Hacienda investiga el contrato de Jésica en Tragsa, cuyo jefe avaló el pago de 130.000€ para tapar un escándalo sexual

Tragsatec es una filial del grupo Tragsa, que depende del ministerio de Hacienda a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La vicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero aseguró este viernes que ha sentido "dolor" y "desasosiego" al conocer que Jésica Rodríguez confesó el jueves ante el juez que estuvo cobrando de dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) durante dos años y medios sin ir a trabajar.

Efe

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Jésica explicó ante el Tribunal Supremo que accedió a ambos empleos gracias a la mediación del asesor de Ábalos, Koldo García (quien actuaba siempre en representación del ministro), pero "nunca me llamaron para ir a trabajar", por lo que siguió cobrando la nómina desde casa.

De momento, Tragsatec ha intentado zanjar la polémica con la renuncia de su gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, Caridad Martín Palacios, relegando así las responsabilidades a una directiva de tercer nivel.

Desde el grupo Tragsa han informado de que esta renuncia "ha sido aceptada por la empresa, en el marco de la investigación", indican fuentes oficiales, "la investigación continúa y se depurarán las responsabilidades que en su caso correspondan".

El grupo Tragsa está presidido por Jesús Casas Grande cuyo nombramiento, en septiembre de 2018, ya estuvo envuelto por la polémica.

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Antes de asumir la presidencia, Jesús Casas formó parte del consejo de administración de Tragsa, cuando la empresa acordó pagar 130.000 euros para tapar una denuncia presentada por una empleada contra un directivo de la compañía, por un presunto caso de acoso sexual.

Ocurrió de 2011, cuando una empleada del departamento de comunicación de Tragsa denunció en los Juzgados que llevaba meses sufriendo acoso laboral y sexual por parte de su inmediato superior, el entonces director de Relaciones Institucionales de la empresa pública, Manuel Vidal López.

La denuncia exponía que Manuel Vidal había propuesto a esta empleada en octubre de 2010 mantener una relación sentimental. Como ella se negó, el directivo comenzó a someterla a situaciones de "maltrato, insultos, acusaciones, coacciones, amenazas y vejaciones, en presencia de terceras personas o a solas".

Varios medios de comunicación se hicieron eco de aquella denuncia, según la cual la empleada sufrió también por parte de su superior "manifestaciones groseras sobre la forma de vestir, insinuaciones de carácter y contenido sexual explícito, provocaciones y acoso sexual".

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La dirección de Tragsa puso sus servicios jurídicos a disposición de su director de Relaciones Institucionales, Manuel Vidal, para que pudiera defenderse de esta denuncia ante los tribunales.

Antes de ocupar este cargo, Manuel Vidal había sido concejal socialista en el Ayuntamiento de Marín (Pontevedra). Formaba parte del grupo de dirigentes del PSOE gallego que había desembarcado en Madrid de la mano del entonces secretario de Organización del partido, José Blanco.

Finalmente, la dirección de Tragsa propuso a la empleada pagarle una indemnización de 130.000 euros, a cambio de que retirara la denuncia y nunca se llegara a celebrar el juicio. Este acuerdo extrajudicial fue aprobado por el consejo de administración de Tragsa, del que formaba parte en aquel momento el actual presidente de la compañía, Jesús Casas.

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Disconforme con esta solución, el sindicato CSIF exigió que la denunciante fuera readmitida en la plantilla y que Manuel Vidal (que era además el responsable del Plan de Igualdad de la compañía) pagara de su bolsillo la indemnización de 130.000.

La confesión de Jésica Rodríguez ante el juez no sólo ha puesto ahora en evidencia a la cúpula del grupo Tragsa. También a los responsables de Ineco, donde la amiga de Ábalos estuvo cobrando un sueldo sin trabajar durante dos años: desde el 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2021.

Tras las primeras informaciones publicadas por los medios de comunicación, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, pidió explicaciones a los responsables de Ineco, que le aseguraron que todo el proceso de contratación de Jésica había sido completamente legal.

Así lo expuso Puente el pasado 28 de noviembre en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, a preguntas del senador del PP Francisco Bernabé, quien sometió al ministro a un incisivo interrogatorio (como muestra el vídeo que acompaña a esta noticia).

Según explicó Óscar Puente durante su comparecencia, "Ineco nos dice que la necesidad de contratación de esta persona [Jésica Rodríguez] surge por circunstancias de producción, siendo su contrato de carácter eventual del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2021".

Todo ello, explicó el ministro, "sin que conste en los archivos de la compañía documentación por la que se recibiese ningún tipo de instrucción, orden, recomendación o sugerencia por parte del Ministerio de Transportes", que entonces dirigía José Luis Ábalos.

Siempre según la información que Ineco facilitó a Óscar Puente, "la contratación nace como necesidad para atender la producción de un encargo: el servicio de asistencia técnica para apoyo técnico y gestión administrativa de Adif Alta Velocidad".

Para cubrir la vacante, añadió el ministro en el Senado, Ineco "recurrió a la bolsa de empleo disponible en la empresa, utilizando los parámetros requeridos para el puesto". La empresa pública comprobó entonces que el currículum de Jésica era "compatible con los requisitos exigidos en la vacante".

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"Se inició el proceso para valorar la idoneidad" de la aspirante "para el puesto ofertado. Se realizó una entrevista personal y el resultado de dicho proceso fue favorable", concluyó Puente, exponiendo las conclusiones que le había facilitado la empresa pública.

Sin embargo, estas explicaciones ofrecidas por la dirección de Ineco al ministro Óscar Puente contrastan con lo declarado por Jésica Rodríguez ante el juez: su contrato no respondió a ninguna "necesidad de producción", sino a las gestiones realizadas por Koldo García para colocar a la amiga del ministro Ábalos.

Y Jésica nunca llegó a atender estas necesidades de la empresa, de la que cobró un sueldo público durante dos años sin trabajar.