Trevijano decide que el Tribunal Constitucional vea en mayo el recurso del PP contra la ley del aborto

Tras cuatro presidentes que nunca introdujeron el espinoso asunto en un orden del día y dos ponentes que no llegaron a someter al pleno ninguna propuesta, el actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, no quiere acabar su mandato el próximo junio sin haber intentado que el tribunal resuelva el recurso de inconstitucionalidad más antiguo, que lleva coleando desde junio de 2010.

El Constitucional abordará la llamada ley de plazos cuando están a punto de cumplirse 12 años de su entrada en vigor. Desde el 6 de julio de 2010, las mujeres pueden interrumpir su embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación sin limitación alguna y dentro de las 22 semanas en supuestos de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto. No hay plazo para el aborto si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o se diagnostica en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.

El hecho de que la ley de plazos haya sustituido con naturalidad a la anterior ley de supuestos de 1985 y que se lleve aplicando más de una década es uno de los motivos por los que se considera que el TC no optará por una enmienda a la totalidad de la actual regulación del aborto.

La presencia en el TC de un presidente al que le gusta trabajar los consensos (y que los ha conseguido en asuntos tan vidriosos como el desafío independentista catalán precisamente al alimón con quien hoy es el vicepresidente, Juan Antonio Xiol) permite considerar que el tribunal está maduro para acometer el debate con ciertas posibilidades de trabar un acuerdo, incluso teniendo en cuenta la actual mayoría de magistrados propuestos por el PP, la formación política que impugnó la ley.

A favor de un resultado que no incendie las calles juega el hecho de que el propio PP no cambió la ley de plazos cuando pudo hacerlo, es decir, el partido que promovió el recurso ha aceptado de facto la aplicación de una norma que años antes consideró inconstitucional.

Más aún, el Gobierno de Rajoy desistió del anteproyecto presentado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con el que se pretendía volver al sistema de indicaciones. Ese anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2013, nunca se convirtió en proyecto de ley debido al rechazo no sólo de la oposición sino también de una parte del propio PP.

El paso del tiempo ha jugado a favor de un cambio de posición que ha diluido el rechazo radical hacia la ley de plazos. La única modificación que finalmente introdujo Rajoy -cuyo nombre encabezaba el recurso de inconstitucionalidad en su día presentado en el TC por Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP-  fue suprimir la posibilidad de que las jóvenes de 16 a 18 años pudieran prestar el consentimiento por sí solas, sin informar a sus progenitores, como contemplaba la ley de 2010. A partir de esa acotadísima reforma realizada en 2015, para la interrupción voluntaria del embarazo de las menores de edad es preciso, además de la manifestación de su voluntad, el consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad.

Éste es el único punto en el que el recurso de inconstitucionalidad del PP ha quedado sin objeto. En lo nuclear -el aborto libre durante las 14 primeras semanas de embarazo- la impugnación no ha perdido su objeto. Según el recurso, la ley de plazos sería contraria a la consideración del nasciturus (el concebido aún no nacido) como un "bien jurídicamente protegido", tal como lo declaró el propio TC en 1985.

El 1 de junio de 2010, cuando acudió al TC a registrar el recurso, Federico Trillo sostuvo que la ley de plazos vulnera el equilibrio entre los derechos del nasciturus y los de la madre y dijo: "habrá que llevar la derogación de la ley al programa electoral del PP para los próximos comicios generales". La derogación, sin embargo, nunca se produjo.

El pasado junio, una veintena de diputados y exdiputados que se encontraban entre los firmantes del recurso de inconstitucionalidad presentaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el TC por "retrasar injustificadamente" su pronunciamiento.

El asunto, que es de los que pueden marcar al tribunal para la historia, ha pasado por cuatro presidentes (María Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y Juan José González Rivas) y dos ponentes, Elisa Pérez Vera y Andrés Ollero. Un borrador de este último, totalmente estimatorio de la impugnación, no llegó a la mesa del pleno porque ni siquiera tenía el apoyo de una parte del grupo de magistrados conservadores.

Con esos antecedentes tendrá que presentar ahora su propuesta el nuevo ponente, Enrique Arnaldo. De no lograr un apoyo mayoritario, el recurso quedaría sobre la mesa para ser resuelto por el Tribunal Constitucional en la composición que resulte de la siguiente renovación, con la que se producirá un vuelco y los magistrados propuestos por el PSOE serán mayoría.