La 5 razones por las que Almeida puede estar tranquilo tras la estafa al Ayuntamiento… por ahora

Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Alberto Luceño Cerón y Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y del fallecido duque de Feria.

El Ministerio Público les acusa de "inflar" los precios de contratos de guantes, mascarillas y test contra la Covid y entregar material defectuoso. Por esta gestión, además, en lo peor de la pandemia, cobraron comisiones millonarias que gastaron en todo tipo de productos de lujo.

La querella subraya que Luis Medina contactó inicialmente con el Ayuntamiento de Madrid, "aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su  amistad con un familiar del alcalde". Gracias a ello, pudo conseguir el nombre de la  coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del consistorio, también consejera de la Empresa de Servicios
Funerarios y Cementerios, la compañía municipal que encargó los contratos.

Esta funcionaria era Elena Collado Martínez, la encargada de negociar, desde entonces, con Luceño, quien se presentó como "agente exclusivo" de una empresa asiática y manifestó que firmó los contratos con vocación altruista.

1. Los querellados

La querella de Anticorrupción se dirige únicamente contra los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón. Aunque en el escrito del Ministerio Público se alude en reiteradas ocasiones a las conversaciones entre éste último y la funcionaria, en ningún caso la Fiscalía la señala a ella.

Incluso reconoce que Elena Collado, al comprobar las condiciones de los guantes recibidos, pidió a Luceño que solucionase el problema. Y le envió una fotografía, tomada en un supermercado de Madrid ese mismo día, "y en la que se podía comprobar que un par de guantes de la misma calidad y características que los recibidos, por los que el Ayuntamiento había pagado dos dólares (1,8 euros aproximadamente), se ofrecían al público por poco más de 8 céntimos de euro".

El empresario, según detalla la querella de Fiscalía, "intentó calmarla", diciéndole que había hablado con los responsables de la empresa vendedora y había conseguido que rebajaran el precio inicial de cada par y que retornaría al Ayuntamiento más de cuatro millones de dólares. Una devolución que, en efecto, se produjo. Y con ella, recortó la comisión prevista pactada entre ambos empresarios.

2. Los delitos

Anticorrupción se dirige contra Medina y Luceño por tres delitos: estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. De lo investigado por el Ministerio Público, desde el año 2020, no se desprenden delitos que puedan comprometer a la Administración, como serían, por ejemplo, los de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal) o de tráfico de influencias (art. 430 CP).

3. El Ayuntamiento

Una vez se conoció la noticia, Martínez-Almeida ha insisitido en que el Ayuntamiento ha sido víctima de esta supuesta estafa. En un primer momento, el dirigente no descartó, incluso, que el consistorio pudiera tratar de personarse en la investigación judicial.

Al admitir a trámite la querella, el titular del Juzgado de Instrucción número 47, el juez Adolfo Carretero, ha ofrecido a la corporación municipal personarse en el procedimiento. Y así lo hará. "El papel del Ayuntamiento es el de víctima", recalcó este jueves el regidor. Ni el consistorio está siendo investigado ni ninguno de sus trabajadores.

Quizá falte por concretar si Almeida contactó con Luis Medina o con su empresa. Este miércoles, reconoció que llamó al aristócrata para agradecerle la donación de unas 183.000 mascarillas, que se sumaron al millón de estos productos encargados por el Ayuntamiento. Hasta entonces, el consistorio subrayó que el contacto había sido con la compañía propiedad de Medina, no con él.

4. La socia Villacís

Este jueves, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, compareció ante la prensa. Almeida también. Pero los socios lo hicieron por separado. A pesar de esta fricción, la dirigente de Ciudadanos ha descartado apoyar una hipotética moción de censura contra el alcalde, como le invitan desde la oposición.

Villacís ha insistido en que ningún área controlada por Cs está ni remotamente implicada en este asunto. Hacienda y Personal, la encargada de negociar este contrato, está en manos de Engracia Hidalgo (PP). Y, aunque ha insistido en realizar una auditoría externa a los contratos sanitarios y ha criticado el fallo en "los sistemas de control", no tiene en mente romper el Ejecutivo municipal. Podemos y Más Madrid han pedido a Almeida que dimita.

5. El primo del alcalde

La querella de Anticorrupción aludía, en abstracto, a un familiar de Almeida como contacto entre los empresarios y la Administración local. A las pocas horas de conocerse la noticia, se supo que este pariente era Carlos Martínez-Almeida Morales, abogado y primo del primer edil.

"Luis Medina contactó a través de una persona intermediaria conocida de mi familia para ver si el Ayuntamiento tenía necesidad de material sanitario", admitió este jueves el alcalde. 

Almeida, no obstante, mantiene que desconoció absolutamente lo hecho por su primo. Según fuentes municipales, en todo caso, "este familiar facilitó el mismo correo electrónico que se entregaba a todos aquellas personas, cercanas o no cercanas, que contactaban con el consistorio para la venta de material sanitario".

El aristócrata habría mandado dos e-mails —los días 18 y 19 de marzo de 2020— y habría aportado en ellos su teléfono personal. Estos correos se habrían reenviado a Elena Collado, responsable de las compras municipales, para que contactase con los empresarios.

A lo largo de sus pesquisas, la Fiscalía llamó a declarar a esta funcionaria como testigo y defendió que el Ayuntamiento había sido víctima de esta supuesta estafa. Con estas cartas sobre la mesa y más allá de la habitual refriega política, Almeida puede estar tranquilo. Al menos, por ahora.