecionales, una vez que han sido convocadas elecciones generales, ha sido criticada por la Asociación de Fiscales y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

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Ambas asociaciones han recordado que el fiscal general cesa con el Gobierno que le nombró, por lo que consideran que, aunque la convocatoria del Consejo Fiscal es legal y el fiscal general no tiene limitadas sus competencias, sería más prudente dejar los nombramientos para su sucesor. La AF y la APIF han sostenido que ningún fiscal general anterior hizo nombramientos después de una convocatoria electoral.     

García Ortiz ha desmentido esta afirmación en dos comunicaciones dirigidas a la carrera fiscal a través del canal oficial Infofiscalía.

En la primera ocasión, recordó que el Consejo Fiscal celebrado bajo la presidencia de María José Segarra el 13 de marzo de 2019, nueve días después de la disolución de las Cortes, informó los nombramientos de la fiscal de Sala Pilar Fernández Valcarce, de Luis del Río como fiscal superior de Canarias, de José Francisco Ortiz como fiscal jefe de Valencia y de Enrique Pera como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Aragón.

También indicó que la exfiscal general Consuelo Madrigal nombró fiscal de Sala emérito a Olayo González con posterioridad a las elecciones de mayo de 2016 y antes de la formación del nuevo Gobierno.

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En la segunda comunicación, Infofiscalía se hizo eco de una petición de rectificación formulada por Madrigal afirmando que el fiscal general había "inducido a un grave error al equiparar situaciones heterogéneas". Explicó que lo que hizo con González fue una "mera adscripción como fiscal de Sala cuando, por haber cumplido la edad de jubilación, ejercía su derecho a prórroga por dos años del que, en otro caso, se hubiera visto injustamente privado", pero ello "no comprometía ni afectaba a intereses o expectativas de ningún otro miembro de la carrera fiscal"-

Pero en esa segunda comunicación la Fiscalía General añadió que, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que iba a convocar elecciones para diciembre de 2015, Madrigal presidió un Consejo Fiscal con el fin de cubrir tres plazas en la Fiscalía del Tribunal Supremo y las vacantes de teniente fiscal de la Inspección Fiscal, inspector fiscal, fiscal superior de Cantabria y  fiscales jefes de las Fiscalías provinciales de Ciudad Real, Palencia y Huelva, entre otros cargos discrecionales. 

Para la AF, "el deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible, con la utilización de los medios de comunicación propios de la FGE (Infofiscalía) para responder una cuestión particular, en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio".

"Burda maniobra"

La asociación mayoritaria critica que García Ortiz haya equiparado el anuncio de elecciones generales con la convocatoria oficial del proceso electoral "para intentar justificar situaciones que no son comparables".

"Ningún fiscal general había anticipado, con burda maniobra, un Consejo Fiscal ya convocado sólo para hacer unos nombramientos", afirma, "y, desde luego, Consuelo Madrigal, durante su mandato, no celebró ningún Consejo para hacer nombramientos una vez convocadas formalmente unas elecciones generales".

"Tras esta actuación", concluye, "se hace patente la necesidad de interesar la dimisión del fiscal general por facilitar una información intencionadamente manipulada, utilizando para ello los canales institucionales en pretendido descrédito de Consuelo Madrigal". La exfiscal general es miembro de la AF.

Conflicto de intereses

Tanto los vocales de la Asociación de Fiscales, que tienen la mayoría el Consejo, como el vocal de la APIF, Salvador Viada, se opondrán mañana a la designación de Delgado como fiscal de Sala de memoria democrática y derechos humanos.

Entre otros motivos, consideran que existe un conflicto de intereses porque la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, preside un bufete dedicado profesionalmente a esas mismas materias. Ambos han dado conferencias conjuntas sobre memoria democrática.

Ese posible conflicto de intereses no es nuevo. Ya se puso de manifiesto el pasado enero, cuando el fiscal general designó a Delgado "fiscal de Sala delegada para la garantía y defensa de los derechos humanos".

El decreto atribuyó a Delgado funciones como "realizar labores de recopilación y análisis de la jurisprudencia en materia de derechos humanos, así como de seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales y de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas que se dirijan a España".

Garzón recibió en agosto de 2021 un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, según él, debería conducir a una compensación económica, una disculpa pública por parte del Estado y su restitución como miembro de la Judicatura.