Alfredo Prada pide que Esperanza Aguirre declare en el juicio del Campus de la Justicia: "Ella decidía"

Alfredo Prada, vicepresidente segundo y consejero de Justicia de Madrid entre 2003 y 2008, quiere que la expresidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, declare como testigo en el juicio sobre la gestión del frustrado Campus de la Justicia.

Prada se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por parte de la Fiscalía, que sostiene que se adjudicaron irregularmente varios contratos, entre ellos el encargado al estudio de arquitectura de Norman Foster para construir los edificios que iban a albergar la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

El exvicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid ha presentado un escrito de defensa en el que pide al tribunal que cite a Aguirre para el juicio oral, cuya fecha no está decidida.

"Aguirre firmó el 17 de abril de 2006 el acuerdo con Norman Foster que precedió, con carácter vinculante, al contrato enjuiciado, lo que da idea de su conocimiento y aprobación de dicha contratación. Su testimonio resulta, por tanto, imprescindible", argumenta.

La defensa de Prada explica que el Campus de la Justicia de Madrid (CJM) se adscribió a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia por razón de su objeto social, pero Prada "estaba sometido, como los demás consejeros, a la supervisión e instrucciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Aguirre eligió a Foster

Así, los contratos de mayor entidad económica, como el firmado con Foster, "fueron sometidos a la consideración del Consejo de Gobierno, presidido por Esperanza Aguirre" y fue la presidenta la que eligió al arquitecto británico.

"Todas las condiciones a las que se sujetó esta contratación, incluida su adjudicación por la concurrencia de razones técnicas o artísticas, contaron con la aprobación del Consejo de Gobierno", añade.

Además, en lo que hace a los contratos adjudicados en el seno de CJM, Prada "se limitaba a suscribir las decisiones adoptadas previamente en la mesa de contratación o por el personal técnico encargado de la tramitación de los procedimientos. Jamás adoptó un acuerdo que fuera en contra de lo determinado por aquélla o por éste. Nunca tuvo participación activa en el desarrollo de la contratación ni, por supuesto, en la elección de las empresas adjudicatarias de los contratos".

El escrito de defensa recuerda que la denuncia que dio lugar a la causa, interpuesta por Ángel Garrido cuando era consejero de Presidencia, fue formalizada casi diez años después del cese de Prada en el Gobierno regional y cuando ya no se disponía de ingente documentación relativa a CJM. Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid hizo alusión a la "destrucción del parte del archivo de CJM, de 10 palets de cajas de folletos de imágenes de la Justicia y Foster & Partners y de otras 131 cajas con documentación de ofertas presentadas a diversos concursos".

"Las partes acusadoras, sobre la base de esta ausencia de documentación, se aplican a la formulación de manifestaciones incompletas e injustificadas", critica la defensa. La Fiscalía indica en su escrito de acusación, por ejemplo, que “no consta que se constituyesen mesas de contratación” durante la sustanciación de determinados procedimientos de contratación.

Prada contesta que el hecho de que "no conste en la documentación obrante en la causa -que se ha reconocido incompleta- no permite colegir la realidad de tal declarada ausencia de mesa de contratación. Compete a las acusaciones la acreditación incuestionable de tal extremo, que no puede hacerse resultar de su falta de constancia en una documental mutilada, cuyo carácter fragmentario no ha de ser aprovechado con fines punitivos".

El escrito de defensa subraya que el Tribunal de Cuentas ha concluido que no existen supuestos constitutivos de alcance (gastos o deudas injustificadas que hayan menoscabado del erario público) en la gestión del Campus de la Justicia.

Según el exvicepresidente segundo, además, "no están concretados los supuestos perjuicios generados al erario público" por su conducta y tampoco nadie ha aducido la nulidad de los expedientes de contratación investigados, que no fueron objeto de impugnación en su momento.

Sin lucro personal

"Las eventuales irregularidades en las que, en algún caso, se hubiese podido incurrir, hallan en el Derecho Administrativo el ámbito propio y natural de discusión, sin que las mismas cuenten, per se, con la entidad suficiente para rebasar dicho campo y adentrarse en la esfera del orden penal", sostiene.

También enfatiza que el juez instructor declaró que "no ha existido enriquecimiento o beneficio personal de Prada", que "jamás actuó arbitrariamente ni de forma caprichosa". "Su único interés fue la ejecución del proyecto, de acuerdo con la iniciativa política adoptada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta a la cabeza", insiste.

A su parecer, "la grave crisis económica global que afectó a nuestro país a partir del año 2007 tuvo también una importante incidencia negativa en el proyecto de CJM, como ha reconocido el propio Tribunal de Cuentas".

"En no pocas ocasiones, las iniciativas políticas se ven frustradas por factores exógenos. Ahora bien, que el fracaso de un proyecto político deba ser examinado a la luz del Código Penal, no mediando enriquecimiento ni finalidades espurias en el acusado, constituye un exceso que sienta un precedente a tener en cuenta en el futuro de la gestión de la cosa pública", concluye.