Junqueras apunta a Marchena: pide que Cosidó declare en el juicio para cuestionar al tribunal

La defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva ha pedido a la Sala que juzgará el 'procés' que cite como testigo para la vista oral al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, con el fin de que relate "qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del Tribunal", Manuel Marchena, de los "pactos políticos" llevados a cabo para la frustrada renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado diciembre.

Se trata de una petición envenenada sobre la que tendrá que resolver el propio Marchena junto al resto de los magistrados de la Sala y con la que se pretende poner en cuestión la imparcialidad del tribunal que juzgará el proceso de secesión unilateral de Cataluña que condujo a la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017. 

Las defensas han presentado este martes los escritos en los que niegan la existencia de delitos de rebelión, sedición o malversación de fondos y afirman que el proceso penal tramitado por el Supremo se ha instrumentalizado para "perseguir un movimiento que, pacíficamente, ansía un objetivo político legítimo en democracia".

Uno de los 84 testigos a los que la defensa de Junqueras, ejercida por Andreu van den Eyden, quiere interrogar es Cosidó. El whatsapp del senador del PP ya fue utilizado para la última recusación del tribunal promovida por los acusados, que reclamaron, sin éxito, su declaración en el marco de ese incidente.

La petición ahora consiste en que Cosidó explique en la vista el supuesto conocimiento por Marchena de los pactos sobre el CGPJ, asi como "qué comunicaciones o reuniones ha tenido [el senador] con dicho magistrado a fin de acreditar elementos sobre los que se fundamentan cuestiones previas por vulneración del derecho al juez imparcial".

Marchena, que ha afirmado por escrito que "no tengo -ni he tenido nunca- un interés directo o indirecto en el desenlace de una causa penal", renunció públicamente a presidir el Poder Judicial en un gesto de reivindicación de su independencia.

El exconsejero Jordi Turull, defendido por Jordi Pina, ha propuesto la comparecencia testifical del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del lendakari Íñigo Urkullu y del rey Felipe VI, este último en relación al histórico discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum ilegal de independencia. Consciente de la ley no obliga a declarar al jefe del Estado, la defensa propone que en su lugar testifique Jaime Alfonsín, jefe de la Casa de Su Majestad.

Los acusados solicitan, asimismo, que presten declaración -por videoconferencia- el expresident Carles Puigdemont y la exdiputada de ERC Marta Rovira, ambos procesados en esta causa pero que no serán juzgados al haber huido.

El TS, en Barcelona

Además de demandar un sistema de traducción simultánea para poder expresarse en catalán, Junqueras y Romeva han pedido sentarse junto a su defensor. Ello les situaría en los estrados del salón de plenos del Tribunal Supremo en vez de seguir el juicio desde el banquillo de los acusados, invisibilizando esta condición. Van den Eyden afirma que se trata del "modelo de procedimiento penal más moderno y evolucionado en cuanto a garantías de defensa e igualdad de armas" que permitiría una "comunicación directa e inmediata entre abogado y cliente".

El mismo letrado expone también una petición insólita: que "la vista del juicio pudiera ser celebrada en Barcelona". Invoca para ello "la preservación de los derechos de los acusados (mayor proximidad de sus familias y de sus abogados, quienes no podrán por razones obvias trasladar ni sus despachos ni sus domicilios permanentemente a Madrid mientras dure la vista) y para la reducción de costes del procedimiento dada la evidente distancia entre la sede del tribunal y la mayoría de los elementos asociados al pleito (acusados, abogados, testigos, etc.)".

Seguramente consciente de la inviabilidad legal de esa petición, la defensa solicita que los acusados presos sean puestos en libertad o que, en su defecto, "estén a disposición del tribunal en dependencias no muy alejadas de la sala de vistas" con el fin de que estén en condiciones de "trasnquilidad física y emocional" para afrontar el juicio.