Angola no ve delitos en la compra de armas a Defex y archiva la investigación

La Fiscalía General de la República de Angola archivó, en noviembre de 2018, el procedimiento abierto contra los responsables de la empresa pública española Defex por presuntamente desviar fondos para sobornar a funcionarios del país africano y permitir el enriquecimiento de éstos, así como el suyo propio, inflando el precio de un contrato para suministrar armas a la Policía Nacional de dicho país. 

El archivo de la investigación en el país africano no se adjuntó a la causa hasta febrero, siete meses después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata concluyera la investigación imputando a 27 personas. Precisamente los responsables de la UTE Defex-Comercial Cueto que firmaron el contrato con el país africano han reclamado durante meses al juez que informara sobre el curso de la investigación judicial angoleña. Se quejan de haberse enterado de ésta por artículos de prensa de dicho país. 

Angola abrió una investigación contra el conseguidor del contrato, Augusto de Oliveira Taveira Pinto, y contra los responsables de Comercial Cueto 92 y Defex Juan Carlos Cueto Martín, Yciar Iraola Lachiondo, Alejandro Moreno Robert, Manuel Iglesia Sarria y Beatriz García Paesa. Fueron investigados por los presuntos delitos de falsificación de documentos, asociación de malhechores, corrupción activa y estafa por defraudación.

"No se prueban los regalos a funcionarios"

Finalmente, la Fiscalía de dicho país concluyó que "no se confirmaron los delitos por los que fueron investigados. En concreto no fue posible probar de modo suficiente la existencia de pago, entrega o regalo a ningún funcionario público que pueda ser constitutivo de delito a la la luz de las leyes angoleñas". 

También especificaron que "no se acreditó la existencia de fraude, malversación de fondos, desvíos de fondos o perjuicios al Estado angoleño como resultado de dicho contrato". De ahí que se haya acordado archivar definitivamente la investigación. 

El juez José De la Mata sí ve que hubo prácticas corruptas para obtener un beneficio económico a costa de fondos públicos y de ahí que haya dictado un auto por el que termina la instrucción y abre la fase de preparación del juicio, que ha sido recurrido en apelación por las defensas y sobre el que la Sala no se ha pronunciado aún.

Por su parte, la Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación con una petición de 50 años de cárcel para los presidentes de Defex y Comercial Cueto 92, José Ignacio Encinas y Juan Carlos Cueto. 

El magistrado de la Audiencia Nacional analizó el contrato firmado en junio de 2008 entre la UTE Cueto-Defex y el Comando general de la Policía Nacional de Angola para suministrar equipamientos y material policial por importe superior a los 152 millones de euros y consideró que éste era fraudulento.

Según De la Mata, "los investigados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio y el resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios público angoleños y al beneficio propio de varios de ellos mediante una estructura compleja de empresas pantalla".

Oliveira dice que no está fugado

Precisamente atribuía al ciudadano angoleño Augusto de Oliveira Taveira Pinto "armar y gestionar buena parte de la estructura societaria ficticia y librar toda clase de facturas falsas para dar cobertura a los pagos; y, por supuesto, receptor de cantidades millonarias detraídas de los montos de los contratos". No fue imputado al encontrarse en paradero desconocido y ordenó su busca y captura.

Sin embargo, a finales de enero de este año, Oliveira, de 74 años, pidió personarse en el procedimiento argumentando que no estaba fugado, sino que padece una insuficiencia mitral del corazón que le provoca cansancio y falta de aire, motivo por el que no pudo comparecer en el Juzgado cuando fue citado.

Su defensa argumenta que el pasado julio solicitó personarse y declarar por videoconferencia en el caso. Igualmente ha solicitado que se archive la causa contra él por falta de jurisdicción de las autoridades españolas. Argumenta que "no es ciudadano español ni ha residido en España nunca, siendo que es ango-luso y residente fiscal en Angola, donde ya se ha seguido causa por idénticos hechos frente a él y ha terminado en archivo por resolución firme, que impide iniciar una nueva investigación por los mismos hechos". 

Tanto él como otros procesados solicitaron a De la Mata que respondiera a una comisión rogatoria de Angola con todos los datos sobre la instrucción seguida en España. El juez ha remitido a dicho país tanto el auto de imputación como el escrito de acusación de la Fiscalía. Respecto a la falta de jurisdicción para juzgar a Oliveira en España, lo ha rechazado.