Bolaños "no aceptará" que la Iglesia compense a las víctimas de abusos sin la supervisión del Gobierno

La misiva, enviada este viernes, presiona a la Iglesia para concertar un modelo de reparación mixto "ajustado a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo". Dicho de otro modo, que sea el Gobierno el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad económica a indemnizar y garantice el pago a los afectados, que saldría de las arcas eclesiásticas. 

Las exigencias de Bolaños llegaron cuatro días antes de que los obispos se reúnan (este lunes) para aprobar un plan propio de reparación a los afectados. El problema, a ojos del Gobierno, es que a falta de conocer el contenido, dicho plan no cuenta ni con el apoyo de las principales asociaciones de víctimas ni con la fiscalización del Estado. 

"La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa [...] con criterios y garantías públicas", subraya el ministro en su carta, parafraseando el informe del Defensor del Pueblo.

Fue precisamente este escrito, publicado el octubre pasado, el que avivó las tensiones entre los obispos y el Estado y cuyas consecuencias se siguen palpando a día de hoy. En su informe, de 777 páginas, el Defensor estimaba que el 1,13% de la población actual mayor de 18 años (unas 445.000 personas) ha sido víctima de pederastia en el ámbito religioso en nuestro país.

El gran punto de choque nació cuando el Gobierno, instado por el Defensor, empezó a planear un fondo estatal donde participase la Iglesia y fuese supervisado por un órgano independiente.

Los obispos se opusieron el año pasado y otra vez este mes de abril, cuando Bolaños propuso que buena parte de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia corrieran a cargo, precisamente, de la Iglesia. Además, todo el proceso estaría vigilado por el Estado.

"Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día", analiza Bolaños.

La CEE no ha dado a conocer las claves que este martes votarán los obispos, pero sí avanzó a principios de año que los encargados de estudiar cada denuncia serían escogidos por "una comisión nacional de arbitraje" que sólo analizaría casos sin recorrido ni en la justicia penal por prescripción ni en los tribunales eclesiásticos.