Las querellas del fiscal excluirán a los diputados que votaron la independencia

Las querellas que la Fiscalía tiene previsto presentar esta mañana no incluirán a ninguno de los diputados del Parlament que el pasado viernes votaron la independencia de Cataluña. La querella que se interpondrá ante la Sala Penal del Tribunal Supremo afectará a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que permitieron esa votación, mientras que la que se registrará en la Audiencia Nacional se dirige contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros.

Cada una de las dos querellas tiene más de un centenar de folios y no reflejan peticiones de medidas cautelares. La Fiscalía las planteará una vez que sean admitidas a trámite y los respectivos instructores tomen declaración a los querellados. El Ministerio Público quiere que la querella dirigida a la Audiencia Nacional sea asumida, por reglas de conexidad jurídica, por la jueza Carmen Lamela, que ya tramita un procedimiento por sedición en el marco del cual encarceló a Jordi Sánchez y Jordi Cruz, presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Ambos se encuentran en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre.

El fiscal general, José Manuel Maza, está valorando anunciar personalmente estas históricas acciones penales a lo largo de la mañana de este lunes. La Fiscalía atribuye a los querellados la orquestación de un plan de secesión que vienen llevando a cabo desde hace meses y que ha tenido sus puntos culminantes con la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, consulta del 1-O y la votación de la independencia.

Las querellas se presentarán en distintos tribunales dada la diferente situación de aforamiento de los querellados. Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet siguen teniendo fuero pese a la disolución de la Cámara decretada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado viernes. Todos ellos forman parte de la Diputación Permanente del Parlament, por lo que continúan aforados ante el Supremo por presuntos hechos delictivos que hayan cometido o hayan producido efectos fuera de Cataluña.

El cese del Gobierno de Puigdemont en aplicación de las medidas acordadas por el Ejecutivo de Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución ha privado al expresident, al exvicepresident y a los exconsejeros de cualquier tipo de fuero, por lo que la querella contra ellos irá a la Audiencia Nacional.

En el futuro podrían producirse cambios de tribunal dependiendo de que los querellados se presenten o no a las elecciones autonómicas del 21-D y resulten o no elegidos. Unos y otros subirán al Supremo o bajarán a la Audiencia Nacional en función del aforamiento que adquieran o pierdan tras los comicios.

La Fiscalía pretende salvar las dificultades jurídicas que podrían plantearse respecto al requisito del carácter violento de la intentona independentista haciendo una calificación abierta que puede abarcar tanto la rebelión como la sedición.

Aunque la pena asociada a la sedición es mucho menor (un máximo de 15 años de prisión, mientras que la rebelión puede llegar a 30 años) se trata en ambos casos de delitos gravísimos por pretender la alteración de la forma de gobierno a través de vías de hecho ilegales.

La Fiscalía tiene intención de solicitar en su momento la prisión preventiva de los querellados dada la entidad de las eventuales penas y el riesgo de reiteración delictiva, que en su opinión es muy elevado a la vista del comportamiento que los miembros del Govern y de la Mesa han mostrado, avanzando en el orquestado plan de secesión en abierto desafío a los pronunciamientos reiterados del Tribunal Constitucional.