El pacto de investidura de Illa contradice 7 acuerdos que el PSOE aprobó en su Congreso de Valencia

En aquel Congreso, seis ministros del Gobierno se incorporaron a la Ejecutiva socialista, lo que permitió a Sánchez asegurarse el control del aparato del partido: María Jesús Montero, Félix Bolaños, Carolina Darias, Diana Morant, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría.

Su ponencia política incorporó además íntegramente las conclusiones de la Declaración de Granada, que el PSOE había aprobado en 2013 para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica más justo y equitativo, sin privilegios, y una reforma de la Constitución que avanzara hacia el sistema federal.

Con el pacto de Cataluña, Sanchez ha encontrado un atajo para avanzar hacia el "modelo federal", como proclamó el pasado día 31 de julio, sin abordar una reforma de la Constitución para la que no tiene mayorías suficientes. Se trata, en todo caso, de un "federalismo" asimétrico, con distintos derechos, competencias y sistemas de financiación para las regiones.

El pacto suscrito con ERC contradice algunos de los principios defendidos por el PSOE en ambos documentos, como la solidaridad entre las regiones para garantizar servicios públicos similares en toda España, la libertad lingüística y la censura del nacionalismo identitario:

1. Censura al nacionalismo

Las resoluciones aprobadas en el Congreso del PSOE de Valencia incluían una dura crítica al "populismo nacionalista", que condujo a España a la grave crisis constitucional de octubre de 2017.

"La nueva agenda política que se abre paso no es apta para los nacionalismos de corte populista", indicaba el documento, "seguir enfocando las respuestas desde la óptica del mero soberanismo es tanto como desconocer las claves de las interdependencias crecientes sobre las que se están librando los debates de mayor calado para el futuro de la humanidad".

Y añadía: "La lógica de los acontecimientos actuales es contraria al reforzamiento de los separatismos y los nacionalismos esencialistas".

Salvador Illa se pronunció este sábado en el mismo sentido, en su discurso de toma de posesión, en el que se comprometió a unir a los catalanes, frente al avance de los "planteamientos divisivos y populistas que amenazan la unidad civil y la convivencia".

Pero el discurso nacionalista late desde las primeras palabras del acuerdo suscrito por PSC y ERC, que arranca así: "Las formaciones firmantes nos reivindicamos herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación y la voluntad colectiva de hacer avanzar el país".

El pacto de investidura recoge muchas de las reivindicaciones del nacionalismo identitario, como el compromiso de que las selecciones nacionales catalanas puedan participar en competiciones deportivas internacionales.

El documento de 25 páginas firmado con los republicanos también abre la puerta a la máxima aspiración del soberanismo: la celebración de un referéndum sobre la posible segregación de Cataluña.

El PSOE se compromete a constituir, en el primer Pleno del Parlament, una "Convención Nacional para la resolución del conflicto político", que estará presidida por un representante de ERC.

Y añade que los acuerdos que se alcancen en este foro, "fruto del diálogo y la negociación", deberán ser "refrendados por los ciudadanos". Al respecto, alude al "Acuerdo de Claridad" que el Govern de Pere Aragonés impulsó en la última legislatura, para fijar las condiciones de un posible referéndum de independencia.

2. Plurilingüismo

El Congreso del PSOE de Valencia estableció que "el fortalecimiento del proyecto de España también se sustenta en el reconocimiento y amparo de su pluralidad lingüística y cultural", así como "la sensibilidad hacia sentimientos de pertenencia diversos, el fomento del diálogo interterritorial o la cooperación leal entre Administraciones".

Sin embargo, lejos de defender la "pluralidad lingüística" que existe en la sociedad catalana, el pacto suscrito con ERC consolida el monolingüismo tanto en la enseñanza, como en el resto de la Administración catalana.

El pacto establece que se garantizará "la aplicación de metodologías de inmersión lingüística en lengua catalana" en la enseñanza, como "lengua vehicular y de aprendizaje". En caso de que se vea "en riesgo la prevalencia de este criterio pedagógico", añade, la Generalitat promoverá las reformas legales para "defenderlo y garantizarlo, sin abandonar nunca este objetivo".

El pacto de investidura también señala que el catalán será "la lengua de uso normal de las Administraciones y de las instituciones catalanas", tanto en sus comunicaciones internas como en la relación con los ciudadanos. El bilingüismo queda así desterrado de los usos de la Administración.

El acuerdo también garantiza que, en los 100 primeros días del Govern de Illa, se destinarán 200 millones de euros al Plan Nacional por la Lengua, que busca fomentar el uso del catalán en todos los ámbitos sociales.

