La dirección del Canal filtró informes confidenciales a Rodríguez Sobrino

El hombre de Ignacio González en el Canal de Isabel II y ex consejero del periódico La Razón tuvo información sensible desde dentro de la empresa pública después de ser destituido y cuando ya estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Edmundo Rodríguez Sobrino fue destituido por el número 2 de Cristina Cifuentes tras descubrir que a pesar de ser la persona responsable de las filiales sudamericanas del Canal -y por tanto de empresas públicas- escondía tres sociedades en Hong Kong, tal y como se descubrió por los Papeles de Panamá.

Rodríguez Sobrino, detenido en el marco de la Operación Lezo y encarcelado por la Audiencia Nacional, es uno de los hombres clave de la investigación. Es considerado uno de los ideólogos y ejecutores del saqueo del Canal y uno de los máximos responsables del blanqueo del dinero presuntamente evadido de los madrileños.

La Guardia Civil investiga una presunta revelación de secretos por parte de la dirección del Canal de Isabel II, que preside ahora el número 2 de Cifuentes, Ángel Garrido. Varias conversaciones intervenidas a Rodríguez Sobrino hicieron saltar todas las alarmas en la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, tras desvelar que una persona de la empresa pública le hizo llegar dos informes jurídicos presuntamente contratados por el Canal para buscar la mejor solución con el despido de Rodríguez Sobrino.

Cuando el hombre que tejió el saqueo de la empresa pública para Ignacio González fue despedido por el Canal, llevó a la empresa a un arbitraje para negociar una indemnización, según se desprende de las conversaciones con sus más allegados. Antes de proceder a una posible vista, el Canal habría contratado a dos despachos de abogados para que realizaran un informe con un análisis exhaustivo del trabajo de Rodríguez Sobrino dentro de la compañía para evitar pagarle una indemnización por el despido, según se extrae de la investigación.

“Esta información sobre asuntos judiciales entre Edmundo Rodríguez y el Canal habría sido obtenida por éste gracias a algún conocido dentro de la estructura del Canal. Posteriormente el ex presidente de Inassa se la hace llegar a sus abogados y podría suponer una revelación de secretos” señala la Guardia Civil en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

“Evidentemente, esta información no debería llegar a manos de Edmundo Rodríguez, cuyos intereses son opuestos a los del Canal de Isabel II y por tanto esta información le serviría de ayuda para preparar su defensa ya que conoce extraoficialmente la estrategia de la empresa pública respecto a su persona”, añade.

“Nos han hecho la demanda”

“El informe es cojonudo, nos han dado la demanda de arbitraje hecha”, asegura el abogado de Rodríguez Sobrino cuando le hizo llegar el documento que obtuvo desde la dirección del Canal de manera “irregular”. “Hecha, hecha, hecha”, responde el ex presidente de Inassa, filial en Sudamérica del Canal. “Es tu mejor abogado”, se jacta el letrado.

En esa misma conversación, Rodríguez Sobrino -en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril- muestra a su abogado sus dudas sobre la comisión de un posible delito de prevaricación por parte de la empresa pública madrileña por encargar esos informes sin un concurso público: “¿Tú no ves ahí algo cercano…? Es para estudiarlo muy despacio, macho, pero hay algo cercano a la prevaricación. Están pagando todas estas cosas con dinero público. Tienen un primer informe, hacen un segundo informe, y siguen sin pagar con los gastos...”.

“Que no se airee lo que te han pagado”

El abogado que ayuda a Rodríguez Sobrino con su despido tiene una tesis: “Aquí marcan el camino y te dicen que recomiendan, que es la búsqueda de un arreglo amistoso contigo, con un pacto de confidencialidad. Porque claro, lo que les preocupa y es lógico es que se airee por ahí que te han pagado”. “Esto es lo que me han dado desde dentro, no me han dado ya nada más”, responde Rodríguez Sobrino.

“Del contenido de las conversaciones telefónicas se desprende que alguna persona, hasta el momento sin identificar, y con acceso a información sensible del Canal de Isabel II, habría facilitado a Edmundo Rodríguez Sobrino sendos informes elaborados por dos despachos de abogados en Colombia, supuestamente contratados por el Canal para estudiar y abordar todo lo relacionado con la situación de Rodríguez después de su destitución como presidente de Inassa”, concluye la UCO.

“Se lo han hecho a ellos, a estos hijos de la gran puta”, explica Rodríguez en una de las conversaciones, en referencia a los informes que habría conseguido de manera “irregular o clandestina”. Para la Guardia Civil, con esta expresión el empresario hace referencia a que estos informes se habrían elaborado para la Dirección del Canal.

Los investigadores han encontrado indicios de que esta información podría haber sido revelada por personas “que por su carácter de funcionario público o asimilable a éste, podrían haber vulnerado su obligación de guardar reserva respecto a la citada información”.

El ex presidente de Inassa está en prisión principalmente por haber ideado la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II, por 31 millones de dólares, y haber desviado 25 millones a una cuenta en Suiza. De ese dinero parte podría haber acabado en sus bolsillos, una cantidad superior al millón de euros. Para blanquear esa cantidad, Rodríguez Sobrino habría mantenido un fluido contacto con un abogado andorrano: Ignasi Maestre. En ese blanqueo, habría involucrado a su hija.

La UCO capta un encuentro entre Edmundo Rodríguez Sobrino e Ignacio Maestre.

De las grabaciones a los principales investigados del caso Lezo se desprende que Rodríguez Sobrino tenía un profundo conocimiento del dinero que mantendría oculto el expresidente madrileño, Ignacio González.

El doble juego del equipo de Cifuentes

El actual presidente del Canal y número 2 de Cifuentes, Ángel Garrido, cesó a Rodríguez Sobrino en abril de 2016; cuando su nombre salió en los denominados Papeles de Panamá, con varias sociedades no declaradas en Hong Kong, y creadas por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

El nuevo equipo directivo del Canal nombrado con la llegada de Cifuentes ha reconocido a los investigadores del caso Lezo que ellos fueron elegidos para “limpiar” la empresa pública, dado que era un secreto a voces el desfalco que había hecho Ignacio González en la compañía de gestión del agua.

A pesar de que Ángel Garrido fue nombrado en septiembre de 2015, no fue hasta que se publicaron los Papeles de Panamá cuando decidieron echar a Rodríguez Sobrino. Y eso a pesar de que tenían documentación de que la compra de Emissao por parte del Canal, y por tanto con dinero público de los madrileños, se había hecho a través de sociedades interpuestas e ingresando parte del dinero en una cuenta en Suiza sin mayor explicación.

Es más, dos meses después de la salida de Rodríguez Sobrino, la Comunidad de Madrid presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía. Cuando saltó la Operación Lezo el pasado 19 de abril con la detención de González, su hermano Pablo, Rodríguez Sobrino y otros altos cargos del Canal; Cifuentes se situó como la denunciante y por tanto origen del caso Lezo. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil llevaban investigando el saqueo del Canal desde 2015 y según fuentes de la investigación, los datos de la Comunidad ya eran conocidos para ellos.