3. Mapa de competencias

En el Congreso de Valencia, el PSOE se comprometió a "perfeccionar la articulación competencial que regula el reparto de responsabilidades" de las distintas Administraciones, "incorporando la planificación estratégica y la evaluación constante y transparente de las políticas públicas".

Pero en lugar de clarificar el mapa de las competencias desde una planificación global, Pedro Sánchez ha ido incrementado las de Cataluña a medida que sus socios se lo exigían para apoyar determinadas votaciones.

Sánchez cedió a la Generalitat las competencias de Rodalies (los trenes de cercanías) el pasado mes de noviembre, cuando así se lo exigió ERC para apoyar su investidura. Luego se comprometió a entregar también la competencia sobre el "control integral de la inmigración", para que Junts apoyara la aprobación de dos decretos ley en el Congreso.

Y ahora, en el pacto de investidura de Illa, avanza en el mismo sentido con la creación de una "Autoridad Aeroportuaria de Cataluña" y un Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña (CRAC), en el que la Generalitat tendrá una voz determinante en el diseño y gestión de estas infraestructuras.

4. Financiación autonómica

Tanto el documento del Congreso federal como la Declaración de Granada reclamaban "un nuevo modelo de financiación autonómica con reglas clarificadoras que aseguren la autonomía financiera de las CCAA, la solidaridad interterritorial, y los principios de corresponsabilidad, suficiencia y coordinación".

Desde su llegada a la Moncloa, Pedro Sánchez ha postergado durante seis años esta reforma legal, que exigen casi todos los presidentes autonómicos. Con el pacto de investidura de Illa, deja a Cataluña (la segunda región con el mayor PIB de España) fuera del régimen común. 

5. Multilateralismo solidario

El PSOE defendía hasta ahora que el nuevo sistema de financiación debe basarse en principios como la "autonomía financiera, la suficiencia, la corresponsabilidad, la equidad interterritorial" y la "cultura del multilateralismo solidario".

El PSOE ha colocado el adjetivo de "solidario" al concierto económico que permitirá a la Generalitat recaudar todos los impuestos que se pagan en la región. Pero la cuota de solidaridad que entregará al resto del Estado se negociará de forma bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat.

El pacto de investidura suscrito con ERC lo dice más claro: "No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de modificarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad". 

Y añade: "Es indispensable un nuevo sistema de financiación [para Cataluña] basado en una relación bilateral con el Estado y un incremento sustancial de la capacidad normativa y de gestión, que garantice la suficiencia financiera y la soberanía fiscal de la Generalitat". Con este acuerdo, queda demolido el principio de "multilateralismo solidario" que defendía hasta ahora el PSOE.

6. Convergencia territorial

El PSOE también defendía, en la Declaración de Granada de 2013 (que ahora reivindican varios barones socialistas) y en las resoluciones de su Congreso de Valencia que el nuevo sistema de financiación debe garantizar "la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades" con instrumentos de "cohesión, equilibrio y convergencia territorial".

Pero este objetivo queda hoy más lejos, desde el momento en que una de las comunidades más prósperas de España se va a quedar con una porción mayor de sus recursos, y va a decidir en qué medida contribuye a mejorar los servicios públicos del resto de la nación. Algo que ampliará las diferencias de renta entre regiones, en lugar de reducirlas.

7. Lealtad institucional

El PSOE reivindicó en su Congreso de Valencia una "cultura federal" basada en valores como "la lealtad, la solidaridad y el compromiso por todo aquello que nos une". Y reivindicó "una distribución de competencias" entre las distintas Administraciones, "ordenadas bajo los principios de subsidiariedad, solidaridad y lealtad".

Pero algunos de los acuerdos alcanzados ahora con ERC cuestionan este principio de "lealtad" institucional. El PSOE se ha comprometido a ampliar la red de embajadas de la Generalitat, desarrollando su propio "cuerpo de funcionarios de Acción Exterior". Es decir, una suerte de cuerpo diplomático propio.

El Tribunal Constitucional ha establecido que las relaciones internacionales son una competencia exclusiva de la Administración central.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha acreditado que, bajo la presidencia de Artur Mas y Carles Puigdemont, la Generalitat utilizó su red de embajadas para crear, con fondos públicos, un clima de opinión internacional a favor del proceso de independencia y para pagar gastos del referéndum ilegal del 1-O. 

Aunque esto no vaya a ocurrir bajo la Presidencia de Salvador Illa, el acuerdo no garantiza que no se pueda vulnerar de nuevo, en el futuro, la "lealtad" institucional exigible a los gobernantes de la Generalitat.

El PSOE también ha aceptado en el acuerdo que Cataluña pueda tener, a través de la Generalitat, una participación directa en foros como la ONU, la Unesco, Europol o la OCDE. Algo que impedirá que España tenga una voz única en el exterior.